Es bien conocida la importancia del año 1979 en la historia salvadoreña. El golpe de Estado del 15 octubre puso fin a 17 años de gobiernos del PCN e inició un proyecto de reformas que buscaba quitarle banderas políticas a la izquierda revolucionaria. La proclama de la Fuerza Armada consignó la realización de la reforma agraria, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, amén de otras disposiciones de orden político y social. Como contexto del golpe se tenía el desgaste político del gobierno de Carlos Humberto Romero, que había sido incapaz de darle una salida política a los problemas de país, y que también fracasó en controlar el creciente accionar de la guerrilla y sus frentes de masas. La represión de Romero contra la oposición fue muy fuerte, pero no pudo quebrar la voluntad política de la izquierda.
1979 fue también un año decisivo en la historia de la Universidad de El Salvador, pero ha sido opacado por otras efemérides más reconocidas, como la intervención de julio de 1972, la masacre estudiantil de julio de 1975 o la toma del campus de 1980 que se prolongó por cuatro años. La importancia de 1979 no radica en acciones gubernamentales en contra de la institución. Por el contrario, en ese año la injerencia gubernamental se redujo considerablemente y el rumbo de la institución pudo depender más de la comunidad universitaria. A la distancia de los años, nos hace falta una reflexión profunda sobre las decisiones tomadas.
Desde marzo de 1977, la UES había estado sometida al estricto control del CAPUES, que atacó a la organización estudiantil e impuso una censura muy fuerte al cuerpo docente. Instauró una especie de policía universitaria e incluso llegó a establecer cercas y garitones para controlar los desplazamientos dentro del campus. A pesar de ello, a menudo había choques violentos al interior, casi siempre entre estudiantes organizados y policías. Como parte de esa conflictividad, el 16 de septiembre de 1977, un comando de la guerrilla asesinó al rector Carlos Alfaro Castillo.
Poco tiempo después hubo una serie de altercados entre estudiantes y policías universitaria que terminaron en actos de violencia. Estos hechos de este tipo eran frecuentes y reflejaban una tensión acumulada. En uno de ellos estuvo involucrado el decano de economía, doctor Carlos Rodríguez, quien reclamó a los policías por agredir a unos estudiantes de ingeniería que demandaban una audiencia para tratar problemas académicos. La discusión subió de tono, pero al final los policías se retiraron. Poco tiempo después, el 18 de septiembre de 1978, Rodríguez fue asesinado cerca de la Universidad. El hecho conmocionó a la comunidad universitaria y al país. No es que la violencia fuera extraña en la UES, pero había el antecedente del reciente altercado de la víctima con los policías universitarios por defender a los estudiantes.
El escándalo obligó a una investigación; primeramente, se dijo que los asesinos eran policías universitarios, algo que la opinión pública daba por hecho. El problema era saber si habían actuado por iniciativa propia o había alguien detrás. Más tarde se supo que el decano de la facultad de Jurisprudencia y ciencias sociales y otras autoridades estaban involucrados. El decano renunció pocos días después. Era inevitable que los cuestionamientos no alcanzaran al CAPUES.
El repudio por el asesinato de Rodríguez provocó una ola de protestas, que fue iniciada por los docentes de economía y humanidades. En la medida en que las protestas aumentaban se unieron los estudiantes. Pero también la prensa comenzó a presionar. El problema desbordó el ámbito universitario y los cuestionamientos llegaron al gobierno, ya bastante agobiado por la violencia guerrillera y sobre todo por su incapacidad para controlar las acciones de calle de las organizaciones sociales. Acorralado como estaba, al gobierno de Romero no le convenía una escalada de protestas en la Universidad. La asamblea legislativa derogó el decreto de creación del CAPUES y reformó la ley orgánica a fin de facilitar la transición, pero también para prevenir excesos una vez se asumiera la autonomía.
El año 1979 comenzó de manera muy positiva. Se instaló el Consejo Directivo Provisional que rápidamente organizó comisiones de trabajo y preparó la elección de los órganos de gobierno colegiados, a la vez que se anulaba muchas de las abusivas disposiciones del CAPUES. Por unos meses, la UES vivió una especie de “primavera democrática”, en ocasiones ensombrecidas por el radicalismo de las organizaciones estudiantiles. Eduardo Badía fue elegido rector. Era un hombre de pensamiento moderado y muy preocupado por el declive académico de la Universidad. En apariencia era el hombre indicado para conducirla, pero rápidamente fue desbordado por la politización imperante y renunció a finales de julio. Badía fue muy diplomático al hablar sobre las causas de su renuncia; se limitó a hablar de ingobernabilidad.
Menos comedido fue Ellacuría; para él no había duda que el problema estaba en la excesiva politización de las organizaciones estudiantiles. En los últimos años, una alianza entre FUERSA y UR-19 había desplazado a las organizaciones estudiantiles afines al PCS, a las que acusaban de colaboracionistas, revisionistas y claudicantes. Pero la alianza se quebró rápidamente y el radical UR-19 logró copar la AGEUS. A través de ella presionó, no solo para obligar a Badía a renunciar, sino que maniobró para que meses después se eligiera a Félix Ulloa como rector.
Para entonces, el UR-19 apostaba decididamente a la revolución. Los temas académicos eran marginales en sus preocupaciones; esto queda claro al revisar sus documentos y publicaciones. Sus apuestas eran la lucha de clases y la revolución, incluso al interior de la Universidad. En la sociedad, la lucha de clases contraponía los intereses de la burguesía y la clase obrera; en la Universidad, los de los docentes y autoridades con los de los estudiantes. Estos se reconocían “privilegiados” y en una especie de “descargo de conciencia” pretendían acercarse a las clases trabajadoras — obreros y campesinos —, llamados a ser los protagonistas de la revolución.
En diciembre de 1979, Félix Ulloa asumió la rectoría de la UES; en los pocos meses de su mandato, la Universidad se comprometió de lleno con el proyecto revolucionario. En su discurso de toma de posesión afirmó que asumía un mandato, que era la “reorientación de nuestra Alma Mater. Reorientación que buscará identificar nuevamente la institución con el pueblo”. Luego se refirió a las condiciones políticas del país y al golpe de estado del 15 de octubre. “Deberemos tener claro que, en la actual situación, toda apertura democrática se convierte en una retranca para el avance del pueblo hacia su liberación definitiva”. Señalaba que la exacerbación de contradicciones en la política nacional, “tiene que alimentar y acelerar el proceso de desarrollo de las organizaciones populares y masivas; así como el de implementar una estrategia que se imponga a la contrarrevolución… la Universidad debe tener clara su responsabilidad y compromiso con el pueblo salvadoreño”. (El Universitario, 18/12/79, p. 3).
De ahí en adelante, la historia de la UES es bien conocida. Fue absorbida por la vorágine política que vivía el país y terminó claramente alineada con el proyecto revolucionario. No debiera olvidarse que lo que se conoce como “comunidad universitaria” es un ente complejo y contradictorio. En aquel entonces, es claro que las organizaciones estudiantiles, había sido copadas por las diferentes organizaciones político militares. Para finales de 1979, el trinomio UR-19, BPR y FPL se habían impuesto. El sector docente estaba dividido, algunos habían optado por la militancia revolucionaria, pero otros guardaban distancia. En el caso de las autoridades, pareciera que había dos determinantes: había clara simpatía con la revolución y a veces militancia, pero también fueron sometidas por la presión de las organizaciones estudiantiles. No hubo mayores conflictos con el gobierno. Romero tenía demasiados problemas que atender, y la primera Junta Revolucionaria de Gobierno tenía presencia de izquierda y era más moderada; eso cambiaría en los meses siguientes.
Hay dos momentos en que los estudiantes marcaron la agenda de las autoridades universitarias: 1970, posterior a la huelga de áreas comunes, y 1979, el año que inició con la ilusión de una vuelta al pluralismo y terminó en un viraje al radicalismo. Las fuerzas de derecha vieron en ese giro la excusa perfecta para atacar con más brutalidad a una institución cada vez más incómoda; la intervención militar de 1980 era solo cuestión de tiempo.
PD: en estos días se cumple un aniversario más del asesinato del doctor Carlos Rodríguez, un hombre correcto y universitario comprometido. Lastimosamente, ha sido borrado de la memoria universitaria. Sean estas líneas un modesto homenaje.
Historiador, Universidad de El Salvador