El Salvador vivió la semana anterior una trilogía insólita: cumplió tres años de estar bajo un régimen de excepción o estado de sitio, está en el centro de los cuestionamientos internacionales por encarcelar a 238 venezolanos sin asomo de garantizar sus derechos y una alta funcionaria estadounidense, además de venir a confirmar esto último, lanzó desde esta tierra una espeluznante amenaza a los inmigrantes irregulares en Estados Unidos: "Los vamos a cazar", como si se refiriera a animales y no a personas que merecen el debido proceso ante un juez, como hubiera sido en el pasado en el país que se ha considerado "el faro de la democracia y la libertad".
Como informó ampliamente El Diario de Hoy, estos hechos han tenido amplia repercusión y cuestionamientos en el mundo, comenzando por prestigiosos medios.
Mucha gente fuera de nuestras fronteras destaca que "hay plena seguridad" en El Salvador, pero a ninguna de estas personas les gustaría que en sus países se les quitaran sus derechos constitucionales y judiciales, se les detuviera arbitrariamente sin poder ver a un juez, se les recluyera en mazmorras donde se enfermarían y se les juzgara en masa; tampoco tolerarían estar a merced de ser denunciadas por venganza, que se chantajeara a las mujeres con propuestas indecorosas o abusos para no ser detenidas o que un hijo inocente muriera en la cárcel.
De los 85,000 detenidos acusados de ser pandilleros en tres años de régimen, el gobierno ha tenido que liberar a ocho mil por no poder sostener las imputaciones, aunque muchos han salido "bajo medidas" (como se dice en la jerga judicial) so pena de volver encerrarlos "si hablan mucho", como le sucedió a Fidel Zavala, quien denunció las torturas y atrocidades que vio en la cárcel y ahora está preso otra vez.
Un grupo de organizaciones humanitarias ha recibido denuncias de al menos 6.889 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción, con la detención arbitraria con el 98 % de las denuncias y en las que el 75 % señalan directamente a agentes de la Policía, según informó la agencia AFP.
A juicio de Antonio Palacios, uno de los fundadores de Socorro Jurídico Humanitario, el régimen de excepción está propiciando el miedo de la población de expresarse, de denunciar.
La organización ha dado seguimiento al menos a 10.000 casos de detenciones de personas que consideran inocentes y ha elaborado unos 2.000 habéas corpus. Palacios sostuvo que también han registrado la muerte de 376 personas en custodia estatal.
Salvador Ruiz, activista de derechos humanos de la remota zona del Bajo Lempa, lamentó que en esa zona suman 115 niños abandonados por las detenciones de sus padres.
Esa ha sido la realidad de tres años de "régimen de excepción", un eufemismo para el viejo "estado de sitio" al amparo del cual se cometían detenciones ilegales, desapariciones forzadas y hasta asesinatos.
Al amparo de la impunidad traen a venezolanos
Esa impunidad y falta de garantías ha permitido que el bukelato haya recibido en sus cárceles a 238 venezolanos a quienes Estados Unidos acusa de ser "miembros de la banda criminal Tren de Aragua", aunque medios internacionales han investigado que la mayoría de los deportados no tienen ni siquiera antecedentes penales, sino que eran migrantes que han huido de otro régimen de terror: el chavista. Esto ha colocado a El Salvador en una posición vergonzante, permitiendo que, además de desconocer los derechos de sus ciudadanos, se pisoteen los de extranjeros cuya culpa no se ha probado.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer, dijo que este régimen ha «institucionalizado patrones de abuso que ya se están reproduciendo fuera de sus fronteras, lo que debilita aún más el marco internacional de los derechos humanos».