Por El presidente de la República bien pudo iniciar el régimen de excepción desde su interior, es decir, primero limpiando la casa y luego enseguida sin dilación la de los demás, pero no fue así, como siempre sucede.
A 13 meses la medida excepcional arroja cifras de capturas, torturas y muertes incalculables, por lo impreciso de la información y el régimen de silencio absoluto impuesto por el gobierno del presidente Bukele. Datos publicados por las diferentes redes sociales dan cuenta de 134 decesos producidos durante el régimen de excepción, ya que datos oficiales al respecto están en estricta confidencialidad.
El Instituto de Medicina Legal, dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia, que lleva los registros de fallecidos, tiene prohibido proporcionar información al respecto, lo cual violenta el derecho a años familiares de ser informados sobre los decesos de sus seres queridos. Ocultar está información constituye una flagrante y grave violaciones a los derechos humanos de los familiares encarcelados ARBITRARIAMENTE.
Los hechos, registrados al margen de una aparente legalidad atribuida en el Decreto número 333, están dejando más dudas que respuestas, más incertidumbre que certeza, más inseguridad que seguridad, más amenazas que paz, más desempleo que empleos, más los costosos gastos de alimentación de familiares de los detenidos, erogaciones onerosas mensuales que se acercan a los $200 dólares mensuales por cada preso. Más pobreza y la delincuencia no amaina.
En otra parte, oficialmente el gobierno señala en sus informes de un enorme cantidad de detenidos, en su mayoría perfilados e identificados plenamente con las tres agrupaciones delictivas que operan en todo el país. Digamos que hasta ahí todo va en sintonía con la estrategia de guerra contra el terrorismo de las pandillas. Las grandes interrogantes todavía por aclarar van en el sentido siguiente:
A los capturados arbitrariamente, que suman aproximadamente 20,000 personas, entre hombres y mujeres de distintas edades, no se les está siguiendo el debido proceso judicial y, por consiguiente, sin garantías judiciales, lo que implica padecer procedimientos contaminados. Y los jueces saben bien de este flagelo, pues tienen que partir de evidencias inventadas en perjuicio de las libertades fundamentales de los injustamente procesados.
¿Cuál es el objetivo principal del régimen del presidente Bukele al negar el derecho de cada imputado a ser representado por abogados en el ejercicio libre de su profesión? ¿Cuál es la razón fundamental para negar el principio de presunción de inocencia máximamente a las personas ARBITRARIAMENTE encarceladas?
Lógicamente no las responderán oficialmente por el grado de violación al principio de legalidad y presunción de inocencia de los ARBITRARIAMENTE procesados.
En el caso del derecho a ser informados, ¿por qué se niega el derecho a sus hijos, hijas, esposas, esposos, convivientes, padres y abuelos saber de ellos, el lugar en que se encuentran, la causa o acusación individual en su contra? No existe argumento validado por mucho que quieran ocultarlo las autoridades del régimen.
Si bien una de las características de un régimen de excepción es el corte definitivo de toda comunicación con la persona detenida, no significa que el secuestro de personas sea el medio adecuado para contener a los criminales organizados.
Vistos los acontecimientos que fluyen como ríos caudalosos arrastrando lo que encuentra a su paso, también encuentra un muro en el cual van quedando al desnudo los destrozos familiares y sociales causado.
Miles de seres humanos son convertidos en víctimas del régimen por creaciones de delitos falsos tanto por agentes policiales y militares, y otros por venganza personales conforman el número tan alto de personas inocentes en las cárceles.
El ABSOLUTISMO como política pública de gobierno está demostrando su verdadero rostro bajo la sombra del régimen excepcional que ya se convierte en un Estado arbitrario.
Las personas detenidas, además de ser arrastradas a las peores formas de tratos crueles e inhumanos en los centros de detención arbitrarios, son castigadas encerrándolas con los más acérrimos criminales, quienes arremeten de manera libertina amén de los directores y custodios que los vigilan.
Entonces, ¿dónde está la verdad y quiénes tienen derecho a saberla, y quiénes tienen la obligación de establecerla en honor a la dignidad y legitimidad de la persona? Los jueces ahora sin rostros, actuando como verdugos en nombre de la justicia, proceden igual o peor a la delincuencia organizada, con la agravante de que conociendo la ley y la omiten se constituyen en criminales de lesa humanidad contra la misma humanidad de sus mismos hermanos salvadoreños.
Los inocentes asesinados dentro de las cárceles por las mismas bandas de delincuentes que asesinaron a diestra a cuántos se les ocurrió, lo siguen haciendo dentro de las celdas.
El régimen del presidente Bukele carece de humanidad y entereza de la dignidad humana, pero tiene la obligación constitucional, política y moral de corregir sus graves errores y desde luego delimitar la función investigativa hasta alcanzar a los verdaderos responsables de tanta violencia en el país.
El ABSOLUTISMO Y LA ARBITRARIEDAD únicamente nos conducen a vivir en un país sin leyes al servicio de los vulnerables, sin garantías de respeto a la dignidad, humana, condenados a la miseria y represión social y política. Evitar la violencia institucionalizada es responsabilidad del gobierno, garantizar la seguridad pública es deber del Estado. Derechos Humanos de todos, para todos.
Socorro Jurídico Humanitario.