Por La diáspora salvadoreña en los Estados Unidos ha sido, durante décadas, un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de El Salvador pero también han contribuido a acumular riquezas y desarrollo en EEUU. Sin embargo, las políticas migratorias de la administración de Donald Trump han generado un clima de incertidumbre y persecución que afecta profundamente a esta comunidad. Las deportaciones, la limitación de actuación cotidiana de la población migrante son solo algunos ejemplos de las medidas que han puesto en riesgo la estabilidad y los derechos de miles de salvadoreños. En este contexto, la próxima visita del Presidente Nayib Bukele a los Estados Unidos representa una oportunidad histórica para abordar estos desafíos y defender los intereses de nuestra población migrante.
Es crucial que esta visita no se limite a gestos diplomáticos, sino que se traduzca en acciones concretas que beneficien a los salvadoreños en el extranjero y en casa. Entre las prioridades debe estar el reconocimiento de los aportes de aquellos migrantes que han vivido en Estados Unidos por más de una década, respetado las leyes, sin antecedentes penales y contribuido significativamente a la economía norteamericana. Proponer vías para la residencia permanente para estoscompatriotas no solo es un acto de justicia, sino también una forma de fortalecer las relaciones bilaterales y garantizar la estabilidad de familias que han echado raíces en suelo estadounidense.
Asimismo, es imperativo abogar por la residencia permanente para los beneficiarios del TPS, quienes durante más de 22 años han trabajado arduamente y contribuido al desarrollo de Estados Unidos. Estas personas merecen una solución definitiva que les permita vivir sin el temor constante de perder su estatus legal. Garantizar su estabilidad no solo beneficia a los migrantes, sino también a las comunidades donde han construido sus vidas.
Por otro lado, la cooperación bilateral debe enfocarse en la protección de los derechos humanos de los migrantes salvadoreños. Esto incluye garantizar el acceso a servicios legales, sociales y de salud, así como la creación de mecanismos que protejan a los más vulnerables frente a la discriminación y la explotación laboral. Además, para aquellos que regresan a El Salvador, es fundamental asegurar procesos de deportación respetuosos y desarrollar programas de reintegración que les permitan reconstruir sus vidas. Esto incluye acceso a capacitación laboral, microcréditos y apoyo psicológico, elementos esenciales para su inclusión económica y social.
En cuanto a los acuerdos de deportación internacional, es necesario que El Salvador adopte una postura firme. Si el país ha pactado con Estados Unidos recibir migrantes deportados de otras nacionalidades para ser repatriados a sus países de origen, se debe garantizar que estas personas no tengan conflictos sociales, culturales, religiosos o políticos en sus países de origen. Esto asegurará una repatriación segura y evitará que El Salvador asuma responsabilidades sobre derechos humanos que no le corresponden.
La visita del presidente Bukele debe ser un paso hacia la construcción de un futuro más equitativo para todos los salvadoreños, sin importar dónde se encuentren. El Salvador tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo y demostrar que el bienestar de su gente, dentro y fuera de sus fronteras, es una prioridad nacional. En un momento de incertidumbre global, es esencial que nuestro país se posicione como un defensor de los derechos humanos y la justicia, fortaleciendo su imagen internacional y garantizando un futuro digno para su diáspora.
Director de Asociación Agenda Migrante de El Salvador.