Por Muchos usuarios de telefonía celular recibimos un mensaje interesante la semana pasada: “ANDRES ya recoge la basura de San Salvador Este.” Minutos después, un segundo mensaje, preguntando a dónde más debería llegar el servicio de recolección.
La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, entidad creada por el gobierno y que recibe el nombre abreviado de “ANDRES”, llega a finales del año pasado como una medida para “resolver” el eterno problema de la recolección de desechos sólidos en las colonias y comunidades. La decisión de crearla no es un hecho aislado: se enmarca en una serie de medidas centralizadoras impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele. Es decir, se trata de un capítulo más en un proceso sostenido que ha erosionado el municipalismo en El Salvador, concentrando el poder en manos del Ejecutivo y eliminando la autonomía de los gobiernos locales.
Bajo la excusa de la ineficiencia local para gestionar los residuos sólidos, el gobierno ha creado esta entidad que asume el control total sobre la gestión de desechos en el país. Muchos hemos cuestionado constantemente, ¿por qué no reforzar las capacidades de los municipios en lugar de quitarles una de sus funciones clave? La respuesta parece obvia: el objetivo no es mejorar la gestión de residuos, sino eliminar cualquier posibilidad de que los gobiernos locales puedan actuar de manera independiente.
Sobre el debilitamiento sistemático del municipalismo tenemos varios episodios recientes. La eliminación del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) y del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) fueron golpes fulminantes a la estructura de apoyo con la que los municipios podían acceder a recursos y asistencia técnica. Estas instituciones, a pesar de sus defectos, garantizaban que los municipios más pequeños y con menos ingresos pudieran desarrollar proyectos de infraestructura y servicios básicos. Ahora, esa capacidad ha sido absorbida por la Dirección de Obras Municipales (DOM), una entidad que, al igual que la reciente ANDRES, centraliza las decisiones en el gobierno nacional.
La reestructuración territorial, que redujo los 262 municipios a 44, fue quizás el más grave y severo episodio en el proyecto ultra-centralizador. Hasta hoy no se conocen los famosos “estudios técnicos” que sustentaron esa reforma que no fue consultada con las comunidades ni con los alcaldes. Fue una decisión tomada desde la argolla cerrada, pero sus implicaciones han demostrado ser profundas: menos municipios significan menos autonomía local, menos representación cercana y un mayor control desde arriba. Los gobiernos locales han sido tradicionalmente la primera línea de respuesta para los problemas comunitarios, desde el mantenimiento de calles hasta la recolección de basura. Precisamente la atribución que comenzará a borrarse a través de la nueva ANDRES.
El mensaje que promueve el oficialismo es claro: los gobiernos locales ya no tienen la capacidad de actuar por sí mismos. Ahora dependen de la generosidad del Ejecutivo para acceder a los fondos y llevar a cabo las obras que antes gestionaban de manera más autónoma. ANDRES, al igual que la DOM, no es más que otro brazo del gobierno central que se apropia de competencias municipales, debilitando aún más la voz de las comunidades.
Este fenómeno es preocupante porque se disfraza de eficiencia y modernización, pero esconde los elementos más evidentes de la doctrina antidemocrática del bukelismo. Su retórica sugiere que solo el gobierno central puede resolver los problemas a través de instituciones omnipresentes, mientras que las administraciones locales son vistas como entes obsoletos, corruptos o incapaces.
Lo que hemos presenciado es la sistemática destrucción de las estructuras que permitían que los municipios tuviesen un mínimo de independencia. El gobierno de Bukele ha dispuesto de todo el aparato público para centralizar no solo las grandes decisiones jurídicas y económicas, sino también los aspectos más cotidianos de la vida de la gente. Por eso en lugar de ser una oportunidad para mejorar la gestión de residuos, ANDRES es un paso más en el desmantelamiento del municipalismo en El Salvador. Lejos de ser una solución a un problema real, es parte de un proceso mayor de concentración de poder en el Ejecutivo. La autonomía de los gobiernos locales, que tanto trabajo comunitario y académico había costado, está siendo sacrificada en el altar de un centralismo que cada vez deja menos espacio para la disidencia y la diversidad en la gestión del país.
ANDRES viene cargando consigo todas las deudas pendientes de un país que dice ir para adelante pero que marcha precipitosamente en reversa. Si la semana pasada, al recibir el mensaje de texto, ANDRES realmente pudiera haberlo leído, la respuesta sensata habría sido: “No necesitamos que llegués a ninguna parte. Necesitamos que el Ejecutivo haga bien su trabajo, que lo haga con democracia y transparencia, y que fortalezcan a las alcaldías para que al fin empiecen a hacer el suyo”.
Analista político.