Por Así se titula un libro que contiene una compilación de trabajos de Rafael Menjívar, ex rector de la Universidad de El Salvador. El título hace alusión a dos hechos acaecidos en el mes de julio y que tuvieron nefastas consecuencias para la Universidad: la intervención del 19 de julio de 1972 y la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Ambos hechos están grabados en la memoria universitaria. Eso es necesario y debe conservarse, justamente para que hechos así no vuelvan a repetirse. Sin embargo, eventos como esos no acontecen espontáneamente; son manifestaciones dramáticas de procesos más profundos que deben conocerse y analizarse, a fin de lograr una interpretación más precisa y de mayor capacidad explicativa. Al hacerlo se verá cómo la historia universitaria está estrechamente asociada con la del país.
El denominador son los procesos de reforma que arrancaron en la década de 1950 para El Salvador y en la de 1960 para la UES. En ambos casos soplaban aires de modernización y apuestas por el desarrollo. Eran tiempos de cambio en todo sentido. En lo económico se buscó la industrialización, la ampliación de la agricultura de exportación y la integración económica regional. El ambiente político se distendió. En el plano cultural se cuestionaba el colonialismo; la música retaba el orden establecido; los jóvenes querían cambiar el mundo, aunque no supieran exactamente cómo. Incluso en el bloque soviético asomaban intentos de apertura como lo atestigua el caso checoslovaco, tempranamente abortado por la invasión del Pacto de Varsovia.
La reforma universitaria arrancó en 1963. Era un ambicioso proyecto que concitó apoyos de instancias nacionales e internacionales. Se apostaba a la democratización de la educación superior, entendida como la ampliación de la oferta educativa a los sectores populares. Hasta entonces, la universidad solo era accesible a las clases altas y media. Se construyó la ciudad universitaria, con la colaboración obreros, estudiantes y docentes en jornadas de trabajo voluntario. Más tarde vinieron las residencias estudiantiles, programas de becas, comedor universitario, atención de salud. Un componente clave fue el programa de áreas comunes, que buscaba crear un pensamiento humanista, social y científico común a todos los estudiantes, el cual sería la base que soportaría una formación profesional comprometida en la solución de los problemas del país.
La convivencia estudiantil generó nuevas formas de sociabilidad; jóvenes provenientes de diferentes lugares del país, de distintos estratos sociales y con inquietudes académicas diferentes convivían por dos años en áreas comunes y se encontraban en diferentes actividades académicas y culturales; y es que la UES tenía también una interesante oferta de teatro, música y cine. Hacia 1967, la reforma parecía haber superado su etapa inicial; a posteriori se buscaría su consolidación.
Para la elección rectoral de 1967, se comenzó a ver los resultados de los cambios impulsados. El grupo gestor de la reforma venía siendo apoyado por estudiantes vinculados al Partido Comunista (PCS) a través de la Federación de Estudiantes Universitarios Revolucionarios (FEUR), que se alió con la Federación Socialista Democrática (FSD). El movimiento socialcristiano estudiantil que se había formado unos años antes creció de manera impresionante. Rechazaban el verticalismo del PCS, tenían un pensamiento cristiano renovado en el marco del Concilio Vaticano II y conocían la experiencia del catolicismo progresista chileno. En ciertos temas tenían planteamientos más radicales que la FEUR. Quizá, como una forma de provocación a los comunistas, llevaron como candidato a vicerrector a Alejandro Dagoberto Marroquín, intelectual de izquierda que había tenido recurrentes diferencias con el PCS. Al final ganó, la FEUR, pero se hizo evidente que la Universidad cambiaba no solo en lo académico, sino en lo político.
En 1970, estalló la huelga de áreas comunes. Fue el primer cuestionamiento serio a la reforma, que tocaba además el programa estrella de esta. Inició con protestas por una reprobación masiva en un examen de física, pero rápidamente se expandió a otras cuestiones. Los estudiantes resentían que áreas comunes bloqueaba sus aspiraciones. El nivel de exigencia provocaba reprobaciones, peor aún, aprobar el programa no significaba el ingreso inmediato al área diferenciada. De repente, el movimiento cuestionó no solo el programa, sino a la docencia y las autoridades. La aparente espontaneidad, recuerda otras movilizaciones que se expandieron velozmente, por ejemplo, Mayo 68 inició en Nanterre, una universidad de segundo orden, pero de un día para otro pasó a La Sorbona y de ahí a las calles parisinas. Se notaba el ímpetu y la impaciencia de los jóvenes.
Un punto que se tiende a obviar es que la fuerza del movimiento erosionó el orden institucional de la Universidad. Las asambleas abiertas se pusieron de moda, así como los juicios públicos a los docentes, inicialmente por problemas en las clases, luego por desavenencias político-ideológicas. El resultado fueron las destituciones ilegales, avaladas por las autoridades universitarias, en una actitud conciliatoria que anuló el debido proceso. Flores Pinel se refiere a ello como “alumnocracia” en la UES; la primera purga docente no la realizaron los militares. Al final se acordó realizar un congreso de áreas comunes con miras a reformarlo; ciertamente durante unos meses se trabajó en ello y de una manera tan fuerte que bien puede hablarse de una reforma a la reforma. Sin embargo, de manera abrupta y en la antesala de un nuevo proceso electoral, Áreas comunes fue cerrado en junio de 1971.
A nivel de país, la situación se había complicado desde la guerra con Honduras en 1969. El PCS enfrentaba fuertes disputas internas; Cayetano Carpio renunció al partido y fundo las FPL en abril de 1970. Los socialcristianos universitarios vivían sus propios debates, a diferencia del PCS no tenían una estructura orgánica para procesar las diferencias; la opción de lucha armada ganaba adeptos, especialmente después del fraude en las presidenciales de 1972. Pero algunos habían roto amarras antes; en febrero de 1971 fue secuestrado y posteriormente asesinado Ernesto Regalado Dueñas. El hecho conmocionó al país y al gobierno. Regalado no era el típico oligarca reaccionario, era un joven empresario de pensamiento progresista y modernizante. Rápidamente, las investigaciones policiales apuntaron a estudiantes universitarios. Hubo capturas, pero las investigaciones no prosperaron. Pero la ola represiva fue tal, que prácticamente desbandó al grupo ligado al hecho.
Para la derecha, La Universidad ya era sospechosa de albergar comunistas y guerrilleros, el secuestro de Regalado parecía confirmar la sospecha. Eso, más la creciente turbulencia política que vivió la institución en el marco de las elecciones rectorales de 1971, convenció al nuevo gobierno de que había que actuar. Y es que, en el proceso electoral, fue evidente el creciente radicalismo político estudiantil que apoyaba la candidatura de Rafael Menjívar, que enfrentó la oposición del sector profesional y de parte del docente más conservador. El proceso de alargó, al punto que, en cierto momento, los estudiantes cambiaron el modo de votar: se pasó a voto público, que en un entorno tan caldeado tenía implicaciones obvias. De ese modo fue electo Menjívar, pero el sector profesional presentó una demanda en la Corte Suprema de Justicia que fue aceptada.
Hay fuentes que sugieren que la intervención a la Universidad se venía preparando con antelación, quizá desde el secuestro de Regalado. Los problemas internos de la UES ayudaron a “justificar” la acción, al menos ante los ojos de algunos. Incluso el rector Menjívar sabía lo que venía, al punto que intentó negociar en la Asamblea Legislativa una salida menos traumática. Pero los dados estaban echados. Cuando se dio el asalto, los militares no tuvieron en cuenta, la pluralidad de la izquierda universitaria y los juntaron bajo el denominador común de comunistas. El grupo de trabajo de Menjívar era muy diverso; en el avión que los llevó al exilio iban comunistas, socialcristianos, liberales progresistas. De ahí en adelante, cada quién cogió su rumbo político. Menjívar afianzó sus vínculos con las FPL y terminó asesorando a Cayetano Carpio, para luego distanciarse de las FPL y dedicarse al trabajo político diplomático y más tarde a la academia.
El gobierno de Molina, de talante más autoritario y represivo que los anteriores, pensó cortar el problema universitario, sin tener un plan para hacerlo. Se formó una “Comisión normalizadora” que entendió que su misión estaba concluida cuando vio cierta normalidad en la institución, la cual era solo aparente. Por el contrario, la intervención había convencido a muchos de que el futuro del maíz transitaría por la vía armada, único camino que parecía factible. El proyecto militar reformista ya estaba en crisis, aunque esta no hubiera alcanzado aún su punto más alto.
Historiador, Universidad de El Salvador