Gran parte de los habitantes adultos de San Francisco Angulo, El Milagro, El Puente, Llano Grande e Ismendia, asentamientos humanos más inmediatos al proyecto de construcción del penal, son excombatientes de la exguerrilla que arriesgaron sus vidas durante los años del conflicto armado.
Pero hoy tienen miedo de manifestar su inconformidad con la construcción de la cárcel de máxima seguridad que albergará a entre 20,000 y 40,000 reos, según las cifras que ha dado Nayib Bukele en distintas fechas.
Algunos excombatientes entrevistados consideran que el régimen de excepción es parte de la estrategia del gobierno para evitar manifestaciones de rechazo, tal como lo hicieron en el 2018 cuando un grupo de municipios quisieron instalar un relleno sanitario en la comunidad San Francisco Angulo. La oposición que presentaron entonces evitó la ejecución de ese proyecto.
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Pero ahora temen que el Estado les mande a la policía o militares a capturarlos con el pretexto -y acusándolos- de que son pandilleros o colaboran con esos grupos, como ha sucedido con cientos de personas.
De hecho, en una reunión a las que fueron convocados por líderes comunales, el pasado 10 de julio, la asistencia de lugareños fue poca. Allí también externaron el temor a manifestarse en contra de la construcción de la cárcel. El temor se origina en el hecho de que está vigente el régimen de excepción.
Ley para quitar terrenos
Días después de decretar el régimen de excepción, el 19 de abril de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios.
El artículo 11 de dicha ley faculta al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penitenciarios.
El artículo 13 dice que el MOPT, a través de la Fiscalía General de la República, podrá seguir el procedimiento especial de adquisición de inmuebles en aquellos casos en los que no se logre un acuerdo con los propietarios.
“Lo que se ve no se pregunta”, dijo un líder comunal, cuando El Diario de Hoy preguntó si el Estado ha expropiado a los dueños de los terrenos donde se construye la megacárcel.
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Los propietarios de tierras entrevistados afirmaron que a finales de abril fueron visitados por empleados del MOPT, quienes les dijeron que tenían que firmar unos papeles para la negociación de sus terrenos que, si no estaban de acuerdo, igual el penal se iba a construir porque era una obra para beneficio del país.
A principios de mayo, de repente decenas de agricultores vieron que en sus terrenos estaban decenas de tractores y trabajadores con camisas amarillas con el logo del MOPT.
Hasta la fecha, ninguno de los aproximadamente 80 propietarios de los terrenos donde se construye el penal ha recibido dinero por sus tierras. Tampoco saben a ciencia cierta cuánto les pagarán por manzana. Algunos, simplemente de un día para otro se quedaron sin tierras para cultivos de subsistencia, sin parte de su patrimonio, sin las tierras fértiles donde cultivaban para obtener el alimento para sus familias.