Por “Si queremos desarrollo tenemos que partir montañas”.
Aunque la frase parece sacada de alguna película distópica o de supervillanos infantiles, la ha mencionado el presidente del único país del mundo que, al menos hasta hoy, prohíbe toda actividad relacionada con minería metálica en la totalidad de su territorio. Es el mismo personaje que días antes dijo también que esa prohibición es “absurda” porque nos impide disfrutar del “gigantesco tesoro que Dios puso bajo nuestros pies”.
La razón por la que además de ser falso, el discurso del presidente es también ofensivo, es precisamente porque la prohibición total de la minería en El Salvador se remonta a una historia de muchas dificultades, mucha desigualdad, mucha pobreza, muchas injusticias, pero sobre todo de muchos consensos basados en activismo y lucha. Nuestro país ya se había posicionado ante los ojos del mundo por la cuestión de la minería, pero por razones diametralmente contrarias a las que ahora presume el bukelismo: las corporaciones mineras fueron derrotadas dos veces en El Salvador. La primera, cuando el Estado salvadoreño ganó la demanda y evitó pagar los $250 millones que las empresas exigían. La segunda, y más importante, cuando todas las fuerzas políticas cedieron ante la movilización social y aprobaron la Ley contra la Minería Metálica.
Aunque hoy se diga fácil (y algunos pretendan borrarlo de la memoria) estas dos victorias se abrieron camino entre costos tan altos como la vida de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Ramiro Rivera y Juan Durán, destacados defensores del agua en el departamento de Cabañas. Sus asesinatos, que en su momento podían haber amedrentado a las comunidades organizadas, lograron precisamente lo contrario. Santa Marta pagó con vidas humanas por la defensa de otros miles de vidas más.
Es por esto que vale la pena alzar la voz, ahora que tanto sacrificio está en riesgo por las mitomanías de prosperidad de una pequeña argolla de gente con poder. Hay suficiente material literario y audiovisual para conocer la lucha de Santa Marta por el agua y por la vida, hoy más vigente que nunca. (Me permito recomendar la lectura de Defender el agua, o su original en inglés The Water Defenders, de los investigadores Robin Broad y John Cavanagh. Esta obra recoge tanto los antecedentes de la minería en El Salvador como valiosos pormenores acerca de los hechos mencionados previamente).
Más que hacer un nuevo recuento sobre la lucha de Santa Marta, estas palabras procuran invitar a una reflexión sobre el lugar que ocupa el nuevo “sueño dorado” del bukelismo en su anuncio sobre el regreso de la minería a El Salvador, no solo en cuanto a su nefasto fondo sino también en las llamativas intenciones de su forma.
A pesar de que somos un país donde la amplia mayoría es creyente, no está de más sospechar cuando un político (sobre todo uno con los antecedentes de Bukele) usa la figura de Dios para tratar de darle legitimidad a su discurso. El círculo de Bukele ha sido hábil en la interpretación de la conversación pública, saben qué dice la gente, cómo lo dice y quizás hasta por qué lo dice. Esto no es una capacidad extraordinaria del oficialismo: han invertido durante largos años en un sistema de recopilación de información que ha convertido al llamado Big Data en el gran orientador de todas las decisiones de su administración. Todo lo que hacen es calculado y programado según “lo que indican los números” del momento, por eso no han necesitado ceñirse a un plan de gobierno sino ir reaccionando al son que marcan las nubes de conversación.
Bukele sabía que el anuncio de la minería podía despertar resistencias más allá de sus opositores, también dentro de sus propios simpatizantes. Por eso debió recurrir, de entrada, a dos de las ideas más convincentes para su público: una sociedad cuya aspiración de mejora económica es generalizada y cuyas creencias religiosas son muy arraigadas. Por eso es muy intencional la fórmula del “gigantesco tesoro dado por Dios”.
Pero ahora parece que al bukelismo le están fallando los cálculos. En su más reciente conferencia de prensa, el presidente ha tenido que forzar aún más sus argumentos, en clave bastante defensiva, y ahora ante una postura incluso de la Iglesia Católica que se ha mantenido en su posición anti minería, como lo estuvo en 2017. Muchos de los simpatizantes del gobierno saben que el riesgo ambiental es amplio y que su líder, en este caso, se está metiendo en un terreno peligroso.
Para quienes nos consideramos creyentes, hay suficientes ejemplos en la fe cristiana para entender que la justicia no viene de la avaricia, sino de la defensa de aquello que fue creado para todas las especies. Hoy por hoy, el llamado de Santa Marta y el llamado de la Iglesia es un llamado a defender la vida misma. No hay riqueza que valga suficiente para partir montañas y llevar muerte y dolor a miles de familias. Ni por todo el oro del mundo.
Analista político.