Los ríos y quebradas circundantes al proyecto de construcción del “centro de confinamiento del terrorismo” ya sufren de contaminación. A esto se suma la ausencia de información sobre cómo se hará la disposición final del excremento
que generen los 20,000 ó 40,000 reos que albergará el lugar, lo que es una preocupación más para los habitantes de San Francisco Angulo, El Milagro, El Puente, Llano Grande e Ismendia, asentamientos humanos aledaños al proyecto.
Los residentes de estas comunidades aseguran que lo único que saben sobre el proyecto es lo que han visto y leído en medios de comunicación. Algunos se han acercado al lugar donde cientos de personas trabajan de lunes a sábado en
la construcción de lo que algunos funcionarios han llamado “megacárcel”. La que de hecho, al albergar 20,000 reos sería aún más grande que la del condado de Los Ángeles, en California, la más grande de Estados Unidos, según un reportaje publicado por CNN en 2016.
Además de la preocupación por el consumo de agua de los prisioneros, lo cual impactará en ese recurso, también están preocupados por la cantidad de excremento que los mismos reclusos generarán y que podría contaminar aún más los ríos y quebradas.
Ambientalistas, como Ricardo Navarro, también temen que esos desechos sean vertidos en ríos o quebradas de la zona.
Lee también: Tres millones de litros de agua consumirían cada día los reos en penal de Tecoluca
“Cualquier edificio ya sea una cárcel o una iglesia, debería hacer un estudio de impacto ambiental. Imagínese que fueran 20,000 (reos) supongamos, todos los desechos humanos que van a generar esas personas, ¿dónde los van a poner, cómo los van a tratar? Tiene que haber un plan. Pero obviamente así como van a la carrera, eso lo van a tirar en
cualquier quebrada por ahí. Yo no sé si van a utilizar el sistema que ya está o van a ingeniárse otro, pero ciertamente el impacto de la contaminación va a ser fuerte. Es un megaproyecto. Eso demanda estudios serios”, afirmó Navarro.
De acuerdo con el sitio The Clinic (www.theclinic.cl) en término medio, una persona evacua aproximadamente unos 150 gramos de heces, lo que representa 4.5 kilos al mes y 54 al año.
Si se multiplica 54 kilos por 0,000 reos, capacidad que según dijo Bukele el 29 de junio tendría la cárcel, se estaría generando aproximadamente 1,080 toneladas de excremento al año, equivalentes a 90 toneladas diarias. Esa cantidad de desechos se duplicaría a 180 toneladas diarias o 2,160 toneladas por año, si la prisión llega a albergar a 40,000 reos,
como dijo el mandatario el jueves.
De acuerdo con lugareños que se consideran serán afectados por la construcción de la cárcel, ni el gobierno central ni el municipal les han informado sobre la ejecución del proyecto que consideran “impuesto”.
LEER: Diputados de Bukele aprueban ley para construir más cárceles que expropia bienes privados, omite la LACAP y exonera pago de impuestos a empresas
Los lugareños recordaron que en el 2018, en la comunidad San Francisco Angulo, intentaron construir un
relleno sanitario donde se dispondría finalmente de la basura generada por varios municipios aledaños a Tecoluca. En esa ocasión, se opusieron al proyecto y no fue ejecutado, debido al impacto ambiental que tendría en los mantos acuíferos de la zona.
Sin embargo, esta vez no han podido presentar oposición debido al temor que sienten de ser reprimidos y encarcelados por el gobierno, que ha calificado la construcción de la cárcel como un bien social.
El 19 de abril, a tres semanas de que el gobierno implementara el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, que en su artículo 7 le ordena al Ministerio de Medio Ambiente “emitir lineamientos especiales que faciliten y simplifiquen la emisión de documentos, permitiendo el
otorgamiento de permisos necesarios para la planificación, diseño y construcción de centros penitenciarios de
forma expedita y ágil”.
De acuerdo con la diputada Blanca Coto, la aprobación de esa ley especial fue innecesaria, pues ya existía la normativa suficiente para hacerlo. Coto agregó que esa ley atenta contra el medio ambiente, al facilitar permisos, delegando al Ministerio de Medio Ambiente a a elaborar la norma correspondiente, “desde una perspectiva de facilitación y no de protección”.