Por En la toma de posesión de una reelección presidencial prohibida por la Constitución de la República, el ciudadano Bukele en su discurso a sus seguidores que desde la Plaza Barrios le vitoreaban entusiasmados, les anunciaba que tras haber convertido el país en el más seguro de América, en este período mejoraría la economía, y les pidió jurar que no protestarían por la medicina amarga que les recetaría. Juraron, sin entender que serían ellos quienes sufrirían con la medicina amarga, aunque tal vez algunos pensaron que aumentaría los impuestos para que los millonarios pagaran lo que les correspondía, para beneficio de los pobres.
En septiembre anunció como algo histórico, que el presupuesto 2025, perfectamente financiado, no tendría reformas ni necesitaría préstamos, lo que era un mensaje para los organismos internacionales y tenedores de bonos, para mejorar su imagen y conseguir el tan ansiado acuerdo con el BID que sanearía las maltrechas finanzas públicas. Una manera de demostrar su disposición a quitar la grasa del estado, para mejorar la situación fiscal.
Pronto sus seguidores entendieron que la grasa del estado, no eran los personajes que trabajan con grandes sueldos para engrandecer la figura de Bukele, nacional e internacionalmente, alabando su estilo de gobierno, sus megaproyectos imaginarios que son parte del millonario presupuesto de CAPRES. La medicina amarguísima que el pueblo ingenuo juró aceptar sin protestar ni quejarse, ni manifestarse gracias al Régimen de Excepción, se la tomarían ellos mediante los despidos de miles de empleados en las diferentes dependencias del gobierno.
Cientos de servidores públicos recibieron carta indicándoles que ya no se presentaran porque su plaza había sido suspendida. Sin ninguna explicación, ni derecho a la indemnización que la ley establece, de un mes de sueldo por año trabajado. Se conformarán con recibir la indemnización que el funcionario decida, y si no le parece, es lo que hay. Olvídense que hay un Ministerio de Trabajo, siempre listo para investigar y multar a cualquier empresa del sector privado, por la denuncia anónima de cualquier trabajador. Aquí el Ministro del ramo obedece al presidente.
Otras modalidades para deshacerse de miles de trabajadores, son el retiro “voluntario” por razones de edad, supresión de la plaza o desaparición de la institución como INSAFORP, DIGESTYC y otros. Mal trato a profesionales de la salud para obligarles a renunciar, suprimir en presupuesto el escalafón para docentes, que no les había sido reconocido desde hace 3 años, y de los médicos y personal de salud. Y las irresponsables justificaciones del Ministro de Hacienda, que los maestros no lo merecían. Se ha anunciado el despido de 4,000 efectivos de la PNC, después de años de servicio, arriesgando su vida y en condiciones inhumanas en sus lugares de trabajo, y con una indemnización miserable.
Es duro imaginar el impacto en miles de familias salvadoreñas, que dependían del sueldo de un empleado público desempleado y sin la indemnización a la que tenía derecho. La esposa pensando en la cuota de la casa, gastos de transporte, la inalcanzable canasta básica, medicinas porque no hay en los hospitales. ¿Qué les depara el futuro? Ni soñar con conseguir otro trabajo, ya que NI ha ahuyentado la inversión extranjera y las empresas establecidas están haciendo milagros para mantener a su personal. Triste despertar de los que creyeron en otra de las mentiras de Bukele. ¿Cómo explicar a los niños que en la cercana Navidad, no habrá regalos, ni chompipollo, ni estreno porque a papá le quitaron el trabajo? ¡Qué sensación de impotencia al considerar que los funcionarios bukelistas disfrutan de $40,000 mensuales, muchos sin las aptitudes que demanda el cargo! ¡Que Dios acompañe a tantos hogares víctimas de la medicina amarga!
Maestra.