El joven a quien llamamos “Antonio”, apresado por negarse a inculpar a sus vecinos ya que él nunca supo que fueran personas ligadas a grupos delictivos, ilustra la tenebrosa situación en que nuestro país ha caído, pues es más que natural que si a cualquier persona se le pregunta sobre una familia, grupo o individuo, la reacción es decir la verdad, sea esta verdad un “lo ignoro” o afirmar que nunca ha oído nada malo sobre ellos.
Los policías que capturaron a “Antonio” por negarse a decir lo que ellos pretendían que dijera se ocuparon de que el joven fuera encarcelado, torturado, que le rompieran su brazo, pasara hambre y tuviera que compartir celda con más de seiscientas personas, alimentadas pésimamente, pues de los paquetes alimenticios que las familias mandan a sus seres queridos, la soldadesca se reparte la mitad, estando listos a coger a golpes y culatazos a quien proteste.
De este horror hemos ya hablado, pero queremos señalar ahora lo que les dijo a los familiares del joven un abogado de la Procuraduría de Derechos Humanos, a donde acudieron buscando ayuda: el abogado que fue asignado a su caso les pidió paciencia, ya que él no podía hacer ningún tipo de trámite “hasta que el detenido tuviera de 6 a 8 meses privado de libertad”. En otras palabras, cualquier persona apresada por los uniformados, sea inocente o presuntamente culpable, está forzada a pasar al menos “seis u ocho meses” sufriendo hambre, vejámenes de toda naturaleza, expuesta a contagiarse de enfermedades como sucedió a “Antonio”, con el agravante de que queda fichada, de que en cualquier momento puedan hacerle pasar otra vez por el infierno.
Un recordado amigo fue secuestrado en los años 70 por el grupo de Cayetano Carpio y sufrió toda clase de vejámenes, por lo que la esposa nos contaba que con frecuencia él despertaba gritando en las madrugadas. Uno de los secuaces de Cayetano no solo asesinó con cuarenta estocadas de picahielos a la segunda en comando, sino que forzó a Cayetano a suicidarse, un endemoniado individuo ahora fugado en Nicaragua y cuya insania y crímenes se describen en un libro de Giovanni Galeas...
El caso del joven “Antonio”, atropellado en una forma que viola toda norma moral y cívica, se asemeja al asesinato de la señora Rosa Elvira Flores, lideresa de Santa Isabel Ishuatán, una especie de mensaje de que en este suelo hay un único y sanguinario “ser supremo”…
Presos políticos, desaparecidos, enfermos que mueren encarcelados
El régimen se ha visto obligado a reconocer que debió poner en libertad a siete mil detenidos durante el estado de excepción, porque no hay pruebas contundentes contra ellos. Más de 150 reos han muerto en prisión o por padecimientos contraídos en los meses que estuvieron tras las rejas.
¡No esperen que les den las gracias por haber mantenido presa injustamente durante meses a gente inocente!
Sólo hay que recordar cómo el régimen ha llegado al extremo de exponer como delincuentes, de rodillas y sin camisa, a pobres meseros y otros empleados nocturnos, para después tener que liberarlos sin siquiera ofrecerles una disculpa.
La última denuncia es que los policías del régimen tomaron fotografías de las personas que marcharon el 1 de mayo, como también están “fichados” los sindicalistas que protestaron los despidos masivos de la Alcaldía de San Salvador como de otras comunas, más cuando se despide sin reconocer la indemnización que les corresponde, de la misma manera que les sucedió a agentes policiales también cesanteados.
Hemos publicado los casos de personas, incluyendo jóvenes menores de 18 años, que van a comprar algo a la tienda cercana a casa y son capturadas, lo que para muchos es una señal de que a los “uniformados” les asignan cuotas, en igual forma como a muchas personas que les dan orden de liberarlos pero no salen porque a los sádicos carceleros no les da la gana, aun personas prácticamente moribundas....