El Salvador encabeza la lista de los países propensos a caer en impago de sus obligaciones, según la compañía de información financiera Bloomberg. Le siguen Ghana, Egipto, Túnez y Pakistán.
Ante esto, el régimen no ha dudado en poner sus ojos en los ahorros de pensiones de los trabajadores como una de tres opciones, una “reforma de pensiones” dicen, de acuerdo con documentos oficiales que han sido revelados por otros medios.
Según los informes, el gobierno debe preparar 4,852 millones de dólares (no bitcoins) para hacer frente a compromisos internacionales entre 2022 y 2023 y evitar que el país caiga en impago.
Esto es como que un día un despilfarrador no pague sus obligaciones a los bancos y casas comerciales y caiga en mora: su récord se afecta, nadie le presta, se hunde más en la iliquidez y su crédito queda marcado en las listas negras financieras. Ante esto, se mete a adquirir préstamos con usureros a altos intereses y a comerse los ahorros que tenía para emergencias, medicinas, educación futura de los hijos y soporte por si se quedaba sin trabajo o para el día que tuviera que jubilarse. Su irresponsabilidad no lo afecta sólo a él, sino que también arrastra a los suyos.
La pregunta que surge en el caso de El Salvador es ¿dónde está el dinero de los préstamos que se han ido aprobando y las recaudaciones que religiosamente se han ido haciendo de los impuestos de los salvadoreños?
Para el caso, según fuentes parlamentarias, los préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa en solo ocho meses sumaban en enero 4,697.5 millones de dólares, con entidades financieras como el BCIE, BID, BIRF y otras, a lo cual se deben agregar las recaudaciones y las donaciones.
Se dice que en los últimos meses, los diputados incondicionales del oficialismo han autorizado deuda por $1,040 millones.
¿Dónde fue a dar todo el dinero que se ha estado aprobando?
Hay gente que ve con indiferencia estas cosas porque no les afecta directamente por ahora, porque no quieren comprender que en un futuro peligran los ahorros para poner sobrevivir en la vejez, o en un plazo más inmediato, que les pongan más impuestos y cargas, como hizo el régimen de Funes que se inventó 22 nuevos impuestos y ahora se le acusa de llevarse 351 millones de dólares.
Pero mucha gente “a la que no le dan atol con el dedo ni cree en pajaritos preñados” abre sus ojos, mira y mira pero no ve dónde está ese dinero, en cuáles grandes obras en beneficio de la colectividad se ha gastado o invertido.
Sólo hay que ver el caso de Sri Lanka, un país quebrado cuya gente obligó a renunciar al presidente e invadió la casa de gobierno, se acostó en las camas y se bañó en la piscina, pero esto de nada sirvió ya para revertir la bancarrota porque… debieron parar el despilfarro antes.
Entre los descomunales despilfarros en nuestro país está el “Hospital El Salvador”, un gasto debió destinarse mejor a la modernización de la red de hospitales nacionales y del Seguro Social.
El lugar tiene paredes, pisos, techos, ventanas. Sin embargo se dijo que “se gastaron” sesenta o más millones —lo que ningún observador imparcial ha corroborado—, además de pretender que año con año se destinaran sesenta millones para su sostenimiento, una suma que de por sí no han recibido los hospitales ni las clínicas regionales, ni se ha destinado para la construcción del nuevo Hospital Rosales, paralizada desde hace tres años.
El régimen bukeliano ha preferido construir un hospital de mascotas, como si las vidas de los salvadoreños no valieran nada para ellos.