Por El sábado anterior, en sesión plenaria extraordinaria y a solicitud del presidente Bukele, fue aprobado un régimen de excepción después que el mismo sábado se registraron 62 asesinatos en el país, el día más violento en el gobierno de Bukele, el más violento en 20 años.
El régimen de excepción faculta la suspensión temporal de derechos como la libertad de reunión, derecho a defensa, el plazo de la detención administrativa podrá ser de hasta 15 días, prorrogable y se permitirá la intervención de las comunicaciones sin que sea autorizado por un juez.
De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, estas disposiciones aplican en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público.
El incremento de asesinatos es una de las medidas de presión que las pandillas han usado en el pasado y siguen utilizando, estos aumentos repentinos ponen en duda la eficacia del Plan Control Territorial, al que el gobierno atribuye la disminución de asesinatos desde que Bukele gobierna El Salvador y pone en entredicho un posible rompimiento de una nueva tregua.
Ante esta situación defensoras/es de derechos humanos hemos manifestado, al igual que organismos internacionales la preocupación de posibles violaciones a derechos humanos de la población, a la fecha se han realizado más de 2,000 arrestos con solamente ser sospechoso de todo, se han realizado cateos en zonas militarizadas. Estos cateos se le han hecho hasta a mochilas infantiles, pero aquí no termina todo.
Comunidades cercadas que limitan la libre circulación de las personas incluso para desplazarse a sus sitios de trabajo, familiares buscando a capturados sin recibir información de las autoridades, agresiones a fotoperiodistas que cubrían las acciones de la Fuerza Armada, que está mostrando su fuerza bruta ante la población, al estilo de la extinta guardia nacional, al estilo Mano Dura 2.0.
Un Estado de Excepción en ningún país atrae inversiones, turismo, no vende bonos y no sube las calificaciones para los préstamos internacionales. El espejismo de Surf City y Bitcoin City se desvanece con acciones como estas. La comunidad internacional está atenta a todo lo que está pasando en el país.
Con el agravante que el presidente ha arremetido con tuits contra la comunidad internacional, la Comunidad Internacional no lo apoyará si existen indicios importantes, documentados con investigaciones fiscales, que su gobierno tiene un pacto con pandillas, además no extradita a líderes como el “Blue” y “Manicomio” a EE.UU., y tiene a muchos de su gabinete en la lista ENGEL. Y ahora la suma de violaciones a derechos humanos. Pero por supuesto el show debe continuar siempre.
Hacer turismo en un país con régimen de excepción no es una buena (nueva) idea, los turistas no se sienten cómodos o seguros con militares por todos lados, eso no les gusta. En otros años, en esta época, las autoridades promovían turismo interno para Semana Santa, considero que esta estrategia es un disparo en el pie que se está dando el gobierno.
¿Quién quiere “hacer turismo” con soldados y retenes en las calles? Ni siquiera Surf City podrá salvarlos y además está botando la gran inversión en publicidad que han realizado para promover al país como un destino seguro y además visibiliza el desigual trato que se le da al “pueblo” y a los bitcoiners que visitan el país.
Un mal panorama se asoma con el actual régimen de excepción, las sanciones internacionales en materia de derechos humanos son tan contraproducentes para todas/os aunque la gente piense que no. Estamos en un verdadero régimen de decepción.
Abogada y defensora de derechos humanos.