Por Después de dos años del anuncio de la aplicación de una medida de carácter extraordinaria y temporal, como es el régimen de excepción, y del inicio de la aplicación a las reformas a la legislación penal que atentan contra la presunción de inocencia y el derecho de defensa, entre otras garantías del debido proceso, el Estado salvadoreño evade sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al sostener estas medidas como el principal en su estrategia de seguridad.
La suspensión de derechos que de acuerdo con los estándares internacionales deben garantizarse bajo cualquier circunstancia, como el derecho a un juicio justo, el principio de legalidad en materia penal, y la prohibición de la tortura y de la discriminación, son acciones que no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia, ni contexto.
Esta decisión del estado salvadoreño ignora las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos señaladas por organizaciones de la sociedad civil salvadoreña, desestima los llamados de atención y preocupación expresados por mecanismos regionales y universales quienes han insistido en la crisis de derechos humanos generada por la desproporcionalidad de las medidas y el nuevo marco legal.
“La persistencia del gobierno de Nayib Bukele en mantener el régimen de excepción, la adopción de medidas desproporcionadas, y la negación, minimización y ocultamiento de las graves violaciones de derechos humanos denunciadas, revela su falta de voluntad para cumplir con su deber de respetar y promover los derechos humanos en el país. Además, demuestra su incapacidad para diseñar medidas integrales de largo plazo que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad, sin forzar a la población a elegir entre seguridad y libertad”, dijo Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional.
Hasta febrero de 2024, movimientos de víctimas, organizaciones de derechos humanos locales y reportes de medios registraron 327 casos de desapariciones forzadas, más de 78,000 detenciones arbitrarias, con un total de aproximadamente 102 mil personas privadas de libertad en el país, una situación de hacinamiento carcelario del 148% aproximadamente, y al menos 235 muertes bajo custodia estatal.
Se suma la precarización y el aumento del riesgo que en este contexto sufren las personas defensoras y cualquier voz disidente o crítica, ante la instrumentalización del régimen para criminalizarlas, organizaciones locales dan cuenta de 34 casos, la última el de una madre buscadora, Verónica Delgado capturada el pasado 11 de marzo de 2024, quien obtuvo medidas sustitutivas a la detención provisional.
La tendencia del Estado Salvadoreño a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores, tanto nacionales como internacionales, con respecto a las graves violaciones que se han documentado en El Salvador, sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele podría haber una profundización de la crisis.
De no corregir el rumbo, la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse, provocando un aumento en las ya alarmantes cifras de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad.
“Sin ningún tipo de evaluación y contrapeso al interior del país y con una respuesta tímida de parte de la comunidad internacional, se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos como la violencia y la criminalidad, de manera aparentemente sencilla. Sin embargo, no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal. Las autoridades salvadoreñas deben centrar la respuesta estatal en políticas integrales y respetuosas de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones de largo plazo”, dijo Ana Piquer.
Abogada y defensora de derechos humanos.