Por Muchas personas están siendo capturadas, detenidas, sin claros y comprobados vínculos con estructuras delictivas. La mayoría de ellas son jóvenes, muchas mujeres, que viven en zonas denominadas de alto riesgo, con nivel de escolaridad bajo.
Las actuales políticas en materia de seguridad y aunado al vigente estado de excepción en el país responden a un enfoque clasista y racista. Ha vuelto en todo su esplendor el derecho penal de autor, esto tiene que ver con realizar las capturas de las personas de acuerdo a cómo lucen, cómo se ven, la posible arbitrariedad de calificación subjetiva de las autoridades sobre todo en los territorios.
En la actual situación que está atravesando el país las violaciones a derechos humanos específicamente en el ámbito procesal y a principios universales del derecho como el derecho a la defensa y otros, no solucionan esta situación, sino que solo profundizan su gravedad.
Las soluciones que se requieren para que sean efectivas, necesarias y proporcionales deben ser apegadas a los derechos humanos, en este caso las soluciones que se han dado generan abusos y arbitrariedades para la población sobre todo aquella que está en situación de vulnerabilidad.
A la fecha varias organizaciones de derechos humanos han recibido denuncias públicas de abusos por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, además éstas están acompañadas de discurso de odio, que estigmatizan, atacan a defensores/as de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de comunicación.
Con esto se está tratando de deslegitimar al mensajero para deslegitimar el mensaje. En este sentido perdemos todos porque la labor que realizan tanto defensores de derechos humanos como periodistas es un parámetro de un país que respeta el Estado de Derecho y que se encuentra en camino a una sociedad más justa e igualitaria.
El plan que se está aplicando en estos momentos es un espejo de los muchos planes que se implementaron en gobierno anteriores, plan mano dura, súper dura, y ha quedado demostrado que son medidas fallidas para atacar la violencia porque no atacan factores de riesgo o fortalecen los de protección, sino que solamente son acciones reactivas, represivas.
No existe, nuevamente en el país, una política integral de seguridad ciudadana que lleve todos los ejes necesarios y también garantice los enfoques de derechos humanos y de atención a víctimas. Nuevamente estamos estancados en materia de seguridad, no basta con la disminución de homicidios, no basta con eso.
El gobierno salvadoreño actual ha hecho en tiempo récord lo que el gobierno en Venezuela hizo en diez años: desmantelar todo el sistema de garantías de protección a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Todo esto genera un esquema general de abusos y violaciones a derechos en toda materia, en toda jurisdicción.
Las políticas actuales no protegen, sino que ponen en peligro a la población en general, incluyendo a los niños y niñas. Las reformas legales aprobadas violan estándares internacionales de derechos humanos y de protección a derechos de la niñez y adolescencia. Poco a poco el país se está aislando de la comunidad internacional y logrando un reproche a varios niveles y de diferentes países.
Se necesita pronunciamientos contundentes de OEA, Unión Europea, Naciones Unidas sobre las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país y también de los gobiernos de la región, debe haber condena unánime sobre lo que esta sucediendo.
Hay que pronunciarse sobre los tratos crueles, inhumanos y degradantes; las violaciones al debido proceso, el derecho de defensa, la aplicación del derecho de autor porque ahora muchos son los siempre sospechosos de todo.