Las reformas que el régimen impulsa a la ley de Escuchas Telefónicas y de Telecomunicaciones tienen la intención de penetrar en la intimidad de las personas, recoger información privada sobre sus vidas, lo que se presta para chantajes y persecuciones.
La Asociación de Periodistas de El Salvador y otras organizaciones han denunciado que se ha venido usando un programa, “Pegasus”, para espiar las llamadas de comunicadores y políticos de oposición que el grupo en el poder considera “incómodos”, lo que Apple también advirtió a los usuarios de sus equipos y servicios.
Según se ha señalado, el blanco del espionaje son quienes denuncian los abusos de poder, el nepotismo, las contrataciones otorgadas a dedo y los despilfarros que caracterizan al régimen, además de las muertes por torturas de los detenidos durante el llamado “estado de excepción”.
Sin mayor trámite y discusión, los diputados del oficialismo acordaron el jueves dictaminar a favor de reformar tres normativas: la Ley contra el Crimen Organizado, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
Miembros del Gabinete de Seguridad llegaron ese día a la Comisión de Seguridad legislativa a plantear cambios a las propuestas que ya habían sido presentadas en la Asamblea por ellos mismos el pasado 14 de septiembre.
Se nos dijo que entre las enmiendas que presentaron figura darle más facultades a la Fiscalía para los procesos de escuchas telefónicas y menos protagonismo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en cuanto a la participación que tiene esa entidad en posibles casos de violaciones a la intimidad y daños personales a raíz de la intervención telefónica.
Con el manoseo perpetrado al artículo 33 la Fiscalía se librará de las auditorías de la PDDH al centro de escuchas telefónicas, de las cuales debe rendir un informe anualmente, según se explicó.
Los cambios permitirán que las intervenciones se hagan no solo por petición de la Fiscalía, sino ahora también del director del centro de escuchas telefónicas, lo cual plantea la interrogante de que si los fiscales son los que dirigen las investigaciones y llevan el control de los casos, ¿qué tiene entonces que hacer otro funcionario pidiendo intervenciones telefónicas?
Van tras el control de la gente vía presiones y chantajes
Para proteger a la población, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, señaló que la Asamblea debería estar discutiendo como contrapeso una ley que proteja los derechos y datos personales de los ciudadanos. “¿Por qué no hablamos de generar espacios en instituciones que también protejan a la ciudadanía de abusos de poder de quienes están a cargo o que tienen acceso a la información nuestra o que podrían tenerla sin ningún límite?”, cuestionó Ortiz.
La diputada hizo hincapié en el derecho que tiene la gente de que sus comunicaciones no sean intervenidas, lo que el régimen suspende con las reformas y prórrogas al estado de excepción, permitiendo que tales abusos sean permanentes. “No se le pueden dar amplios poderes a las instituciones estatales sobre los derechos de privacidad y datos personales de los ciudadanos sin un contrapeso serio y contundente”, afirmó Ortiz.
La legisladora añadió que no se debe perder de vista que hay fuertes indicios de que el gobierno podría estar detrás del espionaje a periodistas que destaparon la tregua en gobiernos anteriores y que también han sacado a la luz “cosas escandalosas de la actual administración”.
El mensaje de alerta también se extendió a dirigentes de ONGs y opositores políticos.
“El Gran Hermano te vigila”, pero no para cuidarte, sino para controlarte y someterte…