Por PUESIESQUE…el régimen que nos desgobierna quiere conservar y extender el monopolio sobre el discurso nacional, buscando que únicamente su propaganda sea la que defina los temas que merezcan la atención mediática: como parte de ello, la dictadura está en línea de profundizar la represión contra el pensamiento crítico.
Así, uno de los temas cuyo debate el gobernó sabe perdido es la legitimidad de la candidatura del actual inquilino de Casa Presidencial (CAPRES), pues hasta el más zafio de los fanáticos del régimen sabe que en El Salvador la reelección presidencial inmediata está constitucional y legalmente PROHIBIDA: sostienen lo contrario porque buscan conservar los privilegios que les regalan, pero en realidad saben que aseguran lo contrario a la decencia, a la historia, a la Constitución y a la ley.
Como son plenamente sabedores de que la reelección presidencial inmediata es ilegítima, ahora buscan CALLAR a toda persona decente que, obligada por el deber ciudadano, se atreva a criticar la candidatura del actual presidente o, incluso, que se limiten a cuestionar, desde una perspectiva técnica, las estrambóticas excusas para justificar tal candidatura, que van desde “artículos escondidos” en la Constitución, hasta una extravagante decisión de usurpadores en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Así, la vicepresidencia de la República ha hecho público un texto que circuló el año pasado entre el Cuerpo Diplomático y en otros ámbitos, que bajo el infumable título “Análisis sobre candidaturas presidenciales para un segundo período consecutivo en El Salvador: La Constitución habilita la candidatura para un segundo período consecutivo”, repite las excusas para infructuosamente justificar la espuria candidatura del inquilino de CAPRES.
Sabemos, por experiencia, que cuando el título de un texto es muy largo, es que el contenido del mismo será muy malo, como efectivamente sucede en el caso de la publicación de la vicepresidencia, pero lo más llamativo de aquélla es que oculta el nombre de los autores del documento…¡ja,ja,ja!: imagínense, es tal la vergüenza y la deshonra que provoca participar en semejante bazofia jurídica, que hasta se ocultan sus progenitores.
En efecto, en lugar de consignar el nombre de los comediógrafos que han escrito, como diría un amigo migueleño, tal sancocho jurídico, en la publicación se dice que la autoría es de la “Unidad de Asesoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República”: la cobardía es tal que no se atreven a consignar los nombres de los autores, porque saben que es un oprobio participar en tal batiburrillo (conocemos el nombre de algunos de los partícipes, pero para que quede registro oficial de su intervención en esa chapuza, solicitaremos oficialmente información sobre la integración personal de la supuesta unidad de asesoría jurídica).
Pues en esa publicación, en una manifestación de bajeza intelectual y ruindad moral, el régimen establece, sin reparo, la siguiente amenaza: “En ese sentido la interpretación devenida de la sentencia de “Pérdida de derechos de ciudadanía 1-2021 de fecha 3 de septiembre de 2021” se encuentra vigente y mientras no sea modificada o superada por un nuevo criterio jurisprudencial, debe ser acatada por toda persona natural o jurídica, institución pública o privada, empleado, funcionario o autoridad civil y militar. Llamar a su no cumplimiento es llamar al cometimiento de un desacato y/o desobediencia, por lo tanto, hacer apología de un ilícito penal”.
Amén de que tal párrafo contiene una serie de distorsiones, entre muchas, asegurar que existe una sentencia, lo cual es falso; o sostener que la decisión de los usurpadores constituye un “nuevo criterio jurisprudencial”, lo que es una aberración; quizá lo más relevante es la cobarde intimidación dirigida a toda persona decente, anunciando que si alguien se atreve a cuestionar la candidatura para reelección presidencial, se utilizará todo el aparato represor del Estado, acusándolo de incurrir en delito y castigarlo con cárcel.
Ahora bien, hay que tener presente que la crítica o, incluso, el planteamiento de no cumplimiento de una decisión emitida por usurpadores judiciales no constituye, en ninguna forma, ni desacato, ni desobediencia, ni tampoco apología de delito, pero lo que en realidad busca el régimen -a través del vicepresidente- en enviar el mensaje de intimidación: como el régimen odia la capacidad técnica y el pensamiento crítico, lo que en definitiva busca es que el país no cuente con constitucionalistas, ya que si bien el ultimátum está dirigido al público en general, saben que toda persona con formación elemental en derecho constitucional está moral, ética y jurídicamente en el deber de cuestionar la pretendida reelección presidencial.
En línea con ese amenazante aviso, la semana pasada, la Asamblea Legislativa (AL) aprobó una reforma al Código Penal, para incluir como fraude electoral y sancionar con hasta 15 años de prisión a toda persona que “por cualquier medio impidiere u obstaculizare la inscripción de candidaturas cuando éstas cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de la materia (…)”.
Es evidente que con tal reforma se busca intimidar tanto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, en una epifanía constitucional, opten por votar por la no inscripción de la candidatura para la reelección presidencial, como a toda persona que exprese opinión contra tal candidatura: utilizarán el aparato represor del Estado para asegurar que tal clase de opinión constituye un “medio indirecto” para impedir u obstaculizar la inscripción de la candidatura.
Así que ya vemos cómo actúa el régimen antidemocrático: como sabe perdido el debate y no le gusta lo que decimos, ahora nos dice que “o te callas, o te meto preso”.
Abogado constitucionalista.
Abogado constitucionalista.