Por Un acuerdo con consecuencias más allá de la seguridad
Los acuerdos migratorios y de seguridad entre El Salvador y Estados Unidos han evolucionado en los últimos años, reflejando una relación en la que los intereses políticos y estratégicos de ambas naciones han influido en la manera en que se abordan temas como la migración irregular y el combate al crimen transnacional. Recientemente, el presidente Nayib Bukele ofreció a Estados Unidos el servicio de cárceles privadas en El Salvador para albergar a reos condenados. Como resultado, ya se ha trasladado a **300 reos** a estas instalaciones, marcando un nuevo capítulo en la cooperación bilateral.
Sin embargo, este acuerdo no solo ha sido utilizado como una herramienta de gestión penitenciaria, sino también como un mecanismo de disuasión migratoria. La retórica que acompaña este traslado ha retomado un discurso que vincula la migración irregular con el encarcelamiento, reforzando un mensaje de temor hacia quienes consideran emigrar hacia Estados Unidos.
Deportación, traslado y el uso erróneo de términos
Uno de los elementos más preocupantes en este discurso ha sido la falta de precisión en los términos utilizados. La administración estadounidense ha hablado de la **"deportación de criminales hacia la cárcel en El Salvador"**, una expresión que no encaja dentro de la terminología legal migratoria. La **deportación** implica la remoción de una persona de un país por razones migratorias, enviándola a su nación de origen. Lo que realmente ocurre en estos casos es un **traslado internacional de prisioneros**, una práctica basada en acuerdos bilaterales, en la que individuos condenados cumplen su sentencia en otro país.
Este mal uso de conceptos no es accidental. En un contexto donde la migración es un tema altamente politizado, la confusión de términos refuerza la idea de que migrar de manera irregular podría llevar al encarcelamiento en una prisión de alta seguridad como el CECOT. La imagen de este centro penitenciario, diseñado para albergar a los criminales más peligrosos, funciona como un elemento visual intimidante para quienes consideran emigrar.
El silencio del Gobierno de El Salvador
Mientras esta narrativa se desarrolla, llama la atención la falta de aclaración oficial por parte del gobierno salvadoreño. La administración del presidente Bukele no ha salido a desmentir que el CECOT pueda ser un destino para migrantes irregulares. Este silencio estratégico podría responder a una necesidad de mantener buenas relaciones con Estados Unidos y preservar beneficios en materia de cooperación económica y política.
Sin embargo, la falta de una respuesta clara tiene implicaciones graves. La percepción de que El Salvador puede encarcelar migrantes en condiciones extremas atenta contra principios básicos de derechos humanos y abre la puerta a cuestionamientos internacionales sobre el trato a quienes buscan oportunidades fuera de sus países de origen.
¿Estrategia efectiva o riesgo diplomático?
La utilización del miedo como mecanismo para frenar la migración irregular puede tener efectos a corto plazo, pero también consecuencias imprevistas. La criminalización de los migrantes refuerza estereotipos perjudiciales y erosiona la posibilidad de diálogos basados en soluciones estructurales. Además, a nivel internacional, esta estrategia puede generar críticas hacia El Salvador y afectar su imagen en temas de derechos humanos.
Lo que el país necesita es un enfoque claro y transparente sobre estos acuerdos. La migración debe tratarse con dignidad, no con amenazas. Es crucial que el gobierno salvadoreño se pronuncie de manera oficial y garantice que las cárceles de alta seguridad no serán utilizadas para la detención de migrantes. Sin un posicionamiento claro, el mensaje de miedo seguirá prevaleciendo sobre la búsqueda de soluciones reales.