Por ¿Estamos ante una nueva fase en la construcción de una dictadura en El Salvador? Y si es el caso, ¿por qué, si el régimen goza de suficiente popularidad para asegurar la reelección del presidente?
Estas son las preguntas que nos provocan las noticias de los últimos días. La detención de Luis Rivas -el tuitero @_elcomisionado- no es simplemente un caso más en la interminable serie de detenciones arbitrarias. Es la reacción del clan Bukele a lo que consideran una ofensa contra la familia real: Rivas había tomado una foto de miembros de la familia presidencial en una playa, rodeados de miembros del Batallón Presidencial, la publicó y criticó el dispositivo exagerado de seguridad. Desde su captura, el tuitero está desaparecido, sin que alguna autoridad informe sobre su paradero y los cargos contra él. Le van a aplicar las suspensión de los derechos procesales según el régimen de excepción, aunque esté decretado sólo para supuestos terroristas.
Si un ciudadano ya no puede tomar fotos en una playa pública a vacacionistas rodeados por gente armada y si no puede criticar públicamente este uso privado de recursos públicos por parte de familiares del gobernante, estamos en un país sin libertad de expresión y sin estado de derecho. Esto comúnmente se llama dictadura, por lo menos cuando ya no se trata de casos aislados o abusos de autoridad de agentes individuales, sino de una supresión institucionalizada de libertades y derechos de la ciudadanía.
Esto nos obliga a revisar otros fenómenos que hemos visto como hechos aislados o en el contexto de circunstancias especiales. Por ejemplo: Se denunció el intento de la PNC de detener a una fotoperiodista y decomisarle sus equipos de trabajo, porque según los agentes, estaba tomando fotos del edificio del Banco Central. La opinión pública y sus colegas reaccionaron, y el caso no llegó a más. Pero la defensa que se hizo a la reportera fue que no estaba tomando fotos al edificio del BCR, sino al tráfico. Pero ojo: ¿Estamos dispuestos a aceptar que la PNC puede detener a una periodista por tomar fotos de un edificio público del cual hay disponibles docenas de fotos en Google? ¿Tenemos los periodistas que pedir permiso -y aceptar que se nos niegue- para hacer nuestro trabajo?
Ante la posibilidad de que estemos entrando en una nueva fase de la dictadura, tenemos que reinterpretar el régimen de excepción que nos han impuesto ya por medio año. Lo hemos discutido, criticado y denunciado en el contexto de la seguridad pública. Hemos argumentado que no es eficiente y no es necesario para combatir el crimen. Algunos hemos criticado el carácter clasista de estas redadas masivas contra los jóvenes de barrios pobres. Nos quedamos cortos. Todo esto es cierto: es una política de seguridad pública equivocada, y es un uso clasista de la fuerza coercitiva del Estado, incluyendo la justicia. Pero ojo: Es mucho más que esto y mucho más grave. Es el paso a una fase en la cual se forja un sistema de justicia plenamente en función de institucionalizar la dictadura y de remover cualquier tipo de resistencia, rebeldía y disidencia. Aunque ha afectado a miles de familias, hemos visto el régimen de excepción como caso ‘aislado’ porque sólo ha afectado a los pobres. Aislado del resto de la sociedad, incluso de la oposición política, que sufre acosos y ataques, pero no las consecuencias duras de un régimen de excepción. Así parecía, hasta ahora…
Estamos entrando en una fase de la institucionalización de la dictadura en cual la fuerza dura no sólo se va a aplicar a los pobres, sino a todos que siguen ejerciendo oposición, crítica, disidencia. Y ojo, una fase en la cual cualquier Bukele puede mandar a arrestar a cualquiera. Si no entendemos esto, estaremos perdidos.
Ya no hay ‘casos aislados’. A cada transgresión contra las libertades y los derechos de cualquier ciudadano, por ‘aislada’ que parezca, tenemos que reaccionar con la fuerza, la unidad y la audacia que son necesarias para enfrentar una dictadura. Que no dejen entrar a periodistas independientes a un foro de Derechos Humanos no es un caso aislado. Que mueran mujeres en el penal de Ilopango, nos afecta a todos. Que los diputados oficialistas, al unísono, justifiquen la captura de un hombre por un tuit, nos afecta a todos. Porque cada uno de estos casos ‘aislados’ es una piedra más en la construcción de la dictadura.
Queda la otra pregunta: ¿Por qué ahora, si tienen la aprobación mayoritaria? Es que no confían en que este apoyo se mantendrá cuando la gente se de cuenta que la dictadura afecta sus bolsillos. Y esto será pronto.