Por OceanaGold, antes Pacific Rim, demandó al Estado salvadoreño por negarle permisos de explotación minera. En 2002 durante la presidencia de Francisco Flores le otorgaron los permisos a la minera para comenzar a explorar la mina El Dorado en Morazán.
El CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES ( CIADI) órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial es donde se libró esta batalla jurídica e internacional, entre una poderosa minera canadiense y el Estado salvadoreño.
Las artimañas legales de la minera fueron: que Pacific RIM se amparó en los tratados de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana tiene con Estados Unidos (CAFTA-DR) En 2012 la CIADI dijo que la minera no podía ampararse al CAFTA por ser una compañía canadiense.
El tribunal concluyó que el Estado Salvadoreño trató siempre a este inversionista extranjero de acuerdo a la legislación local, y que la minera NO CUMPLIÓ DE FORMA ESTRICTA con los requisitos de las Leyes del país. La minera intentó presionar al gobierno para que cambiase las leyes y omitir los puntos en los cuales la minera no cumplía o quedaba en desventaja.
El ex fiscal Douglas Meléndez informa desde Washington que la minera canadiense demanda al estado salvadoreño por $250 millones de dólares por pérdidas incurridas al negársele explotar el suelo salvadoreño. Dinero que saldría de las arcas del Estado producto de los impuestos que pagan todos los salvadoreños. Una doble injusticia que aparte de envenenarnos y explotar los suelos de la patria, a estos se les pagaría con el dinero de los salvadoreños dicha demanda, ¡Miserable desfachatez!
Lloviéndole sobre mojado a la minera canadiense ya que la CIADI le ordenó pagar los costos procesales de El Salvador por 7 años y medio que duró el proceso. Y además condenó a la minera de pagarle al Estado Salvadoreño 8 millones de dólares por costos procesales.
Pacific RIM fue comprada en 2013 por la australiana Oceana Gold (a pesar de que estaba en arbitraje o sea con un gran CLAVO). Los australianos retomaron el craso fracaso y humillación de los canadienses, elevaron la demanda a $314 millones, entre ardidos y a la carga de nuevo.
El abogado que defendió a El Salvador, su nombre: Luis Parada. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) celebró el fallo de la CIADI (Durante la gestión de Lina Pohl)
El Salvador había ganado el arbitraje internacional heroicamente ante las monstruosas mineras, el tribunal arbitral desestimó todos los reclamos de la Pacific RIM.
Las condiciones del país NO son (según estudios del ministerio del medio ambiente) adecuadas para la explotación minera. Ya que comprometerían gravemente los recursos naturales del país, el agua y suelos.
Cabe mencionar que durante ese triunfo jurídico internacional, hubo consenso y unión de las comunidades en Chalatenango, Cabañas y Morazán, gobiernos locales y gobierno central, unidos contra una vulneración y daño irreversible al medio ambiente.
Cuando el gobierno, los ambientalistas, abogados con amor patrio como Luis Parada y la sociedad organizada se unifican, el resultado es demoledor. ¿Quiénes agradecen ese triunfo de la defensa férrea del medio ambiente? Por supuesto que las nuevas generaciones de salvadoreños, y acá hay que ser bien claros de lo que significa una inversión internacional nociva para el país. Existen inversiones que dejan desarrollo, sostenibilidad, pero también existen inversiones que dejan envenenamiento y destrucción, no solo por el hecho de ser inversiones significará que el resultado será de gran mejora para el país. Es cuando se necesita la acción de las autoridades y los expertos en materia ambiental, de delimitar, ubicar y clasificar este tipo de inversiones, en cuyas intenciones a largo plazo no signifique una consecuencia de daño grave a nuestros recursos naturales y a la población.
Como actualmente sucede en el caso de Panamá y su lucha actual contra la minería, y que también presionan los intereses de la corrupción al Estado, por agilizar permisos y aprobaciones para la explotación desmedida de los recursos y crear las condiciones dóciles a estas empresas mineras, debe existir la controlaría ciudadana, la que al final podrá sacar a estas inversiones por las buenas o por las malas de su territorio, el pueblo es el soberano.
Ambientalista y publicista.