Ante tanta denuncia y cuestionamiento nacional e internacional, la Fiscalía se vio obligada a admitir que al menos 142 detenidos bajo el régimen de excepción han muerto en el encierro, pero en seguida se apresura a asegurar que “no hay delito que perseguir” porque, según dice, los decesos se debían a “enfermedades preexistentes”.
Sin embargo, las familias de muchos de los reos muertos no piensan igual, como lo han expresado a través de diversos medios, en los que han asegurado que los cuerpos tenían señales de tortura o habían enterrado a las víctimas sin notificarles a sus parientes.
La organización no gubernamental Cristosal informó previamente que, según sus registros, al menos 153 personas detenidas han muerto en más de un año que lleva el régimen de excepción, estado de sitio o suspensión de garantías constitucionales, como se le llamaba anteriormente.
De acuerdo con Cristosal, ninguno de ellos había sido declarado culpable del delito que se les atribuía cuando los detuvieron y las causas de muerte fueron torturas y lesiones graves y sistemáticas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica y por desnutrición.
Como se repite hasta la saciedad, no se puede combatir crímenes cometiendo otros crímenes, es decir, el fin no justifica los medios y estos decesos sólo contaminan un plan de seguridad por más buenas intenciones que tenga.
Bajo el régimen de excepción han encarcelado a casi 70,000 personas acusándolas de ser de pandillas o mantener vínculos con éstas, pero también el mismo gobierno ha reconocido que entre ellas había 5,000 que eran inocentes y fueron liberadas tras pasar varios meses entre las rejas.
Las historias de abusos y arbitrariedades saturan los archivos de Cristosal y otras organizaciones: colombianos detenidos y cuyos familiares reclaman su liberación; un padre que pide que saquen a su hijo sordomudo que no puede defenderse; familias que no reciben resoluciones de la Corte sobre sus peticiones de habeas corpus (revisión de la legalidad de la detención) en favor de sus hijos, un periodista que pasó casi un año en la cárcel, etc.
Hay dos casos aún más graves:
—el primero, de un jovencito cuya madre luchó para que lo liberaran, pero que se lo entregaron muerto y con evidentes señales de tortura;
—el segundo, el caso del preso político Ernesto Muyshondt, a quien le decretaron arresto domiciliario pero que continúa en prisión, ya que se denuncia que los fiscales al servicio del régimen siempre alegan imaginarias faltas o delitos para mantenerlo encerrado “hasta que San Juan baje el dedo”.
Estos son casos para el nuevo Comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, quien debería reunirse con los familiares de presos políticos como Muyshondt, con las organizaciones que dan seguimiento a estos hechos o con las madres de los reos del régimen de excepción que son víctimas de abusos y que no tienen que ver con pandillas.
Interpol puso muy en claro su postura: no se presta a manejos políticos
El papel del Ministerio Público también ha quedado en entredicho por la negativa de la Policía Internacional (Interpol) a trabajar en la localización y captura del expresidente Cristiani, precisamente porque considera que no se le busca realmente porque hubiera cometido sino porque hay una motivación política para perseguirlo.
La posición de Interpol no puede tomarse a la ligera, porque no es antojadiza, sino resultado del análisis de sus equipos jurídicos internacionales.
Quedó claro entonces que Interpol no va a proceder contra alguien a quien no se le ha probado ningún cargo penal, pero se le han confiscado las propiedades y empresas y negocios heredados de su padre, un italiano que labró patrimonio a base de esfuerzo y capacidad.
Esto también fue evidente cuando los fiscales se presentaron a la casa del exgobernante sin mostrar ninguna orden judicial o documento legal que amparara la apropiación de bienes, más que las diatribas que lanzaron por televisión y el despliegue de helicópteros y pelotones bien armados en la urbanización Santa Elena.