Llegó la hora para las comunidades organizadas de centroamericanos de transitar de la negociación judicial -propiciada gracias al recurso que presentó la joven Crista Ramos (de madre salvadoreña), contra la Administración Trump que había puesto fin al TPS- a la negociación política directa con la Administración Biden.
Las organizaciones deben dialogar con los congresistas republicanos y demócratas que ven en nuestros paisanos inmigrantes a personas honradas y trabajadoras, de tal suerte que los legisladores -después de las elecciones del 8 de noviembre- se conviertan en aliados de la causa única: que la Administración Biden emita un nuevo TPS ya no por humanitarismo como en 1998 por el huracán Mitch para hondureños y nicaragüenses, ni como en 2001 por los dos terremotos para salvadoreños, sino por realismo político.
Ciertamente, nuestros compatriotas no pueden volver sobre todo a Nicaragua y a El Salvador por el desmantelamiento democrático, constitucional e institucional que sigue perpetrándose en ambos países. Nadie está regresando ni piensa volver donde se construyen proyectos tiránicos; al contrario, las tiranías hacen huir población al inyectar terror generalizado y por las violaciones a los derechos humanos.
Esto lo saben congresistas y altos funcionarios federales. Gracias a sus decretos, se encuentran señalados y sancionados cientos de centroamericanos por corrupción y actos antidemocráticos, bajo la Lista Engel y la Ley Global Magnitsky. También saben que los gobiernos indicados han abandonado el consenso democrático internacional al no condenar -ni en la ONU ni en la OEA- la cobarde agresión del tirano ruso Vladimir Putin contra Ucrania.
La Administración Biden extendió el TPS a los haitianos, originalmente beneficiados por el terremoto de 2010, pero ahora están imposibilitados de retornar a una tierra salvaje dominada por pandillas y mafias tras el asesinato el año pasado del presidente Jovenel Moïse. Según The New York Times, Moïse fue asesinado cuando estaba por enviar a EEUU una lista de poderosos políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas.
Agotada la confianza en la relación bilateral EEUU-El Salvador aún más por la interferencia en las elecciones de EEUU por parte de funcionarios del gobierno del Presidente Nayib Bukele y sus diputados de Nuevas Ideas (interferencia que constituye un grave delito federal), es tiempo maduro para que la Administración Biden reconozca que su interlocutor allá sea el mismo pueblo como TPS, “Soñadores”, y las organizaciones de nuestros connacionales “sin papeles”. Sus familias en El Salvador estarán por igual agradecidas.