Por "El que nada debe, nada teme”, un dicho cuya simpleza es solamente rebasada por su universal conocimiento e interpretación. Expone una idea bastante sencilla: las personas inocentes no deben temer ninguna clase de castigo. Ahora bien, no hace falta ni dar media vuelta al pasado para ver lo poco fiel a la realidad que es este dicho.
Ahora bien, ¿por qué hablamos de todo esto? Desde el inicio del gobierno actual, las políticas de seguridad pública se han anunciado y publicitado bajo esta premisa de que solo las personas culpables deben temer por las acciones del gobierno, pero ¿es esto verdad? Nadie niega, es más, sería ingenuo negar, la culpabilidad delictiva y la corrupción de muchas personas y/o entidades en el país. Sin embargo, en El Salvador, ¿puede una persona totalmente inocente no temer por las repercusiones por parte del gobierno por un crimen que no hizo? Para responder a esta pregunta, hay que plantear una nueva serie de preguntas.
Primero, ¿es usted opositor activo, popular e influyente del gobierno actual? Si la respuesta es sí, temerle al gobierno aun siendo inocente es bastante entendible. El discurso que se maneja en presidencia es uno que demoniza la oposición y que la tacha de criminal, ignorante y perversa.
Cualquier persona con una idea distinta a la del gobierno actual y con una voz lo suficientemente fuerte como para ser escuchada y tomada en cuenta puede sentirse expuesta a las acciones, no solo del gobierno, sino también a la de sus seguidores. Y no hablamos de políticos cuya corrupción ya ha sido comprobada, sino de periodistas, funcionarios públicos, activistas y empresarios que en reiteradas ocasiones han tenido que lidiar con el acoso del gobierno y sus simpatizantes a pesar de no cometer ninguna ilegalidad, por el simple hecho de pertenecer a la oposición.
Segundo, ¿es usted una persona común y corriente cuya imagen y comportamiento no agrada a las autoridades? Durante los últimos meses, dada la implementación del régimen de excepción, muchas personas inocentes han recibido maltratos policiales, arrestados o incluso juzgados injustamente. Si bien el gobierno y muchos de sus seguidores admiten y justifican estos hechos bajo un daño colateral, si bien no intencional, pero sí necesario; el estado de excepción debería tener como objetivo el agilizar los procesos de arresto sin sacrificar el derecho fundamental de la inocencia. Muchos dirán que arrestar a personas inocentes es un pequeño sacrificio necesario y que no pasará mucho antes de que sean liberadas; sin embargo, eso no quita lo fundamentalmente deshumanizante que puede ser para una persona inocente ser sometida a esa clase de experiencias. No son pocos los casos de personas que han sido detenidas por las autoridades sin justa razón para luego ser agredidos verbal o físicamente, o ser detenidos por razones como llevar tatuajes o simplemente vivir en una zona conflictiva. Hágase la pregunta, si usted fuese detenido por la policía o el ejército, ¿se sentiría seguro?
Es obvio que todos los gobiernos, incluso los más democráticos, funcionan, en parte, a base de miedo, imponiendo castigos a los habitantes que obren mal. Sin embargo, en el momento que el gobierno tergiverse la definición de lo que es realmente castigable y fomente una cultura de autoridad violenta, ¿realmente no tenemos nada que temer?
Estudiante, miembro del Club de Opinión Política Estudiantil (COPE).