La reasignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de salvadoreños, a causa de los atropellos del régimen bukelista a la Constitución y a personas arbitrariamente detenidas durante el “régimen de excepción”, ha sido solicitada por congresistas de Estados Unidos a la administración Biden. Tristemente, al contrario de estos legisladores, por tercera vez una delegación de diputados oficialistas salvadoreños fue a Nueva York pero no para abogar por los tepesianos, sino para convencer a nuestros connacionales allá de apoyar la ilegítima reelección presidencial.
Lo planteado por los congresistas estadounidenses busca favorecer a salvadoreños que de retornar abruptamente vienen a quedar expuestos a que “los jueces de la calle” —como llama el director de Policía a las soldadescas del régimen— los capturen y, sin llevarlos a juicio ni examinar credencial alguna, sean consignados a los recintos de tortura.
Los legisladores dicen que saben de graves violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción e informes creíbles de “asesinatos ilegales o arbitrarios, desapariciones forzadas; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarios”.
El solo hecho de estar amparados indica que en su inmensa mayoría los tepesianos no son delincuentes sino que se trata de personas que han salido huyendo de las precarias condiciones que hay en nuestro suelo, donde a causa de las ocurrencias del mandatario más de la mitad de la población ha caído en la pobreza, se ve en dificultades para dar de comer a sus familias.
La leyenda que corre es que en nuestro país ya no hay pandilleros, que desaparecieron debido al régimen de excepción, lo que se contradice con un hecho: se ha denunciado que las autoridades salvadoreñas se han negado a extraditar a los cabecillas o los han dejado libres y los grupos siguen moviéndose clandestinamente en la región.
El problema no se ha resuelto definitivamente, sino que sólo se ha contenido con el megapenal de Tecoluca y la gente se pregunta qué pasará con toda esta gente cuando tenga que salir en libertad, porque no podrán tenerlos presos por el resto de sus vidas, sobre todo si hay inocentes entre ellos.
Y no es del todo cierto que “nunca” saldrán de allí, como dice el carcelero mayor, pues el país puede ser presionado por los organismos internacionales para cumplir tratados y otros compromisos sobre derechos humanos y garantías de la población reclusa.
Volvemos al punto: es importante combatir a las pandillas y el crimen organizado, pero sometiéndose a un Orden de Leyes universal, como lo han hecho Colombia o Perú con el terrorismo y el narcotráfico.
Los niños son las víctimas de las truculencias de dictadores
De ser suprimido el TPS, los connacionales que sufran la deportación vendrían a un país cuya agricultura se encuentra en críticas condiciones no sólo a causa del esquema de “reforma agraria” impuesto en 1980, sino que ahora enfrenta un deficit de ocho millones de granos esenciales, un faltante que nadie sabe cómo va a resolverse.
Lo que proponen quienes están contra el TPS en Estados Unidos desconocen un elemental principio de justicia: cada caso debe examinarse, además de no exponer a familias a ser separadas, como ha sucedido en el pasado, cuando niños estadounidenses que esperaban que su padre o madre salvadoreña los recogieran fueron en cambio llevados a centros para huérfanos.
Los niños suelen ser las víctimas de los desmanes políticos, de dictaduras de enajenados como las que imperan en Nicaragua, Cuba, Venezuela, China y Rusia…