Por PARTE II
El tsunami popular que provocó la crisis social en octubre de 2023 en Panamá y que culminó con la inconstitucionalidad del contrato minero fue una acción conjunta de la sociedad civil organizada amparada en tratados nacionales y regionales, bajo el marco jurídico y constitucional de la defensa del medio ambiente, antes que la empresa minera arrasara o destruyera más de 12,900 hectáreas, bosques vitales para la biodiversidad. En juego estaban 650 especies entre flora y fauna, parte de los 5 grandes bosques mesoamericanos (La Amistad).
A pesar de que existía un antecedente de anomalías legales y de cumplimientos como 200 hallazgos de irregularidades de estudio de impacto de la Minera Panamá, además la investigación del Ministerio Público por 6 casos graves de arrojo de desechos tóxicos a ríos, por medio de artimañas cabía la posibilidad de que la minería siguiera viento en popa su avance de depredación del medio ambiente, pero la fuerza social fue demoledora con ese puñetazo magistral en la boca del estómago de la empresa minera de origen canadiense que hicieron retroceder, y que le pusieron las cartas sobre la mesa a Cortizo, el cual recapacitó (por presión).
Recientemente, abonado a la temática, me encontré con dos archivos de video de hace 11 años siempre referente a la preocupación por el tema, de que la minera Cerro Blanco vertiera arsénico en las aguas del río Ostua que iba directo al lago de Güija y posteriormente a contaminar el Rio Lempa. En dicho video aparece un técnico de la mina asegurando que las aguas ya poseen leves niveles de arsénico por naturaleza. En los reportajes que están en Internet aparece el ex procurador de derechos humanos, Dr. Oscar Luna, manifestando su preocupación ante el peligro de contaminación. Aparece también el ex ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, que en su declaración decía se formaría una comisión Ad-Hoc. Entre ambas naciones, también el ex viceministro Ángel Ibarra.
Eran los actores del lado salvadoreño que conocían lo delicado del tema y cómo las comunidades de ambos países ya se mostraban intranquilas y exigentes ante la situación, principalmente las que comparten aguas en el Lago de Güija y que viven de la pesca y ya podían percibir la contaminación y el deterioro de las aguas, surgimiento de microorganismos, toxinas y peces enfermos.
Dicho lago es fuente de sustento para la población, además paraíso ecológico para aves locales y migratorias, peces, fauna y flora, equilibrio del ecosistema. En el artículo pasado (la primera parte) olvidamos resaltar la importancia de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos de nuestro país. La importancia de que la actual procuradora y su equipo o la comisión que ella estipule se muestren más preocupados e interesados al tema (que les compete) ya que es parte de esa estrategia legal que se necesita para el avance del tema de urgencia.
También el papel importante de la Iglesia Católica, que pude ver un video de un foro de Caritas (agrupación católica que agrupa 165 organizaciones nacionales de asistencia social, desarrollo y servicio social.) , en donde nuestro Cardenal Gregorio Rosa Chávez informa sobre las pláticas sostenidas con la Conferencia Episcopal guatemalteca al abordar temas de interés ambiental y donde se expuso el delicado tema de la mina Cerro Blanco, a lo que el Cardenal Rosa Chávez calificó : “De vida o muerte” con la mayor convicción y preocupación sobre el peligro que afrontarían los 3 millones de salvadoreños que dependemos de las aguas del río Lempa.
También a la par se encontraba otro gran actor y defensor del tema del agua, el Obispo de Zacatecoluca, Monseñor Elías Bolaños Avelar. La Iglesia Católica salvadoreña se ha solidarizado con la causa ambiental, años atrás pude ver al mismo arzobispo Monseñor Luis Escobar Alas y al jesuita José María Tojeira participando en marchas contundentes que llegaban a la Asamblea Legislativa, la que tiene que ver con el derecho humano al agua, también acuerpaban dichas marchas religiosas, sacerdotes Franciscanos y diocesanos.
Como una estrategia sugerida ante la amenaza de contaminación de las aguas del Río Lempa por la mina Cerro Blanco en Guatemala hay que tomar en cuenta: el poder de decisión no la tiene el gobierno salvadoreño, pero puede ejercer presión; sin embargo, es el Gobierno y el congreso guatemalteco el que al final decidirá.
La creación de un documento que unifique a los actores antes mencionados, una especie de bloque nacional contra la contaminación del Río Lempa y el resguardo de la vida. Ampararse al marco jurídico, tratados y convenios internacionales, como el mismo trinacional Trifinio que lidera el Vicepresidente Félix Ulloa. Conformar una comisión de derechos humanos que monitoree y brinde amparo a esas comunidades.
Revivir la Comisión Ad-Hoc de la Cancillería Salvadoreña. Estrechar acciones entre la conferencia Episcopal Salvadoreña y guatemalteca, de hacer lo que siempre han llevado a cabo: velar por la vida humana, la biodiversidad, en general por los recursos naturales. El constante monitoreo de los medios de comunicación y promover la publicidad verde para concientizar.
La lección panameña es que al obviarse todos estos recursos pacíficos de freno, ante esas amenazas y, ante la negativa, el último recurso será la resistencia, las protestas y el paro.
En X @Chmendia