Por La historia política y social de los últimos 100 años de El Salvador está marcada por golpes de Estado, gobiernos autoritarios, represión y masacres, una guerra civil y por una etapa “democrática” iniciada con los Acuerdos de Paz, pero que no llegó a consolidarse. Esta última etapa puede ser caracterizada en términos políticos como un “multipartidismo” con el predominio de 2 partidos: ARENA y FMLN, que entre ambos gobernaron 30 años (1989-2019).
En 2019 fue electo Nayib Bukele, y sus electores creían que algo nuevo emergía rompiendo la hegemonía de las dos fuerzas, hasta entonces mayoritarias. Desde entonces hay dos fechas importantes que marcaron un retroceso en la historia de nuestra democracia: el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente irrumpió en la Asamblea con el Ejército para exigir la aprobación de un préstamo para el Plan de Control Territorial; y el 1 de mayo de 2021, fecha de la toma de posesión de la actual Asamblea Legislativa y en donde se destituyeron y reemplazaron ilegalmente al fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Ambos actos no hicieron más que confirmar el carácter autoritario del presidente y despejaba toda duda del tipo de régimen por el que El Salvador transitaría hasta el día de hoy: el rompimiento de la separación de poderes como uno de los principios básicos de la democracia, el uso de la Fuerza Armada y la PNC para reprimir voces opositoras, y la opacidad en la ejecución del presupuesto. A esto se añade una lista amplia de promesas incumplidas, un pacto confirmado con las pandillas, capturas arbitrarias, espionaje, corrupción, etc.
Entonces ¿es necesario resetear nuestra democracia?
Algunos dirán que “la medicina es amarga”, otros dirán que “el que nada debe, nada teme” o que “la oposición quiere volver a gozar de privilegios” intentando justificar lo que El Salvador está viviendo, quizá porque la situación de pobreza y desesperación es tal que a mucha gente le da igual si llega al poder un gobierno no democrático. Sin embargo, hay voces que difieren de la narrativa del gobierno y otros que ya están viviendo las consecuencias.
A unos y a otros les pregunté recientemente en Twitter: “¿Qué es lo primero que habrá que revertir cuando empiece la nueva etapa democrática del país?” En un intento por resumir la gran cantidad de respuestas las he clasificado de la siguiente manera:
1) las que piden inmediatamente un “Ctrl + Z”, es decir un borrar todo lo hecho por el régimen en cuanto a leyes y destrucción de la institucionalidad;
2) las que piden que se deduzcan responsabilidades y se castigue por las capturas y muertes durante pandemia y el régimen de excepción, por la gran corrupción, por la imposición ilegal de jueces, magistrados y fiscal; y
3) las que piden acciones de largo plazo, empezando por reformar la Constitución y diferentes instituciones como el Ejército, PNC, CSJ, Corte de Cuentas, PGR, PDH, IAIP, TSE y Asamblea con el fin de asegurar la separación de poderes, la transparencia y la protección de derechos fundamentales. Además, hay quienes sugieren se deberían revisar los requisitos de candidatos a un cargo de elección popular, y analizar la adopción de un sistema parlamentario.
Pareciera que la respuesta a la pregunta con la que inicié este artículo es un rotundo SÍ. La coyuntura actual es perfecta para resetear nuestra democracia y nos obliga a revisar los fundamentos más básicos de un régimen [la democracia] que, con sus imperfecciones, sigue siendo el mejor en el que podríamos vivir. La pregunta siguiente es: ¿cuándo iniciará esa nueva etapa democrática y qué la provocará?
Consultor en políticas públicas y desarrollo.