Por Desde hace décadas la comunidad Santa Marta, en el corazón del departamento de Cabañas, ha sido un bastión de resistencia contra la minería metálica. Su lucha, marcada por sacrificios y valentía, ha inspirado a muchas otras comunidades en El Salvador y más allá. La historia de muchas comunidades de ese departamento está entrelazada con la defensa del territorio y los recursos naturales.
Y no es para menos. Desde principios de los años 2000 sus habitantes se opusieron firmemente a los proyectos mineros que amenazaban con devastar el medio ambiente y poner en riesgo la salud de la población. Esta oposición no estuvo exenta de tragedias: en reflexiones anteriores nos hemos referido a líderes comunitarios como Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, que fueron asesinados en el contexto de esta lucha. Pese a estos golpes, la comunidad no se ha rendido; su capacidad organizativa y su conciencia ambiental permitieron construir un movimiento que, junto con otras organizaciones, logró en 2017 la aprobación de una ley que prohibía la minería metálica en El Salvador.
Como ya es bien sabido, no ha pasado mucho tiempo desde aquella conquista y sin embargo ya enfrentamos una prominente amenaza que pretende borrarla. Hoy mismo, cinco líderes ambientalistas enfrentan un proceso judicial atropellado y viciado, siendo juzgados dos veces por un caso sin fundamentos. Todo esto se da en el marco de un discurso que promete una minería “sostenible” y regulada, que proviene de un gobierno que insiste en su posición de ceder nuestro territorio a las empresas extractivas. Desde entonces se ha señalado desde todos los espacios posibles que dicha decisión ha sido tomada sin consulta a las comunidades y sin estudios técnicos actualizados. Lo que está en juego, se ha dicho ya muchas veces, es el futuro de la vida misma en un país pequeño y vulnerable como El Salvador.
Con fidelidad a su historia de resistencia y lucha por la vida, Santa Marta vuelve a proponerle al país un llamado a la reflexión y a la esperanza. La campaña "Aquí vivimos, aquí resistimos", lanzada por la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) hace unos días, es un recordatorio poderoso de que las comunidades siguen atentas, organizadas y decididas a defender su territorio frente a la amenaza renovada de los proyectos de muerte.
A través de múltiples mensajes, ADES y las comunidades de Cabañas buscan elevar la conciencia sobre los peligros reales que la minería representa para el agua, la salud, la alimentación y la vida en comunidad. Este llamado asume una importancia crítica en momentos como los que actualmente vive el país, sobre todo en su intención de enfatizar que los efectos negativos de la minería no se limitan a las zonas rurales, sino que impactan a todo el territorio. En especial, es un asunto de máxima urgencia que quienes habitamos el llamado “Gran San Salvador” comprendamos que la contaminación de fuentes hídricas y la degradación ambiental no reconocen fronteras.
Es momento de revisar esa vieja idea que dibuja un abismo ficticio entre los problemas “del campo” y los de “la ciudad”. Lo que ocurre en Cabañas, Chalatenango o Morazán afecta directamente a Soyapango, Santa Tecla o San Salvador. El río Lempa, nuestra fuente principal de agua, atraviesa gran parte del territorio nacional y abastece a cientos de miles de personas, incluyendo a quienes vivimos en la capital. De ahí viene la insistencia de repetir que si en las zonas altas se permite el uso de cianuro y otros metales pesados, esa contaminación terminará en los grifos de las casas urbanas. De igual forma, la seguridad alimentaria se verá afectada por la contaminación del suelo y del agua, repercutiendo en la producción agrícola que abastece mercados y supermercados en las ciudades.
La experiencia internacional es clara: en América Latina, las regiones que han apostado por la minería metálica a cielo abierto enfrentan hoy altos índices de conflictividad social, daño ambiental irreversible y economías locales empobrecidas. Es una industria que enriquece a unos pocos y deja devastación para muchos. Y en un país como El Salvador, con suelos frágiles, alta sismicidad y escasez de agua, el costo es sencillamente inasumible.
Por eso es tan valioso que Santa Marta nos recuerde que la resistencia no es cosa del pasado. Que hoy, en 2025, sigue personas dispuestas a defender la vida con dignidad. Este llamado no es solo un lema: es una declaración, un acto de amor al territorio, una afirmación de que la memoria y la organización comunitaria siguen vigentes. Pero es también una invitación a quienes habitamos el resto del país, a quienes muchas veces nos creemos fuera del alcance de estas amenazas. No lo estamos. La minería nos concierne, y nuestra indiferencia también puede ser cómplice del desastre.
La historia juzgará a quienes, pudiendo alzar la voz, prefirieron el silencio. Pero también recordará a quienes, como en Santa Marta, decidieron decir con claridad: aquí vivimos, aquí resistimos.
Analista político.