Por La Declaración de Cartagena es un acuerdo regional que se centra en la protección y asilo de refugiados en América Latina y el Caribe. Este instrumento amplió la definición de refugiado más allá de la establecida en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, incluyendo a personas que huyen de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que perturban gravemente el orden público.
Deben reconocerse las vulnerabilidades particulares que enfrentan las mujeres refugiadas y migrantes, como, por ejemplo, la violencia de género. Dos de cada diez mujeres y niñas migrantes reportaron haber sido sobrevivientes de violencia de género (sexual, física y psicológica) mientras cruzaban la selva del Darién, fronteriza entre Colombia y Panamá. Esta cifra se considera subestimada. El Banco Mundial ha observado que gran parte de esta violencia también es perpetrada directamente por las parejas de las mujeres migrantes o retornadas. Se estima también que al menos el 5 % de las mujeres migrantes que cruzaron el Darién estaban embarazadas o lactando.
Los Planes de Acción de Cartagena son estrategias regionales desarrolladas para abordar las necesidades y desafíos de los refugiados y desplazados en América Latina y el Caribe. Estos planes son actualizaciones periódicas del Proceso de Cartagena, que comenzó con la Declaración de Cartagena en 1984. Para Naciones Unidas, el Proceso de Cartagena es un modelo pionero de colaboración regional y de responsabilidad compartida que se enfoca en la promoción de soluciones. La región ha adoptado planes de acción decenales, el Plan de Acción de México de 2004 y el Plan de Acción de Brasil de 2014. Un abordaje específico se adoptó en 1994 en Costa Rica con la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, que destaca la importancia que tiene la Declaración de Cartagena como instrumento de protección y resaltó la necesidad de abordar la situación de las personas desplazadas internas.
El Plan de Acción de México tuvo como objetivos fortalecer la protección de los refugiados, abordar las causas del desplazamiento forzado y fomentar la solidaridad entre los países de la región. Incluyó medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas refugiadas, como la prevención de la violencia de género y la creación de espacios seguros. Los objetivos del Plan de Acción de Brasil se centraron en mejorar la calidad de la protección de los refugiados, promover soluciones duraderas como la integración local y el reasentamiento, así como también fortalecer la cooperación regional.
Este 2024 se cumple el 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, dando lugar al proceso de Cartagena+40. Se espera que representaciones estatales de América Latina y el Caribe trabajarán conjuntamente hacia la adopción de un nuevo plan estratégico regional que se concretará en la Declaración y el Plan de Acción de Chile 2024-2034.
Organizaciones de sociedad civil que han dado seguimiento al proceso CAR+40 han identificado obstáculos específicos para la protección de mujeres desplazadas, migrantes y refugiadas. Entre los aspectos más relevantes se encuentra el hecho de que las mujeres en esta condición enfrentan un alto riesgo de violencia de género, incluyendo violencia sexual y explotación. La falta de protección adecuada y el acceso limitado a servicios de apoyo son grandes desafíos. Por otra parte, las mujeres en movilidad a menudo tienen dificultades para acceder a servicios de salud, especialmente servicios de salud reproductiva y psicológica, además de enfrentar discriminación y estigmatización tanto en sus países de origen como en los países de acogida, lo que dificulta su integración y acceso a derechos básicos. En muchos casos, las leyes y políticas de protección no existen o no se aplican de manera efectiva, dejando a mujeres en mayor vulnerabilidad.
Existen múltiples razones por las cuales las mujeres migrantes, desplazadas o retornadas pueden sentirse reacias a presentar denuncias sobre hechos de violencia de los que han sido víctimas. Algunos de estos motivos incluyen el temor a ser deportadas a sus países de origen, el riesgo de sufrir abusos por parte de las autoridades, el miedo a ser revictimizadas, la falta de información acerca de los servicios disponibles y la distancia geográfica que dificulta el acceso a dichos servicios durante su travesía migratoria.
Los acuerdos para establecer el plan de acción para los próximos 10 años de seguimiento a la Declaración de Cartagena deben promover y fortalecer medidas para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes y brindarles apoyo psicológico y legal específico. En materia de salud reproductiva, se reconoce la necesidad de proporcionar acceso a servicios de salud reproductiva adecuados para las mujeres refugiadas y en condición de movilidad, asegurando su bienestar físico y emocional. Garantizar espacios seguros, donde las mujeres puedan recibir asistencia sin temor a represalias, es un aspecto clave.
Los planes de acción abordan la inclusión de personas LGBTIQ+ que buscan asilo o se encuentran en condición de desplazamiento interno, asegurando que las políticas de protección incluyan una perspectiva de diversidad sexual y de género. Es fundamental la capacitación y sensibilización, promover la capacitación del personal que trabaja con refugiados, mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en temas de género para asegurar una atención adecuada y respetuosa. Asimismo, es importante promover sensibilización en las comunidades de acogida para promover la igualdad de género.
Una adecuada aplicación de enfoque de género fomenta la inclusión de una perspectiva de género en todas las políticas de protección y promueve la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. Sin embargo, estas mujeres a menudo no tienen o tienen una representación limitada en la toma de decisiones y en la formulación de políticas o procedimientos que afectan sus vidas.
Participar activamente en esta nueva edición del proceso de la Declaración de Cartagena y la definición de su plan de acción para el próximo decenio no es solo necesario para mujeres refugiadas, mujeres desplazadas y mujeres migrantes, es su derecho. Solo a través de las voces y experiencias de las mismas mujeres que viven directamente la condición de movilidad humana puede construirse un futuro más inclusivo y seguro para estas mujeres. Ellas han tenido que dejar todo atrás para buscar seguridad y dignidad, no las dejemos atrás.
Defensora de derechos humanos.