Por Ante las reiteradas denuncias de organizaciones locales, organismos internacionales y personas particulares de las violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños que constantemente están ocurriendo, los funcionarios del gobierno de Bukele, afirman enfáticamente que en el país no se violan los derechos humanos lo que el impuesto Fiscal confirmó al enviar al archivo los cientos de denuncias de salvadoreños afectados, porque no encontró delito alguno. (Lo mismo dijo Poncio Pilato en el juicio contra Jesucristo: “No encuentro en Él, delito alguno”).
Y lo confirma el Ministro de Seguridad anunciando que los capturados durante el régimen de excepción, deberán esperar dos años para enfrentar una audiencia de hasta de 900 personas. Una afrenta a los derechos de tantos miles de detenidos inocentes, que deben guardar prisión por 24 meses, dejando a su familia en abandono. Y sin ninguna certeza de que recibirán cumplida justicia. ¿Y las denuncias de familiares de reos del régimen sobre cobros hasta de $1,500 por visitar a un privado de libertad?
Las declaraciones de un técnico que participó en la construcción de la megacárcel explican que está diseñada para albergar la mitad de los 40 mil reos que las autoridades presumen que resguardará el recinto. Y que en el video de 31 minutos transmitido durante la inauguración, sobre la existencia de talleres, estos son inexistentes, y que se trató de un montaje. Que no existen comedores para los reclusos, que deberán comer en sus celdas y sobre los catres. Que los catres no tienen colchonetas ni sábanas, que aunque son de tamaño individual (90 cms) deben albergar dos presos cada uno.
Las celdas sin luz natural ni ventanas que permitan el ingreso del sol o aire. Sólo tragaluces, celosías y techos curvos permiten la ventilación. Las condiciones sanitarias parecen ser graves pues cada una cuenta con dos excusados, sin lavamanos ni duchas, más dos pilas de concreto para lavar sus escasas pertenencias. La construcción de la cárcel considerada “del primer mundo” no cumple con ninguno de los 4 principios esenciales que propone el Comité Internacional de la Cruz Roja. “No causar daño. Mantener un nivel máximo de normalidad. Promover la salud y el crecimiento personal. Mantener el vínculo con la sociedad”.
Y los derechos humanos también son inexistentes para los afectados con las expropiaciones, cada vez más frecuentes, que la DOM realiza para proyectos que califica de utilidad pública. Las quejas de todos los agricultores que fueron despojados de sus propiedades para la construcción de la mega cárcel. Sin estudios previos de daño ambiental, aunque se contaminaron varios ríos por las aguas residuales del CECOT. La destrucción de una de las zonas más fértiles del país, el Valle de Jiboa y el dolor de los propietarios que perdieron el esfuerzo de años de trabajo, como el caso del agricultor al que incautaron 21 manzanas de cítricos.
Esta semana, se supo que la DOM había expropiado un terreno en El Mozote a una familia que había perdido varios parientes en la masacre, a la que el bukelismo no le ha dado ninguna importancia, despreciando el dolor de las familias afectadas. A pesar de la negativa de los propietarios, allí se construirá una planta de tratamiento de aguas, y les guste o no les guste, recibieron por sus tierras la miseria que al gobierno le dio la gana. Sin embargo, las autoridades siguen desoyendo las quejas del pueblo, de organizaciones locales y organismos internacionales exigiendo el respeto a los derechos humanos. Eso aquí no vale y solo existe la voluntad del mandatario y sus funcionarios. ¡Sólo nuestro patrono, el Divino Salvador del Mundo, cuya fiesta celebramos hoy, nos puede salvar!
Maestra.