Por El desmoronamiento del andamiaje del Tribunal Supremo Electoral ha evidenciado el descalabro estrepitoso de un proceso eleccionario casi único, que marca un antes y un después; una campaña masiva sin competencia alguna en todos los medios radiales, televisivos, redes sociales y casas encuestadoras que de ante mano daban como triunfador al partido oficialista Nuevas Ideas,
Luego de finalizado el cierre de juntas receptoras de votos el presidente Bukele se declaró vencedor en las presidenciales con un triunfo absoluto y en las legislativas proclamó haber obtenido 58 escaños,
El ego se elevó en todos sus seguidores, pero el lastre del proceso comenzó a salir a luz cuando aparecían papeletas de votación tiradas fuera de los centros de votación, que no le eran favorables al oficialismo o que ya habían sido suplantadas y rellenadas por dedos externos a los titulares del sufragio. De igual manera aparecieron bolsas transparentes que contenían cantidades de Documentos Únicos de Identidad (DUI).
Dichos hallazgos mostraron al mundo que algo anormal se había gestado y que el proceso electoral libre e independiente había cambiado las reglas específicas de la voluntad popular.
El vuelco de funcionarios del Ejecutivo a los centros de votación y escrutinio no se hizo esperar, y tenían razón, su jefe no podía quedar como mentiroso ante sus adeptos.
Los partidos contendientes, no conformes con los resultados, se pusieron al frente con la exigencia de que el Tribunal Electoral revirtiera el conteo inicial y se volvieran a contar los votos. A regañadientes la presidente del TSE acepto y al finalizar nuevos diputados y sorpresivamente los de siempre menos una había alcanzado la curul.
La composición legislativa estará vestida de tres colores finitos, celestes, azules y verdes quienes de hoy en adelante decidirán el estilo de vida a modelar por los salvadoreños y los extranjeros que ingresen al país,
Mientras tanto, el estado de excepción sigue cobrando víctimas inocentes. El número de asesinados por tortura, desnutrición, falta de atención médica aumenta a 234 víctimas mortales. Sobre estos crímenes el fiscal general de la Republica ha manifestado públicamente que no hay delitos que perseguir, es decir, que el Decreto 333 del régimen de excepción les otorga absoluta impunidad.
El acceso a la justicia y trato justo a las víctimas les está vedado absolutamente y, por lo tanto, sus derechos fundamentales por igual.
Una de las características fundamentales del régimen del presidente Bukele es la captura y desaparición forzada, que, de acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el Derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.
La legislación nacional podrá establecer circunstancias atenuantes para quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a reaparición con vida de las víctimas o den voluntariamente informaciones que permitan esclarecer los casos de desaparición forzada por el régimen de excepción del régimen de gobierno del presidente Bukele.
Los secuestros seguidos de desaparición forzada constituyen delitos de lesa humanidad y sus actores serán perseguidos por el Derecho Penal Internacional donde quiere que huyan y se asienten.
Abogado
Socorro Jurídico Humanitario.