Por El Salvador prohibió la minería metálica luego de que un movimiento social respaldado por la Iglesia Católica, el entonces arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, Cáritas El Salvador y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentaran la propuesta de prohibición ante la Asamblea Legislativa en el 2017.
Lo que ahora el actual gobierno y sus funcionarios han hecho es un golpe muy fuerte para los salvadoreños que trabajaron incansablemente para prohibir la minería metálica. Los riesgos que implica para un país tan pequeño y con limitados recursos hídricos son intolerables.
La explotación minera es problemática debido a los enormes daños en los ecosistemas, los altos costos que ha dejado a las comunidades cercanas, tomando en cuenta que la contaminación que deja a su paso puede perdurar por siempre. Hoy nuevamente nuestro país se ve amenazado por la reactivación de la minería metálica, donde empresas extrajeras en complicidad con el estado quieren volver a explotar depósitos de oro y otros minerales en un cinturón que atraviesa el norte del país, pasando por zonas estratégicas de recarga hídrica y ubicadas, en su mayoría, en la cuenca del río Lempa, la fuente más importante de agua para usos domésticos, industriales, agrícolas y energéticos.
Es importante mencionar que, según las Naciones Unidas, El Salvador posee el mayor nivel de deterioro ambiental en el hemisferio occidental, después de Haití. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubica a El Salvador entre los países más deforestados de Centroamérica con solo un 3 por ciento de bosque natural y un 13 por ciento de territorio cubierto de bosque. A esto se suma que, según las Naciones Unidas somos el país con la menor disponibilidad de agua por habitante por año en todo el continente americano, después de Haití. Es decir que nuestro país es un escenario de estrés hídrico.
Según los últimos informes a los que se logra tener acceso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informo allá por el 2016 que el 90 por ciento del agua superficial disponible en el país está seriamente contaminada y que solo el 11 por ciento de las aguas superficiales son aptas para ser potabilizadas por medios convencionales.
La explotación de depósitos minerales de baja calidad requiere de tecnologías extremadamente dañinas para el medio ambiente. A pesar de los intentos del gobierno por mentir a la población con la promesa de que existen nuevas tecnologías armoniosas con la naturaleza utilizando términos como “minería verde”, “minería moderna” o “minería responsable”, no hay nada nuevo que permita la explotación de minerales de baja concentración sin dañar al medio ambiente. La minería metálica impacta los recursos hídricos por el consumo exorbitante de agua, por la destrucción de bosques y suelo, la cual disminuye la capacidad de recarga hídrica, y por la contaminación de ríos, lagos, acuíferos y océanos.
Hasta este momento no existe ningún estudio que indique que la minería es viable en El Salvador. Lo que si está claro es que los recursos naturales del país, especialmente el agua, están en peligro por la mala gestión, el consumo exagerado, la contaminación y el cambio climático, para El Salvador la explotación minera es un tema de vida o muerte.
Lo cierto es que la minería metálica ocupa una variedad de químicos y otras sustancias altamente tóxicas en las etapas de exploración, extracción y procesamiento, incluyendo el mercurio, cianuro de sodio, ácido sulfúrico y ácido hidroclórico.
Un caso dramático debido a la explotación minera se muestra en el municipio de Santa Rosa de Lima del departamento de La Unión, donde hubo minería de oro de pequeña escala hace años y donde cientos de comunidades han perdido, para siempre, su fuente principal de agua: el Río San Sebastián. Un habitante de la comunidad expreso: que no es sólo el agua está contaminada, sino también el aire, cuando es verano percibe un fuerte olor a metal, lo que afecta grandemente la salud las personas; añadiendo que ni el ganado toma el agua de ese rio.
Es necesaria alzar la voz que resuene en los oídos de aquellos que anteponen sus intereses personales y pasan por encima de la vida la gente en especial de los más vulnerables. No es justo que una minoría decida por todos los salvadoreños, se pide a este gobierno, sus diputados y aliados que recapaciten y deroguen esa ley que promueve muerte.
YO DIGO: NO A LA MINERÍA Y SÍ A LA VIDA.
Ingeniera.