Por Para efectos de regular malas conductas y hábitos desastrosos de ciertos ciudadanos, está bien que se busque castigar severamente a los que irresponsablemente manejan un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol o las drogas, del mismo modo a todos aquellos que se disputan las vías públicas con altas velocidades, en la que ponen en riesgo la vida de otras familias. Dicho sea de paso, muchas son las historias de personas que han muertos junto a sus hijitos, por estos malos ciudadanos que son un cafre al volante, dejando a su paso destrucción y muerte.
Ahora bien, las reformas aprobadas el 20 de diciembre recién pasado a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial con las que se incorporó el sistema electrónico de fotomultas y un aumento a los montos de las multas por infracciones de tránsito, así como la reforma al Código Penal (Artículo147-E) y al Código Procesal Penal, donde se modifica el numeral 2 del inciso primero del artículo 38 que permite ampliar el Delito de Conducción Peligrosa, es decir, que cuando haya fallecidos en un accidente de tránsito producto de un irresponsable, aunque se concilia siempre se tendrá que pagar con pena de prisión.
En ese contexto se comenzaron a detener a varios ciudadanos algunos con mas de 100 grados de alcohol en la sangre y otros con una cantidad menor, en otras palabras, aplicaron con rigor las referidas reformas sin que éstas fueran publicadas en el Diario Oficial, tal como lo advierte el Art. 140 de la Constitución, que dice con claridad que para que una ley de carácter permanente entre en vigencia en toda la República de El Salvador debe promulgarse y publicarse y ocho días después de la publicación entran en vigencia, de modo que, aunque se coloque en el decreto que su vigencia es el mismo día de la publicación, todo ello es ilegal.
Porque una ley especial o secundaria jamás está por encima de la Constitución; además de ello, el Art. 15 de la Constitución establece el principio de nulo crimen o nula pena, sin ley previa, el cual dice así: “Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley”.
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Entiendo que algunas funcionarios y diputados estaban repitiendo que por ser una ley de orden público no necesitaba publicarse ni nada por el estilo, para que entrara en vigor; ciertamente, todo ello es una falacia de magnitudes épicas, jurídicamente hablando, ya que una ley de orden público, al igual que el Régimen de Excepción, debe cumplir los parámetros del Art. 29 de la Constitución, es decir, que un decreto o ley de orden publico solo puede promulgarse ante un desastre natural, guerra o terremoto, y en virtud de esta circunstancia es que se impositiva su publicación en el Diario Oficial, pero en el caso de las reforma de tránsito o al delito de la conducción peligrosa, no son decretos de orden público; por lo tanto, los agentes de tránsito debieron ceñirse a lo que dice el imperio de la Constitución. De modo que todas las detenciones en ese contexto son arbitrarias.
Aclaro: no estoy defendiendo a ningún borracho irresponsable. Mi posición es jurídica.
Pero lo que es peor que a estas personas detenidas por conducción peligrosa les aplicaron el Régimen de Excepción, es decir, que han pasado detenidos alrededor de nueve días. Esto grave es un Estado de Derecho, por cuanto les han violado sus garantías constitucionales, el acceso a un debido proceso y a una legítima defensa, lo que raya con la gravedad y llega a lo ridículo la detención de Mariano Fernando Herrera, ciudadano norteamericano, por negarse a hacerse la prueba de alcotest.
@Jaime_RO74