La lucha contra la corrupción es la lucha por la defensa de los más vulnerables de la sociedad. Si las iglesias cristianas han llegado a comprender plenamente el sentido de las buenas nuevas de Jesús y sus implicaciones, su responsabilidad en ese esfuerzo resultará bien claro. En un país como El Salvador, en donde una inmensa mayoría manifiesta ser creyente, la influencia de las iglesias resulta clave para sensibilizar, crear conciencia y organizar en torno al tema. Las iglesias pueden hacer propuestas de nuevas disposiciones legales y de cambios en los procedimientos gubernamentales para mitigar la corrupción. Pero, si bien esos elementos son necesarios, no producirán mayores resultados sin la presión de la sociedad civil organizada.
La presión social es el elemento más importante en la lucha contra la corrupción. Cuando la ciudadanía renuncia a su derecho a exigir un buen manejo de sus impuestos, amplía el espacio para la corrupción. La norma es que, a mayor participación ciudadana en la administración de los fondos públicos, menos posibilidades para los malos manejos. Y, a la inversa, a menor participación ciudadana, más oportunidades para la corrupción.
Un ejemplo bastante conocido de este axioma, lo constituye la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Desde 1989 la municipalidad adoptó la práctica de lo que se ha llamado un «presupuesto participativo». En pocas palabras, la iniciativa consiste en un proceso de democracia participativa que involucra a muchos ciudadanos en el debate y la toma de decisiones relacionadas con los fondos municipales. Es un instrumento efectivo para promover una mejor distribución de los recursos de la ciudad, favoreciendo al sector de la población que se encuentra en peor situación económica. La iniciativa ha mejorado el desempeño gubernamental en lo relativo a la prestación de servicios a los ciudadanos, incrementando la eficiencia de la gestión pública. Y, lo que tiene que ver con nuestro tema, ha logrado una notable reducción de las prácticas corruptas y de clientelismo.
Al reducirse la corrupción y enfocarse los impuestos donde más se necesitan, los grandes beneficiados han sido los pobres de la ciudad. Por ejemplo, el Banco Mundial informa que la proporción de hogares en la ciudad con agua y alcantarillado subió del 75 al 98% justo durante la primera década del programa. El presupuesto participativo ha sido considerado un ejemplo por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas otras ciudades lo han adoptado en Brasil, España, Francia, Sudáfrica y otros países latinoamericanos. La experiencia de Porto Alegre es una inspiración para desarrollar diversos tipos de procesos participativos concretos relacionados con cuestiones presupuestarias y toma de decisiones gubernamentales. Para más información sobre la experiencia de Porto Alegre, se puede consultar el sitio del Banco Mundial y buscar dentro de él el documento: «Participativo en Porto Alegre».
Pastor General de la Misión Crisiana Elim.