Por Llevamos varios meses sumergidos en un sinfín de sucesos y hechos que muchos han “normalizado” aunque éstos resulten pocos sensatos y comprensibles. Traigo a colación un anuncio político que aparenta ser “normalizado” cuando éste debería ser contundentemente rechazado. Me refiero a la intención de reelección presidencial que ha expresado el actual presidente. ¿Por qué debería “normalizarse” un acto que viola la Constitución de la República en al menos cinco artículos? ¿Qué hace falta para que como sociedad nos neguemos con fuerza ante tal aberración? Es importante dejar de “normalizar” lo que cualquier persona con cinco dedos de frente entiende que está mal y que resulta dañino para nuestro país.
El Salvador históricamente ha sido un país en el que la impunidad prevalece, pero preocupa de sobremanera cómo el actual clima político ha crispado tanto a nuestra sociedad, a tal punto que la cultura de la impunidad se ha vuelto demasiado común. En palabras sencillas: se han “normalizado” los abusos de poder, la corrupción y la impunidad política. Sin duda alguna este es un efecto entrañado en la acumulación de poder de quien hoy gobierna. La y el ciudadano han asimilado que el poder político de hoy en día no tiene contrapesos, poco o nada se puede hacer frente a ello y de esa forma se "normaliza" –con camisa de fuerza– los abusos y la impunidad cotidiana.
Este pasado 14 de febrero, desde el seno de la Asamblea Legislativa, en medio de la aprobación de la undécima prórroga del régimen de excepción, el director de la Policía Nacional Civil emitió una peligrosa y alarmante declaración: “El policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”.
Es realmente preocupante como los altos mandos de las fuerzas policiales han “normalizado” los abusos que ellos mismos cometen. Tales palabras generaron un total descaro y un temor latente en la ciudadanía. Tristemente así es como ellos reparten la justicia, así es como ahora funciona el sistema, así están las cosas en El Salvador.
Han pasado casi dos años desde que la actual Asamblea Legislativa le diera un golpe al sistema judicial, cortándole la cabeza a la Corte Suprema de Justicia con la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Desde aquel momento se empezaron a “normalizar” los actos ilegales. Se “normalizan” sentencias impuras, se “normalizan” aberrantes interpretaciones de la ley y se “normalizan” actos que favorecen únicamente a un plan dictatorial. Es tanto lo que se ha “normalizado” de los abusos de poder, que muchos ni se dan cuenta que El Salvador ya vive en una dictadura.
Es importante tener claro que cuando los recursos del Estado son utilizados y comprometidos en favor de la perpetuación del poder de una o un grupo de personas, en ese momento es cuando la dictadura ya se ha instalado. Esto último es ya el caso de El Salvador. No hay matices, no hay dudas, es una realidad. El gran problema es que este sombrío panorama también se ha “normalizado”. Mantengamos presente que esta “normalización” de lo que verdaderamente no es correcto es un efecto colateral de la acumulación total del poder y del aparato de propaganda de la dictadura.
Desde la ciudadanía parte el reto de des-“normalizar” todas estas atrocidades cotidianas. No demos estos sucesos por sentado, cuestionemos, debatamos frente a lo que está aconteciendo. ¿O en verdad empeñaremos nuestra Patria sin poner resistencia? A partir de este momento pongamos atención a cómo en cada uno de nuestros entornos surgen conversaciones que “normalizan” distintos hechos que no están bien y que no deberían asumirse como una realidad de facto. Cada vez que eso suceda debemos intervenir y ayudar a des-“normalizar” todo aquello que no está bien. Esta es una tarea ciudadana muy sencilla, ayudemos a reflexionar al que tenemos al lado, que se cuestione a sí mismo: ¿es normal esto que está pasando en nuestro país?
Comunicólogo y político