Por Sobre la prórroga al régimen de excepción:
Si algunos aún dudaban de si las circunstancias del 25 y 26 de abril pasado tendrían las características de excepcionalidad requeridas constitucionalmente para imponer un régimen de excepción, la prórroga del mismo confirma que la militarización de la seguridad pública se ha consolidado y será permanente.
Evidencia que ante la mostrada inefectividad del llamado plan Control Territorial, el gobierno necesita permanentemente contar con la restricción de garantías y derechos para tratar de sostener la percepción de que está actuando frente a la criminalidad común y que la población tenga la sensación de ello.
Sin embargo, la cantidad de atropellos cometidos durante estos 30 días son incontables, principalmente por el temor de las víctimas y familiares a denunciar, expuestos a represalias y flagelo social en redes virtuales saturadas por la oficialidad . Al igual que el plan Control Territorial, no se verán resultados sostenibles a mediano ni a largo plazo.
VER: Asamblea Legislativa amplía el régimen de excepción por 30 días más
El gobierno está gastando un recurso que en la Constitución y normativa internacional se establece con claridad que debe ser utilizado como una última opción, el menor tiempo posible e inmediatamente levantado en cuanto las condiciones por la que supuestamente fue inevitable implementarlo hayan disminuido.
Con esta nueva prórroga se ratifica la violentación a la Constitución de la República y se avecinan nuevas violaciones a los derechos humanos, un costo que al gobierno no le preocupa pagar en función de sostener su imagen ante una población cada vez más temerosa, orillada a someterse o a huir, como ya lo han hecho 22 mil 300 salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos tan solo en el primer trimestre de este 2022.
Celia Medrano, defensora de derechos humanos