¡Resulta que ahora es delito documentar un abuso policial o una violación de derechos humanos! Sólo hay que el caso del joven Henry Arturo Benavides, procesado por denunciar en un video que viralizó cuando un grupo de policías intentó detener sin una orden judicial a la madre de Benavides.
El joven fue detenido por el presunto delito de revelación indebida de datos o información de carácter personal en perjuicio de unos de los policías captores, pero el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel decidió liberarlo de cargos porque no infringió la ley.
Sin embargo, la fiscalía ha solicitado a la Cámara de lo Penal que anule la resolución emitida del tribunal inferior porque, para los acusadores, se violó una disposición de la Ley de Delitos Informáticos, que prohíbe revelar datos de una persona sin su consentimiento.
Para liberar de cargos al joven, la jueza del caso aclaró que Benavides no dio a conocer información personal del uniformado, sino sólo los nombres de los agentes captores y su número de registro (ONI), que son de carácter público, según lo establecen los instructivos y la legislación que regula a la Policía.
Incluso, recordó la juzgadora, instrumentos internos de la corporación y de protección de derechos humanos contemplan que todos los funcionarios ya gentes deben llevar siempre un distintivo de identificación, que permita identificar a los agentes en el desempeño de sus funciones y la ciudadanía puede tener acceso a esa información. Pero los fiscales alegan que la divulgación de esos datos "pone en riesgo la seguridad del agente y su familia". Además, plantean que "sería negativo" para los agentes de la Policía, fiscales, jueces y funcionarios públicos... ¿Por qué sería negativo si actúan limpiamente? Más bien, es negativo para los abusadores y los violadores de derechos humanos porque los disuade de cometer esas y otras fechorías.
De un tiempo para acá se vuelto el pan de cada día que policías nacionales y hasta agentes municipales retengan e incluso quieran detener ilegalmente a periodistas y fotógrafos que hacen su trabajo en la calle. En lo que va de este año, periodistas y fotoperiodistas de El Diario de Hoy han acosados al menos ocho veces en el centro de San Salvador, en el Hospital Rosales y en otros lugares por agentes municipales y hasta seguridad penitenciaria sin facultades policiales ni judiciales.
Si no se documentan los procedimientos o delitos cometidos por funcionarios y agentes del Estado, ¿cómo se espera combatir la corrupción y la impunidad? Más bien a estas personas que filman los abusos deberían recompensarlas por contribuir al esclarecimiento de los hechos, no tratarlos como delincuentes.
Más bien a quien se disuade o atemoriza es a la ciudadanía para que sólo agache la cabeza o finja no darse cuenta cuando ve un crimen, como ocurría en los años 70 y 80 del siglo pasado. Eso no es luchar contra la impunidad, sino favorecerla. No es avanzar a la civilidad, sino retroceder hacia la brutalidad y la imposición.
Esto es como el caso de Fidel Zavala, que estuvo preso y denunció las atrocidades que vio en las cárceles y lo volvieron a encerrar acusándolo de nuevos delitos que, según su defensa, son infundados.
Resulta que acá los patos le tiran a las escopetas…
En pleno siglo XXI, en la era de la tecnología y como sucede en los países civilizados, lo más lógico es que los medios informativos y el común de la gente pueda filmar, grabar, documentar hechos y ponerlos a disposición del público de inmediato.
En México hay defensores ciudadanos que patrullan las calles buscando policía que piden mordida a los automovilistas o que cometen otra clase de abusos. Incluso alcaldes se hacen pasar como particulares para que los coacciones y atrapar en flagrancia a los corruptos.
Si los agentes del Estado están cumpliendo su trabajo limpiamente, ¿cuál es el temor?
Sólo a las cucarachas no les gusta la luz...