En medio de un fin de semana de Black Friday, Carnaval de San Miguel, explosiones en el Chaparrastique, concierto de Bad Bunny y Mundial de Fútbol, a las puertas de la Navidad y el día en que Naciones Unidas le reclamó por las decenas de muertes y miles de abusos durante el estado de excepción, el gobierno de Bukele anunció su “reforma” del sistema de pensiones que prometió hace un año y que hasta ahora sólo ha dejado más cuestionamientos y sospechas que certeza y confianza.
El proyecto en concreto no se ha dado a conocer al público, sólo un video oficial en el que se explica la iniciativa a grandes rasgos, como suelen hacerlo con los renders que muestran espléndidas edificaciones, pero que no exponen la magnitud de lo que se quiere hacer y lo que nos costará —a nosotros los contribuyentes, no a ellos, los funcionarios— en dinero.
Sin embargo, dos ministros resumieron el plan así: la pensión mínima se elevará de 325 a 400 dólares; los empleadores tendrán que dar un 1% adicional a la aportación que ya hacen; se reducirá la comisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y se creará un instituto estatal para administrar pensiones.
Como nadie —salvo sus autores— conoce el documento ni fue consultado con la gremial de las entidades técnicas que manejan los fondos ni se sabe si hubo un estudio sesudo y responsable detrás, las especulaciones y cuestionamientos se multiplican. Economistas consultados no han dudado en decir que se trata de cambios “cosméticos populistas” con miras a las elecciones de 2024, porque, por ejemplo, el aumento de las pensiones le beneficiará sólo a los que tengan pensiones mínimas, no al resto.
Se obligará a los patronos a aportar más, con lo cual se corre el riesgo de aumentar costos de producción y, por ende, que repercuta en los precios de los productos y genere más inflación.
En cuanto a lo del instituto que maneje pensiones, no sería extraño que se propicie el retiro de las actuales AFP para que esa entidad absorba esa responsabilidad y la misión de saquear el caudal de miles de millones de dólares que aún queda de los ahorros de los trabajadores, que ya los gobiernos antecesores expoliaron a mínimos intereses so pretexto de pagar pensiones del antiguo sistema.
Resulta que los gobiernos han obligado a las AFP a entregarles miles de millones de dólares “como préstamo” pagando un interés del 1%, cuando a los acreedores internacionales les han pagado hasta 8% de interés. De esta forma, los gobiernos le han robado 3,800 millones de dólares a los trabajadores y esa es la razón por la cual la rentabilidad de los ahorros es mínima y, por ende, las pensiones que reciben los jubilados.
El actual régimen culpó a sus antecesores de esta práctica y de descapitalizar así el sistema, cuando él también lo ha hecho así, señaló el economista Rafael Lemus.
Por todo lo que se ha visto, la tentación irá desde seguir mandando recursos al “hoyo negro” que se traga todos los dineros hasta resolverle la vida a los incondicionales al régimen.
No jueguen con los ahorros, la comida, el futuro de los trabajadores
Como no se conoce la verdadera intención de salir con ese plan en este momento —pues no se sabe si incluso es moda, porque Boric hizo algo similar hace unas semanas en Chile—, los trabajadores salvadoreños deben estar atentos a qué saldrá de esa jugada.
Por más que les endulcen el oído con palabras bonitas y ofrecimientos del cielo y la tierra, ¡cuiden sus ahorros! ¡Cuiden su futuro y el de sus familias!