Por Tratar de reconstruir la historia de la Universidad de El Salvador en la década de 1980, yendo más allá de los lugares comunes ya establecidos (cierre del campus por más de cuatro años, presupuesto limitado, acciones de hostigamiento y represión contra estudiantes y profesores, etc.) es complicado. En el marco de guerra civil, la Universidad dejó de ser noticia. Hay indicadores sugerentes; en la segunda mitad de la década anterior, la revista ECA de la Universidad Centroamericana daba seguimiento a los problemas de la UES; lo mismo hacía Ignacio Ellacuría, cuyas reflexiones ayudan a ver la realidad universitaria desde una perspectiva diferente, con genuina preocupación por el rumbo de la institución, pero con suficiente capacidad crítica para entender que algunos problemas eran internos, y no únicamente culpa del gobierno. Sin embargo, una vez que estalla el conflicto armado, la UCA se centró en él. De vez en cuando aparecía en ECA alguna nota sobre la UES.
En los años de la ocupación militar, la Universidad dedicó todas sus energías a sobrevivir. Diferentes organizaciones e instituciones apoyaban en lo posible. Por ejemplo, las reuniones del Consejo Superior Universitario e incluso los actos de graduación se realizaban en la UCA. Razón tenía el lema “La Universidad se niega a morir”. Cuando el campus fue devuelto en 1984; se gastó casi un año en readecuar las instalaciones. Aún así se trabajaba en condiciones muy difíciles.
Hacia finales de 1985 se comenzó a discutir sobre la necesidad de repensar el rumbo académico de la institución. Con apoyo de universidades holandesas se elaboró un “Diagnóstico de la Universidad de El Salvador”, del cual se publicó una síntesis en la revista La Universidad. El panorama presentado era realmente desolador y muestra cuánto daño sufrió con la intervención militar. Para 1979 la UES tenía 21,992 estudiantes matriculados, en 1983 apenas tenía 16,178. En 1979 recibió un presupuesto de 47.7 millones de colones, más 5 millones que generaba la institución como recursos propios, para un total de 52.7. En 1983, el presupuesto asignado era de apenas 15 millones, y 32.8 de recursos propios para un total 47.8 millones (Althuis, 1985: 46 y 77). El 70% de los recursos se destinaba a funcionamiento. La fuente consultada no detalla de dónde provenían los recursos propios.
Como seguimiento al trabajo anterior, en 1986, la revista La Universidad publicó una “Propuesta de formulación y ejecución de un nuevo plan del proceso educativo”, la cual reconocía que el currículo universitario conservaba la impronta dejada por el CAPUES, “quien reafirmó la estructura curricular para la producción de profesionales con una supuesta calidad técnica y formación ‘científica’ completamente acrítica y ahistórica”. El marco teórico definía a la sociedad salvadoreña como “una formación económica-social capitalista dependiente”, añadía que se debía investigar “el comportamiento de las clases sociales, en su expresión y articulación concreta, como fuerzas sociales” implicadas en el conflicto que vivía el país. Al ser un país capitalista, la educación forzosamente tenía que ser “un mecanismo ideológico de alienación de la conciencia social y en un proceso de transmisión de valores y conocimientos útiles, a la reproducción del sistema” (Secretaría de planificación universitaria, 1986: 7 y 10).
El planteamiento revelaba una contradicción histórica en el quehacer universitario “por una parte, representar y encarnar las ideas más avanzadas de su época; y por la otra, servir de institución donde se han formado los representantes de las clases dominantes, y en ese sentido ser reproductora de la ideología dominante en nuestra sociedad” (Universidad de El Salvador, 1988: 73). El Proceso de reforma curricular en curso, pretendía resolver ese problema convirtiendo a la Universidad en “agente de transformación de nuestra injusta sociedad, y como conciencia crítica que haciendo uso de la ciencia y la cultura pone toda su racionalidad al servicio de los intereses del pueblo salvadoreño” (Universidad de El Salvador, 1988: 77), con lo cual la institución sería una “Universidad popular, democrática, libre y humanista”. Dicho proceso partía del diagnóstico, luego había que definir “un modelo educativo integral” (currículo), en un tercer momento modificar la estructura académico-administrativa, simultánea con un programa de capacitación docente en desarrollo curricular.
Una investigación publicada en 1986, parecía confirmar la necesidad de una reforma curricular dado que “El currículo vigente… no es adecuado para el conocimiento de la realidad nacional”, esa que el diagnóstico refería como una “una formación económica-social capitalista dependiente”, portadora de contradicciones irresolubles. Además, señalaba que los planes y programas “no responden a la realidad social, económica y educativa demandada”. Lo cual era un problema ya que formaba profesionales con mentalidad individualista que no estarían en disposición y capacidad de proponer los cambios pertinentes (González, 1986: 84).
Las fuentes consultadas no permiten establecer hasta qué punto se había avanzado en el proceso de reforma. Pero sí establecer el tipo de pensamiento que predominaba en la Universidad, y que estaba en sintonía con el proyecto revolucionario de izquierda. El artículo en cuestión sugería un impasse entre el posicionamiento institucional y del movimiento estudiantil, y lo que realmente se estaba haciendo en las carreras. No se tiene mayor evidencia para profundizar en el tema.
En todo caso, la reforma no avanzó. A inicios de 1990, el rector Argueta Antillón, que había estado detrás del proyecto, publicó un editorial muy sugerente. Decía que “siguiendo los signos de los tiempos” presentó unos lineamientos para una “mayor democratización de la Universidad”. Antillón decía que el derrumbe del Muro de Berlín era con toda propiedad “el símbolo de la crisis y del fracaso de un modelo socialista”, y se preguntaba ¿Cuál es el futuro del tercer mundo y de los movimientos de liberación”? (Argueta Antillón, 1990: 6).
Antillón reconocía que diferentes factores externos e internos habían obstaculizado la reforma universitaria y el cambio curricular. “No desestimamos los esfuerzos que organismos de gobierno, autoridades y gremios universitarios hemos realizado por la democratización; pero tampoco podemos desconocer… las desviaciones como el sectarismo, el oportunismo y la ideologización de gran parte del quehacer universitario”. Estaba desencantado de la democracia universitaria, y por ello proponía a la comunidad universitaria una serie de lineamientos para lograr “una mayor democratización” de la institución.
Pugnaba por la libre organización de estudiantes, docentes y administrativos. Pedía a los gremios de estudiantes, docentes y trabajadores “revisar sus fines, sus políticas, sus instrumentos y sus métodos de lucha; esto a fin de propiciar una mayor apertura que permita el libre juego de ideas y, eventualmente, una mayor base social” y consideraba conveniente que convocaran a elecciones, a fin de que tuvieran más legitimidad y credibilidad. A los partidos políticos y fuerzas sociales les recordaba que “la Universidad no puede hacer política partidarista” (Argueta Antillón, 1990: 7). Es plausible pensar que el último punto se refería al FMLN, que desde 1980 era la fuerza política con mayor influencia en la UES. Por último, pedía al Gobierno, “cambiar las relaciones de confrontación por relaciones de cooperación”.
En otras palabras, Antillón, que siempre estuvo cercano al PCS, estaba proponiendo su “Perestroika universitaria”. El planteamiento era atrevido pero realista, y podía estar determinado por los cambios Este-Oeste, por las dificultades que la reforma había encontrado, pero también porque su mandato estaba finalizando. Antillón no lo dice, pero es claro que había estado trabajando en una reforma que iba a contracorriente de la historia. Hasta qué punto la Universidad estaba dispuesta a la “Perestroika” se podría establecer estudiando la gestión de Fabio Castillo, que asumió la rectoría en 1991 y que también era consciente de los cambios en curso. Y a Castillo no le fue nada bien en su segundo rectorado.
Fuentes
Althuis, P., Wilt, H. d., y García Ramirios, C. (1985). Diagnóstico de la Universidad de El Salvador. La Universidad (1), 13-131.
Argueta Antillón, J. L. (1990). Hacia la mayor democratización de la Universidad de El Salvador. La Universidad (1), 5-8.
González, N. M. (1986). El currículo vigente en la Universidad de El Salvador y el desconocimiento de la realidad nacional. La Universidad (02), 77-107.
Secretaría de planificación universitaria. (1986). Propuesta para la formulación y ejecución del nuevo plan del proceso educativo de la Universidad de El Salvador. La Universidad (2), 11-33.
Universidad de El Salvador. (1988). La reforma curricular: paso de avance hacia la universidad que necesitaremos en el futuro.La Universidad (6), 73-77.
Historiador, Universidad de El Salvador