El 20 febrero de 1904, don Pedro José Escalón, presidente de El Salvador, pronunció su mensaje anual a la Asamblea Nacional. En él decía que “por la crítica situación del tesoro no se han podido reanudar los trabajos del ferrocarril de La Unión a San Miguel, ni emprender la construcción del Palacio Nacional, el establecimiento de la Escuela de Artes y Oficios, ni comenzar la obra del ferrocarril de Ahuachapán …”.
Dos días más tarde el subsecretario de gobernación y fomento firmó un contrato con el Dr. Ricardo Moreira, que representaba a Harry Percival Garthwaite, Charles Butters y la sucesión del general Santiago González. El documento era una generosa concesión para explotar minas de oro. El perspicaz análisis del contrato que realizó el historiador Antonio Acosta en su reciente libro La burguesía oligárquica y la fractura social en El Salvador 1890-1931, llega la conclusión de que los intereses mineros recibieron “ventajas fiscales fabulosas”, pues apenas pagaban impuestos. El gobierno, se encontraba, como dice Acosta, en una situación fiscal “insostenible”, y estaba realizando despidos de empleados públicos incluyendo al personal del Conservatorio de Música y al del Cuerpo de Caballería de San Salvador. ¿Cómo se explica entonces la generosidad del arreglo del contrato de 1904?
Para responder a esta pregunta podemos analizar a las partes contratantes. Por un lado estaban los estadounidenses Garthwaite y Butters. Ambos habían comenzado su carrera en la minería en Sudáfrica. El líder de la compañía era Butters, un ingeniero que se había distinguido en el país africano como empresario e innovador en técnica metalúrgica. Según relató él mismo en una carta, su interés en Centroamérica comenzó en 1885 y llegó a tener minas en El Salvador y Nicaragua. Además, para 1904 también tenía minas en México. Su oficina principal se encontraba en San Francisco, California y tenía otra en Londres.
A juzgar por la selección de Ricardo Moreira como representante legal, Butters también tenía habilidad política y sabía cómo manejarse en países con regímenes autoritarios oligárquicos. Moreira era diputado de la Asamblea Nacional, la misma rama del Estado que tenía que aprobar el contrato. Al referirse al conflicto de intereses del diputado el historiador Acosta dice que “podría hablarse de un gran escándalo político, pero evidentemente en El Salvador no lo era en absoluto”.
A pesar de que su poder económico y prestigio internacional permitían a Butters involucrarse por su cuenta en empresas de altos vuelos, dispuso aliarse con la sucesión del general Santiago González. Esta fue la decisión más importante para asegurar el éxito de la negociación con el gobierno salvadoreño. ¿Quiénes eran los sucesores del general? Ni más ni menos que el expresidente general Tomás Regalado (1898-1903) y su esposa Concepción González de Regalado, la hija y heredera del expresidente González (1871-1876). Regalado no solo era expresidente, también ejercía el control real del país. Un informe confidencial al secretario de Estado John Hay de Estados Unidos le decía que “Regalado controla en gran medida al presidente de El Salvador”, afirmación que repiten los despachos diplomáticos hasta la muerte en batalla del militar salvadoreño. Butters comprendía intuitivamente que el liderazgo oligárquico de El Salvador no estaba lejos del concepto del sociólogo Max Weber del “Estado patrimonial”, que tiene como una de sus características que los gobernantes no distinguen mucho entre asuntos privados y públicos.
Garthwaite, quien residía permanentemente en El Salvador, también tenía considerable tacto político. La nota necrológica que publicó The San Francisco Call después de su muerte en 1911 decía que era “asesor confidencial” del presidente de El Salvador y que había servido como intermediario en una disputa con Nicaragua. La correspondencia desclasificada del Departamento de Estado demuestra que el presidente Figueroa utilizó los buenos oficios del estadounidense para comunicarse de manera privada con las autoridades de su país. Además, la compañía de Butters, que tenía entradas de efectivo muy significativas, le prestaba dinero al gobierno en situaciones de emergencia.
Las múltiples relaciones de los intereses de Butters Divisadero Company (el nombre oficial de la compañía) con la clase política salvadoreña, le permitieron gozar de total impunidad cuando fue imposible ocultar el efecto nocivo de la contaminación de los ríos o cuando un incendio en la mina del Divisadero en 1915 costó decenas de vidas (los estimados de los periódicos oscilaron entre 50 y 70 muertos).
¿Contiene este relato lecciones para el presente? Quienes lean este artículo llegarán a sus propias conclusiones, yo respeto su inteligencia, pero quisiera ofrecer un par de reflexiones personales. Este caso es solamente un ejemplo de formas de manejar la cosa pública que se encuentran con mucha frecuencia en la historia El Salvador y otros países y que, por lógica, es muy difícil que beneficien a la mayoría de la población. Me refiero a los peligros de:
- Erosionar la distinción entre los intereses económicos privados del liderazgo político y los de la Patria.
- La presencia de actores externos que saben identificar y explotar las debilidades de las autoridades y del sistema político.
- Conflictos de intereses que impiden que los intereses públicos predominen sobre los privados.
- Aprobar legislación de manera apresurada sin estudiar documentos técnicos, escuchar a un amplio rango de voces expertas y debatir antes de votar.
- La falta de transparencia en la toma de las grandes decisiones que impide que la población ofrezca sugerencias e identifique peligros.
En 2024 sabemos más que hace 120 años sobre los peligros de la contaminación asociada con la minería para la salud de la población y los mantos acuíferos. Las consideraciones ecológicas son complejas y de gran importancia. Todo sugiere que el debate público tiene que ser amplio y deliberado. No es ni bueno ni necesario apresurar una decisión.
Historiador.