Aprovechando la euforia de la Navidad y la confusión de la reforma de "cero alcohol" y contra todo razonamiento técnico de ambientalistas, Iglesias y organizaciones sociales, con el agravante de no tener estudios de impacto ni haberlo consultado con la población, el partido oficial Nuevas Ideas aprobó a toda prisa una ley que permite la minería metálica, impulsada por el presidente Bukele.
Es evidente la perversidad de no discutir un tema que potencialmente va a llevar sustancias tóxicas que envenenarán el agua que se sirve al 70% de la población salvadoreña y afectarla por cientos de años,
Primero, hay hechos irrefutables. Que hay oro en El Salvador, lo hay. Y mucho. Lo hemos sabido no por esta administración, se ha sabido durante más de 100 años y lo han confirmado empresas mineras a las que se le dio acceso antes y a las que se postularon las empresas canadienses en las administraciones de ARENA.
Pero los estudios todos indicaban lo inequívoco, que la minería era nociva, y a partir del 2017 fue prohibida en definitiva con el aval de todas las fuerzas políticas y que retomaron una moción de ley impulsada por una propuesta liderada por el mismísimo Arzobispo de San Salvador, monseñor Escobar Alas. Quien impulsó los estudios relacionados fue el ex Arzobispo Sáenz Lacalle, que era ingeniero químico de profesión y sostenía que era inconsolable la minería metálica con la salud de la población por descargarse químicos decididamente tóxicos a los mantos acuíferos.
Otra cosa que se dijo en su patética, por corta y engañosa, presentación el presidente de CEL es que se beneficiarían muchas personas de los proyectos mineros. Efectivamente, nadie duda de que el objetivo final es otorgar jugosos contratos (en la vida ninguna naranja perfecta habrá generado tales mieles jugosas) a una o unas empresas de minería, hasta este momento desconocidas.
El engaño está en el artículo de la ley que habla de "la participación de sociedades" invisibles e infiscalizables, como ha ocurrido con otros proyectos, aprobado por la comisión y sus obedientes diputados que aprovecharon cada intervención para tirarle "encendidos piropos" al proyecto minero a pesar que, como en la misma discusión se aceptó categóricamente: NO EXISTE NINGÚN ESTUDIO para revertir la conclusión de los estudios que SI existen que declararon nociva la minería y por la cual se prohibió en el 2017.
La prisa de la aprobación subraya la mala fe
Lo otro es que evidentemente habrá un grupo de personas que lucrarán de una forma definitiva y COLOSAL de estos jugosos contratos. Es obvio como el azul del cielo.
Entonces son una de dos: una empresa minera de clase mundial con una reconocida tecnología evolucionada y avanzada que efectivamente permite hacer 'minería limpia' que tiene una trayectoria amplia en X, Y o Z país y con la que se logró hacer un trato justo en que se consiguió acuerdos (y FIANZAS para sostenerlos) que son beneficiosos para dichos países.
Si es así, tenemos los salvadoreños todo el derecho de saber quiénes son. No solo no hay nada que esconder sino que quedaremos aleccionados de la superlativa trascendencia del gobierno en pleno poder de haber podido enamorar a una empresa de clase mundial.
En su defecto, el gobierno hará un acuerdo detrás del telón, bajo la oscuridad de la noche y debajo de las sábanas con una empresa de nacionalidad desconocida y con un acuerdo de accionistas desconocido con beneficios a accionistas desconocidos y con trayectoria desconocida con estipulaciones desconocidas. Ahí sería la traición máxima de este gobierno a este pueblo que ha creído con tanto entusiasmo en él. Y las consecuencias se pagarán en vida y en sufrimiento porque pasos en falso condenarían no solo la vida de estos salvadoreños, los que votaron y no votaron por este gobierno, sino de los no nacidos que podrían venir al mundo con crueles deformaciones a partir de las sustancias tóxicas y todos a sufrir las consecuencias de un uso colosal de agua que la minería, independiente que necesite arsénico, cianuro y otras sustancias necesitan para efectuarse.