Ciento cincuenta mil veces: ¡NO A LA MINERÍA!

El martes 18 de marzo la Iglesia Católica entregó a la Asamblea Legislativa un conjunto de firmas solicitando la derogación de la fuertemente cuestionada ley que permite de nuevo la minería metálica en El Salvador.

Esta acción, encabezada directamente por el arzobispo Escobar Alas, refleja el profundo rechazo de amplios sectores de la sociedad hacia una industria que amenaza la integridad ambiental y social de la nación.

Desde el anticipo de ese anuncio han sido cada vez más los sectores que han alzado la voz para hacer conciencia sobre la contaminación de fuentes de agua, la degradación de suelos y la afectación de comunidades rurales que son consecuencias inevitables y comprobadas de esta actividad.

Se ha dicho incontables veces: la minería metálica ya fue derrotada dos veces en este país. El proceso que llevó a su prohibición en 2017 estuvo marcado por el sacrificio de las comunidades organizadas, por el asesinato de activistas ambientales y por una campaña ciudadana sin precedentes. Aquella movilización, amplia y diversa, devino en la derrota de las corporaciones mineras en la controversia legal entre el Estado salvadoreño y las transnacionales Pacific Rim y Oceana Gold, y posteriormente en la aprobación de la Ley que convirtió a El Salvador en la primera nación del mundo en vetar esta industria por razones ecológicas y sociales. Aquella decisión fue reconocida a nivel internacional como un acto de responsabilidad ambiental y de protección de los derechos humanos. Hoy por hoy, el gobierno de Nayib Bukele ha desenterrado a las mineras del sepulcro de sus fracasos, bajo la promesa de una explotación "responsable" y de los inmedibles beneficios económicos de un “enorme tesoro que Dios puso bajo nuestros pies”.

Contrario a lo que algunos pretenden asegurar, la recolección de firmas liderada por la Iglesia Católica no es un acto de oposición hacia el gobierno. Se trata de una acción pastoral en defensa del bien común, especialmente de las comunidades que históricamente han sido arrinconadas hacia la pobreza y que siempre son las más afectadas ante las decisiones de las argollas de poder. Esta iniciativa ha movilizado a las comunidades, a organizaciones sociales y a liderazgos religiosos en un esfuerzo conjunto por defender la naturaleza, el futuro y la vida misma en El Salvador. Monseñor Escobar Alas ha sido claro en su mensaje: "La minería metálica es una condena de muerte para el país". Este llamado se suma a tantas voces de especialistas en medio ambiente y derechos humanos que han advertido sobre las implicaciones devastadoras de la explotación minera en un territorio tan pequeño y vulnerable como el salvadoreño.

Anteriormente se ha reflexionado sobre cómo los gobernantes actuales han establecido como brújula sus lecturas de las percepciones en redes sociales. Por si faltaba una nueva evidencia, lo dejó explícito el mismo presidente al retractarse de cerrar Chivo Pets tras leer, según él mismo aseguró, “8,000 comentarios” negativos. Visto desde esa perspectiva, ¿qué peso tendrán entonces estas 150,000 firmas, que llegan justo en un momento en el que los números de aprobación del oficialismo no son tan cómodos como hace meses? La ironía de que se reaccione con rapidez a la opinión virtual sobre un hospital veterinario, mientras se ignoran peticiones fundamentadas de la ciudadanía, no pasa desapercibida. Si 8,000 comentarios en Twitter pueden revertir el cierre de una institución, ¿no deberían 150,000 firmas ser más que suficientes para reconsiderar una ley que podría condenar al país a un desastre ecológico?

Las advertencias sobre la minería metálica no son hipotéticas ni alarmistas. Y el hecho de que en este escenario en el que la intimidación y la matonería son la norma en el ejercicio del poder, la determinación de esas 150,000 personas que estamparon sus firmas simboliza la esperanza y la resistencia de un pueblo que valora su tierra y su agua por encima de promesas vagas sobre tesoros encantados. No se trata solo de firmas: son la expresión de una fuerza social amplia que ya ha demostrado que puede luchar por su futuro, y vencer. Es un llamado a las autoridades para que realmente escuchen la voz de la gente y no la de sus asesores cada vez más adinerados. No hay progreso posible si el costo es la destrucción sistemática de la vida de miles de seres vivos.

El Salvador tiene, una vez más, la oportunidad de reafirmar su compromiso con la vida y la justicia social, honrando la voluntad de su gente y las lecciones del pasado. Las 150,000 firmas no representan el final de la lucha anti minera, sino un punto de inflexión de su nueva etapa. Ante la amenaza inminente de los proyectos de muerte, el silencio no es garantía para nadie.

Ningún cambio social profundo se logró sin acompañar las voces que piden derechos, justicia social, y el atrevimiento de soñar un mejor futuro.

Analista político.