Por Continuando con las reflexiones sobre la espuria Ley de minería metálica, llama poderosamente la atención que ningún experto en minería, geología, metalurgia y disciplinas afines como ingeniería medioambiental ha expresado apoyo o, al menos, expectativas favorables a la implementación de la minería en El Salvador.
Y cuando digo ningún experto estoy siendo bondadoso para con el bukelato, ya que, en realidad, nadie, pero en verdad, nadie, aparece apoyando el proyecto de la dictadura, salvo que se trate del propio dictador, sus diputados puyabotones o meros propagandistas del régimen autocrático.
Bueno, para que ni la ministra de economía, que fue quien propuso la ley, ni el ministro de medio ambiente, que es quien debería conocer sobre los efectos de la minería en el ecosistema, salgan defendiendo la implementación de minería, deja en evidencia que no existe base técnica alguna para el proyecto minero.
A tal efecto, hay que recordar que, como expusimos en este mismo espacio, funcionarios estatales y oficinas gubernamentales han reconocido, de modo explícito, que NO tienen ningún estudio ni sobre la existencia, ni los beneficios, ni el impacto de la minería: así lo admitió el director de hidrocarburos y minería, así lo aceptaron Casa Presidencial y el Ministerio de Medio Ambiente. Así, pues, desde el mismo Estado han dejado en evidencia las MENTIRAS del dictador, quien expone -en X y en una falsa conferencia de prensa- enormes delirios y grandes falsedades sobre dicho tema.
En adición a ello, los expertos que se han pronunciado sobre el tema han denunciado los graves daños que padeceremos los salvadoreños a consecuencia de la minería; como lo han declarado, por una parte, Andrew McKinley, un experto en agua y minería que labora en la Universidad Centroamericana, UCA; como también un grupo de especialistas en ingeniería y biología de la Universidad de El Salvador.
Así, pues, en razón de lo señalado por los únicos expertos que se han pronunciado sobre el tema de implementación de minería metálica en el país, la obligada conclusión es que el proyecto minero es, en realidad, un ECOCIDIO, un plan de MUERTE.
El Diccionario de la Lengua Española nos proporciona una definición escueta pero muy contundente del vocablo ecocidio: “Destrucción del medio ambiente, en especial de forma intencionada”.
Y si estudiamos el origen o etimología de dicha palabra, la trascendencia de esta es todavía mayor, ya que se forma por la articulación de dos antiguas expresiones, como son “eco”, del griego “oiko”, que significa casa o morada, y “cidio”, del latín “cidio”, que significar matar. Entonces, si atendemos su origen, ecocidio es “matar tu casa”.
Tiene sentido, entonces, que la autorización e implementación, por parte de la dictadura, de la minería metálica en El Salvador, la califiquemos de ecocidio, pues se estará asesinando al ecosistema, será la matanza de la casa común de los salvadoreños.
Y es que, a decir de las explicaciones de expertos, la autorización e implementación de la minería metálica provocará, dadas las características y condiciones del territorio salvadoreño, ya muy deterioradas por la deforestación y el estrés hídrico, la destrucción masiva y posiblemente irreversible del ecosistema de las zonas afectadas, con perjuicios que se extenderán por generaciones.
Entonces, ante la matanza de la casa común que pretende la dictadura, es vital que, por una parte, los salvadoreños expresemos nuestra oposición a tan peligroso proyecto; y, por otra parte, que sobre todo las comunidades afectadas se preparen para una larga lucha, tanto social, mediática como jurídica, sobre todo en el plano internacional.
Así, en el plano local, será de reflexionar si es conveniente que se presenten demandas de inconstitucionalidad contra la ley de minería metálica, tanto por infracciones formales como de fondo, en tanto que el contenido de dicha ley, sobre todo por sus omisiones, es claramente violatoria de los derechos a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano.
Por supuesto que todos sabemos que en el país no existe justicia constitucional desde el 1 de mayo de 2021, cuando el régimen autocrático impuso a cinco operadores políticos a usurpar los cargos, oficinas y privilegios en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que, por ende, de presentarse demandas de inconstitucionalidad contra la ley de minería, lo más seguro es que las engavetarán o, a mayor perversidad, aquéllos dirán que no hay ningún problema con el ecocidio, que un “disparo a cualquier se le escapa”: sin embargo, es de reflexionar si para evidenciar agotamiento de los recursos internos.
En el plano internacional tocará recurrir, con urgencia y a través de solicitudes de medidas cautelares, al sistema interamericano de derechos humanos, pues ya existe, por ejemplo, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la obligación del Estado, por un lado, de proporcionar información “información completa y comprensible para poder ejercer sus derechos que podían verse afectados por la exposición a niveles altos de contaminación ambiental” y, por otro lado, a “garantizar la participación de las personas en la toma de decisiones que pueden afectar el medio ambiente, lo cual se relaciona con la obligación de proveer información relevante”; todo lo cual es necesario para que “las personas puedan ejercer sus derechos, especialmente al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal y la vida”.
En conclusión, ante el PROYECTO DE MUERTE que la dictadura quiere implementar en el país a través de un ECOCIDIO, los salvadoreños debemos expresarnos, unirnos, organizarnos y prepararnos para una larga lucha.
Abogado constitucionalista.