Lo dije el jueves vía X y lo reitero hoy: en este segundo periodo de gobierno, Nayib Bukele es un presidente ilegítimo, ya que su reelección fue inconstitucional.
Este sábado, en El Salvador, hemos presenciado la "coronación" de un populista autoritario disfrazado con ropajes democráticos.
La popularidad de un presidente, por más alta que sea, NO es un cheque en blanco para socavar la democracia y avanzar hacia el autoritarismo.
Una elevada popularidad no convierte jamás a un autócrata en un presidente democrático. En el mejor de los casos, lo convierte en un autócrata popular.
Por ello, los gobiernos que han participado hoy en el acto de juramentación de Bukele han evidenciado una grave falta de coherencia con los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
La presencia de presidentes como el argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa, sin justificar su incoherencia, era predecible hasta cierto punto, debido al alineamiento de ambos con la política de mano dura en materia de seguridad de Bukele.
Pero confieso que no logro descifrar qué hacía el Rey Felipe VI de España en este acto. ¿Sería acaso visto un gobernante con estas características como un mandatario con credenciales democráticos en la Unión Europea, de la cual España es miembro?
Igualmente preocupante y lamentable es el cambio radical de la posición del gobierno de Biden frente al autoritarismo de Bukele. No se trata de un simple acomodo a la realidad sino de un giro de 180 grados. De criticar abiertamente y con razón a Bukele por forzar la reinterpretación de la Constitución vía una Corte de lo Constitucional totalmente cooptada por el ejecutivo para lograr luz verde a su reelección inconstitucional, ha pasado a enviar una alta y nutrida delegación a la toma de posesión de este sábado, sacrificando democracia por cooperación en materia migratoria.
No es correcto acomodar los principios democráticos a la ideología, a los intereses, a la conveniencia o a la popularidad. Hay que ser consistentes, hoy más que nunca, con la defensa de la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y de la libertad de expresión.
Bukele lleva a cabo, aceleradamente y con apoyo popular, un desmantelamiento de la democracia, una fuerte concentración de todos los poderes, un debilitamiento del estado de derecho y un sometimiento de la justicia, un uso abusivo del estado de excepción, una violación a los derechos humanos y un acoso a los medios y periodistas críticos de su gestión.
Bukele incluso ha dicho, con descarado cinismo, que El Salvador se ha convertido, consecuencia del contundente triunfo obtenido en las irregulares elecciones del pasado mes de febrero, en "una democracia de partido único".
Frente a todo ello, ¿qué grado de coherencia refleja la participación de mandatarios, jefes de Estado y representantes de gobiernos avalando con su presencia el inicio de un mandato ilegítimo producto de una reelección inconstitucional?
Me pregunto: ¿qué autoridad moral tendrán estos gobiernos, a partir de ahora, para exigir apego a los principios democráticos y salir en defensa de la democracia, del estado de derecho y de los derechos humanos en los términos establecidos expresamente en la Carta Democrática Interamericana?
En conclusión, la reelección de Nayib Bukele representa una alarmante amenaza no sólo para la democracia en El Salvador sino para toda la región. Envía un peligroso mensaje: que si tienes apoyo popular tienes luz verde para desmantelar la democracia y reemplazarla por la “eficracia”.
La asistencia de líderes y representantes de la comunidad internacional en su toma de posesión no solo legitima una grave violación constitucional, sino que también mina los principios esenciales de la Carta Democrática Interamericana.
Es imperativo que la comunidad internacional reevalúe sus posiciones y actúe con coherencia y firmeza en defensa de los valores democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos. La historia juzgará con severidad a aquellos que, por conveniencia o alineamiento político, eligen ignorar las señales de autoritarismo en nuestra región.
Politólogo y jurista. Experto en elecciones, gobernabilidad y democracia. Global Fellow del Programa Latinoamericano del Wilson Center.