Por De unos días acá, la minería de ha vuelto tema omnipresente. Y con justa razón. Ya tenemos suficientes problemas en el país, como para agregar uno más. Diferentes sectores se han pronunciado al respecto; aunque algunos han guardado sospechoso silencio. Obviamente, aquellos afines al oficialismo están entusiasmados con la idea, lo cual no sorprende. Como era de esperarse, la UCA se posicionó rápidamente. Y lo hizo partiendo de datos incontrovertibles. Entre las razones que adujo están: “El país es el más pequeño del continente y el que sufre el mayor deterioro ambiental; el más deforestado solo después de Haití; el que menor disponibilidad de agua tiene, en cantidad y calidad, para toda su población, por lo que es el más cercano a padecer estrés hídrico. Esto se conjuga con un irrisorio presupuesto para la atención de emergencias ambientales. Más aún, todos los posibles proyectos mineros estarán sobre la cuenca del río Lempa (ya en decadencia), que da agua a cerca de 1.5 millones de personas”.
También lo hizo la Universidad de El Salvador, hecho que debe destacarse. El pasado 5 de diciembre, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador, publicó un pronunciamiento en que se manifiesta sobre la decisión de la Cámara segunda sección del Centro de Cojutepeque que revierte el fallo absolutorio dado por el Juzgado de sentencia de Sensuntepeque el 18 de octubre pasado, en contra de los líderes ambientalistas de la Santa Marta. El pronunciamiento toca dos temas clave: primero, que una eventual repetición del juicio “sentaría un nefasto precedente que dañaría la credibilidad al sistema judicial, por no dar garantías para la seguridad jurídica en El Salvador”. Muy cierto el planteamiento y muy comedido, como de ser un órgano colegiado universitario. Pero lo cierto es que la credibilidad del sistema judicial se cayó hace rato, gracias a tres golpes arteros: la destitución ilegal de la Sala de lo constitucional y del fiscal general, y el nombramiento — que no elección de sus sustitutos — absolutamente sometidos al ejecutivo, hecho acaecido el 1 de mayo de 2021. El tercer golpe fue la depuración del sistema judicial que mandó a retiro a muchos jueces, esto fue el 31 de agosto del mismo año. Las consecuencias de esos actos han sido muchas, y en nada beneficiosas al estado de derecho y la seguridad jurídica.
El otro tema abordado en el pronunciamiento del CSU es su preocupación y sorpresa por el anuncio del presidente de “volver a gestionar la explotación minera en El Salvador y por ende, pedir a la Asamblea Legislativa que la Ley de prohibición de la minería metálica… con lo cual se activa la amenaza de destruir más el medio ambiente y la salud y vida de la población salvadoreña”. Más importante, el CSU “SOLICITA firmemente al Presidente Nayib Bukele desistir” de esa iniciativa; “ANIMA al pueblo salvadoreño… y al movimiento ambientalista” a continuar sus esfuerzos para asegurar que no se vuelva a la minería metálica. En la parte final, el CSU compromete a la Universidad de El Salvador “a promover una discusión científica, pluridisciplinaria, amplia y participativa” sobre el tema. ¡Qué bien!! Esa posición de las autoridades universitarias merece un aplauso y un reconocimiento público.
Y no por el hecho de adversar una iniciativa de gobierno; sino por volver a posicionar políticamente a la Universidad, en el sentido clásico de lo político: la búsqueda del bien común. Un tema tan importante como la minería no debe ser manejado a partir de ocurrencias y caprichos de las cúpulas de poder político. La Universidad de El Salvador tiene capacidades suficientes para discutir al respecto. Basta señalar la competencias y trabajo de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Precisamente, uno de estos días, el director de la Escuela de Física de esa Facultad, Dr. Rafael Gómez Escoto explicaba en una entrevista los peligros que la explotación minera conlleva. Lo hizo con la frialdad y elocuencia de quien conoce el tema, con base en evidencias científicas. Ese es el tipo de trabajo que los académicos hacen cuando son serios.
Lastimosamente, no faltan quienes sacrifican el rigor académico en el altar pagano de las filias políticas. El mismo día que el presidente comenzó a hablar de la minería, un sociólogo de la UES habló maravillas de la iniciativa, afirmando que con ella el país tiene la oportunidad de resolver sus problemas económicos, asegurando que “el presidente de la república va a tomar la mejor decisión al respecto… para que ese enorme yacimiento que tenemos de oro sea bien canalizado”. Cuando le preguntaron sobre cómo podría reaccionar la población, no dudó en decir que la clave era “cómo se da la información a la población” y que, en todo caso, el presidente “cuanta con la confianza casi unánime de la población”. ¡¡Qué profundidad de análisis!! Y no solo eso, más adelante habló de las nuevas formas de extracción que supuestamente se implementarían, por ejemplo, la “minería eléctrica” y dando a entender que esta no contamina.
Analfabeto del tema como soy, me di a la tarea de buscar información al respecto y no encontré. Consulté al profesor Gómez Escoto, doctor en física, y me confirmó que tal cosa no existe, reafirmando que no hay un modo de extracción que no tenga impacto en el medio ambiente y que los que se usan comportan dos afectaciones: primero, el uso de sustancias químicas para separar el oro de la broza rocosa, cuyos residuos, aunque se procesen siempre generarán un nivel contaminación ambiental; y segundo, la enorme cantidad de agua que se utiliza en el proceso, en país que sufre stress hídrico. Sin embargo, ciertos procesos extractivos son factibles de usar electricidad, lo cual reduciría el uso de combustibles fósiles, pero no hay aplicación posible para separar el mineral de la roca. El contraste de planteamientos muestra claramente la diferencia entre el rigor científico y el activismo político. Por muy comprometido que uno esté con una agenda política, no debiera caerse en tales extremos de irresponsabilidad académica, como el del sociólogo en cuestión. Condición que se agrava en tanto profesor de la Universidad.
El presidente ya anunció que pedirá a la Asamblea Legislativa que derogue la ley que prohíbe la minería metálica. Una forma diplomática de decirlo. Simplemente ordenará que se derogue. Volvió a hablar de estudios que han identificado, además de oro, otros metales como cobalto, litio, níquel y “tierras raras que son utilizadas para la electrónica avanzada”. Obviamente, no mostró los famosos estudios. Lo paradójico es que, reconociendo que las aguas de nuestros ríos ya tienen un 95% de contaminación, no duda en afirmar que con la explotación minera se tendrían recursos para limpiarlos. Una apuesta arriesgada, para la cual no ofrece garantía alguna. Y explico por qué:
- Porque tal iniciativa no aparecía en las propuestas de campaña, en la primera, porque en la segunda no hubo de ningún tipo. ¿Qué garantiza que dicho proyecto sea algo pensado y valorado debidamente y no simplemente una ocurrencia?
- Porque el Ministerio de medio ambiente y recursos naturales es una de las carteras de gobierno menos protagónicas de los últimos años. Si no se ha mostrado beligerante frente a proyectos de construcción en zonas que debieran protegerse, ¿por qué deberíamos creer que lo hará frente a proyectos mineros?
- Porque la sola consideración de un tema tan importante demanda amplia discusión en los ámbitos de la sociedad civil y de los órganos de Estado. Y eso no es posible en las actuales condiciones: la sociedad civil está atemorizada, los partidos políticos son inoperantes y no hay independencia de poderes.
- Porque en el hipotético caso de una reversión de la minería, lo mínimo que podría esperarse es que toda la información de negociaciones, contratos y concesiones fuera de absoluto acceso público, y este gobierno se caracteriza por ocultar sistemática la información.
- Y por último, porque nuestro territorio ya está ambientalmente suficientemente degradado como para someterlo una presión ambiental adicional.
Debiera hacerse una valoración más sosegada del problema. Ciertamente que el gobierno tiene las herramientas políticas para hacer lo que se propone. Pero está poniendo en riesgo al país y también está arriesgando su capital político. A lo mejor lo primero no le sea tan importante, pero seguro que lo segundo sí. Y repito, qué bueno que la Universidad de El Salvador se haya pronunciado sobre el tema. Y ojalá que organice espacios para continuar la discusión. Opinión informada calificada, es lo que se requiere y la UES puede darla. Ya será responsabilidad del gobierno si la retoma o no.
Historiador, Universidad de El Salvador