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¿Quién dio los permisos?

Ya inició la construcción del megapenal en Tacuba y no le importan los reclamos de los campesinos propietarios de parcelas que les compró al ridículo precio de $1 la vara. Una de las víctimas comenta que los $10,000 que le pagaron son una burla porque con esa cantidad no logra comprar nada, que le permita volver a sus cultivos y a crianza de ganado. Además, la construcción les ha cerrado la única calle de acceso a la carretera pavimentada.

Por Teresa Guevara de López |

¿Quién autorizó al presidente Bukele para usar a discreción de fondos públicos en la compra de bitcoin? Ni siquiera su sometida Asamblea mediante decreto autorizó al Presidente a realizar esas compras.


Este gobierno ha despreciado los mandatos de la Constitución y el sentir de los salvadoreños, especialmente de las clases más desfavorecidas, a quienes los caprichos presidenciales están hundiendo más en la pobreza. Todos sus proyectos estrella no son producto de estudios técnicos, ni de un análisis de quiénes pueden verse perjudicados por la ejecución de los mismos. Oídos sordos a los reclamos de las comunidades que viven en los terrenos donde pretende construir el aeropuerto, aunque el reporte original del MARN contenía serias observaciones de daño ambiental.


Ya inició la construcción del megapenal en Tacuba y no le importan los reclamos de los campesinos propietarios de parcelas que les compró al ridículo precio de $1 la vara. Una de las víctimas comenta que los $10,000 que le pagaron son una burla porque con esa cantidad no logra comprar nada, que le permita volver a sus cultivos y a crianza de ganado. Además, la construcción les ha cerrado la única calle de acceso a la carretera pavimentada.


Surge un nuevo proyecto en la zona de Mizata en una finca protegida. Cuatro torres de cuatro pisos cada una; 24 viviendas de 4 habitaciones, más piscinas. Salón de usos múltiples, una plaza comercial, hotel, anfiteatro, campo de golf y bungalows. Todo esto en un espacio que prohíbe proyectos urbanísticos y/o construcciones, según las directrices para la zonificación ambiental y los usos del suelo en la franja costero-marina. Se perderán 22 especies de mamíferos, 85 de aves y 10 de peces invertebrados marinos. ¿Y los permisos? ¿Y las regulaciones del MARN? ¿Y el reclamo de los pobladores, que han visto crecer los árboles de coco que sembraron y cuidaron por 25 años?


Es obvio que no sirve de nada declarar áreas protegidas y preservar lo poco que nos queda en nuestro pequeño territorio, ante la prepotencia del presidente y de sus allegados, que para beneficiar mezquinos intereses económicos actúan como amos y señores de una finca, que convertirán en un gran casino en medio de un desierto. La embajadora Milena que habla sin pensar de temas que desconoce, son una prueba más de esta carrera por acabarse el país. Orgullosamente anuncia la construcción de una minería de Bitcoin en Chalatenango, donde además anuncia generación de energía, por un monto de $400 millones, acompañada de los inversionistas que se consideran los padrinos del Bitcoin en El Salvador.


¡Qué fácil es apropiarse de las propiedades de los campesinos, que no tienen voz para protestar y ser resignan a ser estafados por el Presidente de la República! Contrasta con la noticia de que a la Canciller Hill se le pagarán varios millones de dólares, por una demanda que su grupo familiar puso contra el Estado Salvadoreño. De plano que Bukele sigue el guión de “los mismos de siempre” como ocurrió con la Empresa Astaldi, en El Chaparral, y las tristes voces de pobladores que perdieron sus tierras ganaderas y de labranza, para recibir como indemnización de CEL una triste colonia de casitas, que no les sirven de nada para el estilo de vida a que estaban acostumbrados. Sigue vigente la frase de Monseñor Romero: “La culebra pica siempre al descalzo”.

Maestra.

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