Por Sigfrido Reyes, quien como presidente de la Asamblea Legislativa (2011 y 2015) ha sido sujeto de múltiples críticas en mis columnas, ahora hizo algo que solo puedo aplaudir: Puso la pervertida justicia salvadoreña en la mira del sistema internacional de justicia. En la democracia, el sistema de justicia es la última defensa del ciudadano contra abusos del Estado. En dictaduras, es al revés: La justicia es el método para subyugar a los ciudadanos y perseguir a los opositores. Por eso, la comunidad internacional ha creado el sistema de justicia internacional: para proteger nuestros derechos.
Que yo sepa, Reyes es el primer ciudadano salvadoreño que ha llevado su caso a la justicia internacional. Puso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH.
Son ocho derechos que le han sido vulnerados, consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (que es ley válida en El Salvador). No los voy a enumerar todos. Me concentro en el reclamo central de Reyes: La violación de su derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, consagrado en el art. 24 de la Convención.
Sigfrido Reyes enfrenta dos juicios en El Salvador: uno penal, en el cual se decretó su detención (que no se efectuó, ya que goza de asilo político otorgado por el gobierno mexicano) - y otro civil. Ambos se derivan de un examen que la Sección de Probidad de la Corte Suprema hizo de sus declaraciones patrimoniales.
No sé si Reyes es culpable de enriquecimiento ilícito o de lavado de dinero, como sostuvo el fiscal Raúl Melara y luego el fiscal Rodolfo Delgado. Esto debería juzgar una corte. Pero para que lo juzgue una corte, esta tiene que ser independiente y actuar respetando los derechos que nos garantizan la Constitución y el Derecho Internacional. Este es el problema. En El Salvador ya no hay justicia independiente. La justicia está politizada y utilizada como instrumento de persecución política. El reciente informe de la CIDH lo certifica.
¿Cómo sustenta Reyes que le están violando el derecho a la igualdad ante la ley?
- El primer examen que la Sección de Probidad entregó al pleno de la Corte Suprema de Justicia certificaba que en las cifras documentadas por Reyes no había ninguna irregularidad.
- Pero los magistrados de la CSJ ordenaron al director de Probidad que corrigiera el examen. En este punto tengo que explicar que Sigfrido Reyes, desde su cargo de presidente legislativo, se convirtió en el adversario y crítico más feroz de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tanto de la Sala de los llamados ‘magníficos’, como de la electa en el año 2018. Ambas Salas habían detenido importantes medidas del gobierno del FMLN. Yo casi siempre tomé partido de los magistrados en este conflicto con el gobierno del Frente. Pero sí había indicios de cierta arrogancia en los magistrados. ¿Hubo también malicia y venganza, por ejemplo en el caso de su adversario Sigfrido Reyes? Veamos los hechos:
- Probidad corrigió el examen y certificó irregularidades por un monto de $113 817.
- La jurisprudencia de la CSJ ha sido la siguiente: si un funcionario documenta una diferencia considerable entre sus ingresos y sus gastos - o sea un superávit, una disponibilidad financiera, y si el monto de sus gastos supuestamente irregulares (gastos que no pudo documentar de cómo los financió) es mucho menor que el superávit, entonces no hay caso de enriquecimiento ilícito. Esta fue la jurisprudencia establecida. Fue aplicada in muchos casos antes de que en el caso de Sigfrido Reyes la CSJ decidiera no aplicara. Sigfrido tenía un superávit de $756,284. El monto reclamado fue de $113,817. Entonces, según la jurisprudencia, no había caso, ya que Reyes tenía suficiente disponibilidad financiera para sufragar estos gastos.
- La Corte Plena rechazó el examen de Probidad y aumentó las presuntas irregularidades a $373 183. Pero esta cifra fue todavía considerablemente menor que el superávit de $756,284, que Reyes tenía. Según la propia jurisprudencia de la CSJ, no existía enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la CSJ certificó indicios de enriquecimiento ilícito y mandó el caso a una cámara civil. Luego la fiscalía, presentó acusación penal.
- Hay que agregar que a esta altura, el nuevo presidente Nayib Bukele ya ejerció presión pública sobre la CSJ de procesar a Sigfrido Reyes y otros adversarios políticos de él.
“¿Por qué”, pregunta Reyes, “hicieron una excepción solo conmigo, para luego regresar a la práctica según la jurisprudencia? Esto viola la igualdad ante la ley.” Tiene razón. ¿Estoy apoyando a Sigfrido Reyes? Estoy defendiendo la ley y el debido proceso.
Siendo las cosas así, Sigfrido Reyes tiene un fuerte argumento para señalar que los procesos contra él tienen un pecado de origen: La decisión arbitraria de la Corte Suprema de darle a él un trato especial, contrario a la práctica común. Este es el origen de una persecución jurídica injustificada, violando el principio de la igualdad ante la ley. En el contexto político de los hechos (incluyendo la presión política del presidente Bukele), es inevitable sospechar que esta persecución jurídica es de carácter político. En varios casos de otros funcionarios (incluyendo Guillermo Gallegos, Ana Vilma de Escobar, José Domingo Méndez y otros), Probidad detectó irregularidades, pero ante un margen suficiente de superávit la Corte no los mandó a perseguir.
Viendo la jurisprudencia y viendo las cifras en el caso Reyes, no existe enriquecimiento ilícito. Y si no existe enriquecimiento ilícito, no puede existir lavado de dinero.
Ojo: Con esto no certifico que Sigfrido Reyes sea libre de pecados, pero sí que los juicios contra él no tienen un origen legal. Tienen un origen claramente violatorio al principio de la igualdad ante la ley. Por tanto, Reyes tiene razón de demandar sus derechos ante la justicia internacional, ya que en El Salvador ya no prevalecen.
Alguien tenía que dar este paso. Es esencial que todos los partícipes del sistema de justicia salvadoreño -jueces, magistrados, fiscales, defensores, acusados- sepan que hay una justicia internacional que puede corregir los abusos de la justicia salvadoreña.
El hecho que este tratamiento especial sólo se está dando a declarados adversarios políticos del gobierno (por ejemplo, Rodolfo Parker o Lorena Peña), sólo confirma las sospechas.
Cierro este artículo con palabras, que sobre el caso ha pronunciadoDiego García-Sayán, el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados:
“Me preocupa especialmente el acoso judicial contra Sigfrido Reyes y su familia.”
“Estos procedimientos judiciales no tienen ningún fundamento jurídico; parecen formar parte de una estrategia sistemática de persecución de los opositores políticos a través de investigaciones y causas penales que tienen por objeto intimidar, desacreditar y aniquilar políticamente a los partidos políticos de la oposición y sus dirigentes. Esto es completamente inaceptable en una democracia”.
Periodista.