El régimen no cesa en sus meneos para evadir controles, rendir cuentas, forjar huecos donde centenares de miles o millones de dólares puedan esfumarse, usualmente en el gran agujero negro en la Casona que, al igual de los que están al centro de galaxias, ni siquiera “la luz” puede escapar, es decir, información que sea suficiente para conocer lo que se hace, lo que significa que una vez que el dinero entra, nada es capaz de rescatarlo.
En adelante y en virtud de una nueva ley “a la medida y gusto del cliente”, pero como ha venido sucediendo desde que el régimen asumió el poder, las empresas que realicen obras emprendidas por “el Estado” (la argolla de allegados a la dictadura) quedan exoneradas de cumplir con las regulaciones de la LACAP, lo que, en palabras del diputado Johnny Wright, “se están fomentando medidas anticompetitivas que podrían favorecer a ciertas empresas”.
“No hay igualdad de condiciones para competir”, afirma el legislador, pues pueden darse contratos a amigos dentro del gobierno o al mismo gobierno; se aprobó de manera muy exprés, “por lo que puede convertirse en una herramienta para contratos corruptos”.
Wright advierte que el gobierno asume un riesgo al permitir que sean las empresas oferentes las que decidan el costo de las obras, ya que el financiamiento de los proyectos proviene de deuda del Estado. Esto se debe a que en el proyecto se establece que las empresas interesadas en ejecutar obras públicas podrán proponer al MOP el monto de lo que necesitarán para ejecutar la obra, de dónde obtendrán los fondos y cómo los gastarán.
Con la ley prácticamente se abarca todo lo que realice “el Estado” (la argolla de allegados a la dictadura) como son los proyectos de ingeniería civil y arquitectónicas como edificios, puentes, caminos, puertos, aeropuertos, represas, abastecimientos de agua, desagües y redes ferroviarias, entre otras de similar naturaleza. Se incluyen obras de ingeniería industrial tales como suministros, montaje e instalaciones eléctricas, mecánicas, comunicaciones y electromecánicas, plantas industriales y de tratamiento, motores y maquinarias industriales, estaciones generadoras, transformadoras, líneas de transmisión y distribución, instalaciones de circuitos de luz y fuerza centrales y redes radiotelefónicas, equipos de control, comando y señalización e instalación de aire acondicionado y redes hidráulicas, construcciones navales como barcazas, puentes provisionales y remolcadores fluviales.
Para el viaducto que pasará a un costado de Los Chorros, yendo de la Carretera Panamericana al Sitio del Niño, se han erogado 411 millones de dólares, un montonazo de pisto que ningún organismo independiente va a supervisar, evaluar, seguirle la pista. Por algo se dice que “en arca abierta hasta el justo peca”, más cuando dentro de un régimen no se mira ningún “justo” sino únicamente picaritos, picarazos y sinvergüenzas.
¿Quiénes pagan los despilfarros? Pues todos los salvadoreños
Especialistas y promotores de la probidad y la transparencia, como el economista Rafael Lemus, advierten que la nueva normativa elimina la competencia y permite adjudicar las obras “a dedo” al obviar la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por lo que “pueda haber ajustes de precios cuando sean mayores del 15% de aumento de los precios en costos. ¿Qué haría un contratista? Hacer una oferta ya curándose en salud y poner aumento de precios hasta 15%, porque si pasan del 15% puede pedir revisión de ajustes de precios y de costos”.
¿Quiénes, a final de cuentas, son los que pagan el chompipe de la fiesta?
El paganini de siempre es la gente de El Salvador, los campesinos, los pequeños artesanos, los productores, los que luchan por sus familias en las empresas y en la calle, los que han caído en la pobreza por culpa de las políticas del régimen. Es suficiente ver las cifras de las decenas de miles de salvadoreños que abandonan cada año el “paraíso bukeliano”…