Por Actualmente se debate una propuesta de ley de educación superior elaborada en CAPRES, pero que, para llenar las formalidades de procedimiento, fue presentada a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Educación. Varios expertos han hecho observaciones a la propuesta; habrá que ver si esta vez los legisladores estudian la propuesta, se asesoran debidamente y escuchan a las partes involucradas, a fin de mejorar la ley. La importancia del tema demanda una discusión plural y abierta.
Se ha señalado una omisión preocupante: la ley prácticamente ignora la existencia de la Universidad de El Salvador; la deja como una universidad más, ignorando que es la única universidad pública del país y la más antigua, que más de un tercio de los estudiantes universitarios estudian ahí, y que la constitución le confiere autonomía. Esta omisión es coherente con la manera como el actual gobierno ha tratado a la Universidad. Pero no debiera olvidarse que ya existe una propuesta de nueva ley orgánica de la UES y que aún no se ha presentado a la Asamblea. Posiblemente, en esa ley se perfile con más claridad la posición del gobierno respecto a la UES.
La autonomía de la UES ha sido reconocida desde la constitución de 1950, pero ha sido limitada en varias ocasiones, como sucedió en la década de 1970. Manuel Rodríguez Lapuente afirma que “La autonomía es la forma mediante la cual la sociedad moderna busca resolver la relación —conflictiva en su esencia— entre el Estado y la universidad; es decir, entre el poder político y la cultura”. El planteamiento de Rodríguez alude a una cuestión de fondo. La autonomía universitaria puede entenderse como la libertad de la institución en el ámbito académico, pero también abarca su financiamiento. Es bien sabido, como año con año, la UES presenta al ejecutivo una propuesta de presupuesto, la cual pasa a las instancias correspondientes y fatalmente se le termina asignando un presupuesto menor a lo solicitado.
Ese problema está condicionado por varios factores: la disponibilidad de recursos, la importancia que cada gobierno le asigne a la educación y las relaciones que la Universidad (o sus autoridades) puedan tener con el ejecutivo. Mientras la Universidad no tenga otros mecanismos que garanticen un porcentaje del presupuesto nacional para su financiamiento, sus posibilidades de desarrollo serán precarias. Aparece aquí una tensión recurrente entre el Estado, que es el principal proveedor de fondos para la UES, y que tiende a la centralización y el control, como queda en evidencia en el borrador de la nueva ley de educación superior, y la necesidad de la Universidad de hacer valer su autonomía en pleno sentido.
Este es un problema de larga data. A inicios de la década de 1960, Rudolf Atcon, un académico estadounidense de pensamiento liberal, planteaba sin ambages que “Autonomía significa la no intervención del Estado en la administración financiera, académica y científica de la universidad”. Sin embargo, rápidamente acotaba que, en el caso latinoamericano, la universidad “no puede ser nunca solamente autónoma sin ser también nacional”, lo cual la coloca en una condición “privilegiada”, pero a la vez de gran responsabilidad, pues debe servir a la sociedad de las cual recibe sus recursos humanos y financieros.
Este problema anterior a menudo es soslayado en ambos lados. El Estado “disminuye” la autonomía de la Universidad no asignándole los recursos financieros que requiere, o dándoselos a cuenta gotas, como hace el actual gobierno. Pero también, la Universidad, no optimiza el uso del presupuesto disponibles. Varios indicadores dejan ver ese problema; por ejemplo, la relación número de estudiantes por trabajador administrativo de la UES es de las más altas del país, pero la eficiencia de los servicios administrativos y el trabajo de conserjería dejan mucho que desear.
El problema de la autonomía está directamente relacionado con la forma de gobierno. La ley orgánica de la UES lo regula cuidadosamente. Esta data de 1999, y fue elaborada en el contexto de la posguerra. Acorde a las inquietudes de la izquierda de entonces, tiene una marcada prevención contra los ejecutivos fuertes, ya sea rectoría o decanatos. Por el contrario, da mucho margen de acción a los órganos colegiados, ya sea Asamblea General Universitaria, Consejo Superior Universitario, o Junta Directiva a nivel de Facultad.
En dicha ley, el poder de los órganos colegiados sería un indicador de una democracia robusta. La intención pudo ser buena, pero en la práctica ha mostrado serios vicios y debilidades. Limita considerablemente la capacidad de acción del ejecutivo, que necesita constantemente de la aquiescencia de los órganos colegiados, lo cual puede conducir al inmovilismo. En la UES todo se negocia, desde la elección de autoridades hasta la distribución del presupuesto. En principio la negociación es positiva, pero fácilmente degenera en clientelismo; es decir se negocian los votos a cambio de algo. Se negocia, pero no siempre de la mejor manera.
Pero hay un componente perverso en la conformación de los órganos colegiados. Los candidatos a los puestos ejecutivos hacen campaña, presentan sus planes de trabajo y esto permite a los electores -docentes, estudiantes y sector profesional- hacer una valoración de sus propuestas para decidir a quién darán su voto. Esto no ocurre en los órganos colegiados. Por ejemplo, el caso de representantes del sector docentes, las elecciones se hacen en unas tediosas asambleas -ejemplo perverso de una democracia de lo más primitiva- en donde los grupos en disputa proponen candidatos que se conocen en ese momento y que nadie sabe cuál será su línea de trabajo, una vez lleguen a su cargo. No adquieren ningún compromiso, tampoco dan cuenta de su gestión, pero “en virtud de la democracia” de los órganos colegiados terminan decidiendo el rumbo de la institución.
Autonomía, financiamiento, forma de elección de autoridades son temas fundamentales que la comunidad universitaria debiera discutir serenamente. Hoy día se tiende sobre la institución el fantasma del autoritarismo y el populismo y pareciera que no hay conciencia de ello. La identidad universitaria es débil, y lo que persiste de ella se fraguó en las décadas de 1970 y 80 cuando las amenazas provenían de los regímenes militares inmersos en la turbulencia de la Guerra Fría. Los tiempos han cambiado, las amenazas son otras. Se debe defender la autonomía, en cuanto garantice la libertad académica, pero hay cosas que deben cambiar; ojalá por iniciativas internas y no por la vía de la imposición estatal.
Historiador, Universidad de El Salvador