Por Dos importantes fenómenos políticos, inadvertidos para algunos, quedaron de manifiesto el uno de mayo: primero que las amenazas del régimen han perdido fuerza, al tiempo que han perdido legitimidad, y segundo, que se produjo la primera expresión de masiva desobediencia civil frente al régimen de Bukele.
La desobediencia civil se define como el acto de un grupo o de un pueblo que va en contra de la decisión o ley impuesta por un gobierno o representante de la autoridad, por considerarla injusta. Pobre servicio que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, le ha hecho a la imagen y a la accidentada gobernanza del presidente Bukele, al tratar, mediante una amenaza, clara e inequívoca, que los ciudadanos se abstuvieran de participar en las marchas programadas para un día universalmente legitimado, como es el Día del Trabajo.
Aun cuando no estemos de acuerdo con los planteamientos de algunos estamentos populares en la marcha del domingo, sí lo estamos con que cada ciudadano haga uso del derecho que le otorga la ley, sobre todo si es una ley primaria, constitucional, de manifestarse públicamente, de manera pacífica. El estado de excepción fue decretado por Bukele y su bancada legislativa, supuestamente orientado a prevenir un recrudecimiento de la carnicería desatada semanas atrás, por las pandillas, y, aunque la eficacia e intencionalidad de la medida estén en duda, esta no contempla ninguna otra justificación ni siquiera una de carácter higiénico, como sería evitar la propagación de la pandemia. La marcha del Día del Trabajo nada tiene que ver con el supuesto apoyo a la actuación de las pandillas, sino que responde a las lícitas reivindicaciones sociales formuladas por los trabajadores, lo cual no está incluido en el referido decreto.
El ministro formuló su amenaza a los marchantes por su personal interpretación de lo que podrían hacer: criminalizó un acto multitudinario legítimo antes de que se produjera, como si pudiese extender a voluntad, los alcances de una ley que prohibía, específicamente, apoyar a las pandillas, prohibición que no es válida para dejar de denunciar aprehensiones ilegales de gente inocente, ni tampoco lo es para apoyar a los familiares de quienes han sido injustamente apresados, actos que, en ningún momento, pueden considerarse de apoyo a grupos criminales.
La marcha del uno de mayo, tradicionalmente integrada por diversas instituciones: sindicatos, asociaciones privadas, entre otras organizaciones cívicas e individuos independientes, se llevó a cabo pese a la prohibición expresa del ministro y al intimidatorio despliegue de policías y militares que, en retenes armados, en las carreteras que confluyen a la capital, trataron inútilmente, de inhibir la participación popular en el evento.
La desmedida ansiedad del ministro de Trabajo, por quedar bien con su patrón, les dio a los ciudadanos, la oportunidad de expresar que les vale un comino que el gobierno haya prometido cárcel a los que participaran en las marchas. Y, benditos sean por su indeclinable vocación democrática, porque, el uno de mayo, de 2022, fecha memorable, los salvadoreños marcharon por miles en las calles de San Salvador.
Esa valiente actitud popular se llama “desobediencia civil”, en este caso con el valor agregado de ser un acto multitudinario, espontáneo, lo cual debe ser clara señal a las dictaduras, de que la gente ha perdido el miedo.
(*) Periodista