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Abogada
Una de las recomendaciones prioritarias para el Estado salvadoreño es aumentar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata sexual y laboral buscando sanciones para los traficantes condenados, lo que debería implicar sentencias de prisión significativas.
El Salvador logró avances notables en la lucha contra la trata de personas, lo que llevó a su ascenso al Nivel 2 este año. Así lo reveló el reporte mundial sobre Trata de Personas publicado el 24 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Uno de los esfuerzos clave de El Salvador ha sido procesar con éxito a más sospechosos y aumentar las investigaciones. El gobierno ayudó de manera proactiva a más víctimas, aumentando la capacitación de los funcionarios de primera línea sobre identificación y derivación de víctimas.
Como testimonio de esos avances contra la trata de personas, recientemente un equipo salvadoreño, conformado por una fiscal y tres agentes policiales fue reconocido a nivel mundial como el mejor caso de éxito por la investigación de un caso de explotación infantil.
Por otra parte, el reporte detalla que el Gobierno de El Salvador no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos. El gobierno demostró un aumento general en los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior.
Estos esfuerzos incluyeron procesar a un número significativamente mayor de presuntos traficantes, iniciar más investigaciones, asistir a más víctimas y aumentar la capacitación a los funcionarios de primera línea en la identificación y referencia proactiva de víctimas.
El gobierno mejoró el acceso a la justicia para las víctimas de trata que se encuentran fuera de la capital al ampliar el mandato de sus Unidades Especializadas de Atención a Mujeres, Niños y Adolescentes incluyendo el delito de trata.
El gobierno amplió las medidas para advertir a los posibles trabajadores migrantes sobre prácticas de reclutamiento fraudulentas y para educar a la población sobre los riesgos de la trata en el sector turístico.
El gobierno salvadoreño no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave, a diferencia del año pasado, los tribunales no condenaron a ningún traficante. El gobierno arrestó y detuvo a miles de presuntos miembros de pandillas bajo cargos de asociaciones ilícitas, desmantelando redes criminales que alimentaban la trata sexual y laboral.
Sin embargo, las autoridades arrestaron y detuvieron a niños afiliados a pandillas sin evaluar posibles indicadores de trata. En general, los servicios para las víctimas fueron inadecuados y particularmente insuficientes para niños, hombres y víctimas LGBTQI+.
Una de las recomendaciones prioritarias para el Estado salvadoreño es aumentar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata sexual y laboral buscando sanciones para los traficantes condenados, lo que debería implicar sentencias de prisión significativas.
Incrementar la financiación y disponibilidad de servicios especializados basados en el trauma para todas las víctimas de trata, incluidas las víctimas LGBTQI+, adultos y niños, establecer y financiar un fondo de compensación para las víctimas.
Permitir que las autoridades y la población remitan a las víctimas potenciales directamente a proveedores de servicios gubernamentales o no gubernamentales sin necesidad de una referencia previa a la policía o a la fiscalía.
Aumentar e institucionalizar la capacitación anti-trata para la policía, funcionarios de migración, personal de los CAM, fiscales y jueces, enfocándose en procedimientos centrados en las víctimas y basados en el trauma.
Proporcionar servicios de reintegración y apoyo de largo plazo para las víctimas y extender los servicios de protección a testigos más allá de la duración de un juicio, particularmente para las víctimas que testifican contra miembros de grupos criminales organizados.
Mejorar la coordinación interinstitucional y la recopilación de datos para documentar, compartir y analizar información sobre los esfuerzos contra la trata y reformar la ley anti-trata de 2014 para incluir una definición de trata de personas consistente con la ley internacional.
Abogada y defensora de derechos humanos.